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"Nos llama la atención esta brutal respuesta contra más de setecientas familias que reclamaban tierras, dado que la represión nunca ha sido una política promovida por el gobierno nacional", añadió la entidad presidida por Estela de Carlotto. A su vez, el Movimiento Evita exigió una investigación que establezca "las responsabilidades materiales e intelectuales", incluidas las de la empresa Ledesma. "Reafirmamos la no represión de la protesta social, que desde el 2003 a esta parte ha sido política de Estado de nuestro Gobierno Nacional", agregó la organización en un comunicado.
El Frente de Organizaciones Independientes jujeñas, conformado por una docena de agrupaciones, condenó "la brutal represión con balas de plomo y el asesinato alevoso de cuatro personas, tres trabajadores, entre ellos integrantes de la Corriente Clasista y Combativa, junto a un joven policía". "En los hechos intervinieron policías uniformados, de civil y encargados de la seguridad privada de la empresa Ledesma", que "codirigieron la represión", aseguró el nucleamiento.
El sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) conducido por el estatal Pablo Micheli, que participó de la movilización a Plaza de Mayo y de la "jornada nacional de protesta y lucha", se manifestó en términos parecidos. Mientras el actual secretario general de la organización, el docente Hugo Yasky, exigió que "se terminen estos hechos" porque "enrarecen el clima político".
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) expresó su solidaridad "con el pueblo jujeño, con los familiares de las víctimas, los heridos y reprimidos", y señaló: "no podremos estar en paz si no son juzgados y condenados los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes".
A su vez, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) liderada por Luis D`Elía sostuvo que "la defensa de la propiedad privada de los Blaquier no merece que se derrame ni una sola gota de sangre argentina".
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