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La kirchnerista Nora César, presidenta de la comisión de Legislación Penal, explicó que la norma que "modifica el capítulo del Código Penal referido a los delitos contra el honor" es "una obligación que pesa sobre el Estado argentino".
A su turno, la kirchnerista Diana Conti recordó que la CIDH "condenó al Estado argentino en 2008" por el caso de Eduardo Kimel, un periodista condenado en forma penal y civil ante una denuncia efectuada por un juez, y destacó que en el país ya se derogó el delito de desacato, como consecuencia de la acción del CELS y el periodista Horacio Verbirtsky.
La diputada señaló, además, que la ley no protege a los funcionarios públicos y que en realidad les "exige una mayor tolerancia", al tiempo que indicó que no solo saca la pena de prisión y solo aplica multas cuando se comprueba una actuación con "real malicia".
La radical Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, se quejó de que el oficialismo desoyera a la oposición y que no hubiera tomado en cuenta trabajos anteriores de la comisión que preside.
"Otra vez estamos frente a un proyecto del Poder Ejecutivo sin poder conformar ni enriquecer el texto, otra vez el oficialismo optó por el atajo", reseñó la legisladora porteña.
El proyecto de ley despenaliza los delitos de calumnias e injurias, y tuvo el pasado 13 de octubre dictamen favorable del plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación Penal de la Cámara Baja.
La propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo el mes pasado, elimina la posibilidad de considerar delitos de calumnias o injurias a las expresiones referidas a asuntos de "interés público".
De esa manera, elimina la posibilidad de cualquier acción destinada a limitar la libertad de expresión en el caso de investigaciones periodísticas vinculadas al manejo de la cosa pública.
El proyecto busca dar respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la Argentina adecue, "en un plazo razonable, el derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos", para garantizar "la seguridad jurídica" y "la libertad de expresión".
El fallo de la CIDH refiere, entre otros, al caso del periodista Eduardo Kimel, quien, en un libro sobre la llamada Masacre de San Patricio, investigó el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas "palotinos", ocurrido en julio de 976, en la última dictadura militar, en una iglesia del barrio porteño de Belgrano.
El periodista fue condenado, entonces, "a un año de prisión y sanciones patrimoniales" por haber criticado "el desempeño del juez interviniente" en la causa, en su investigación.
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