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Los polémicos fondos provenientes de la actividad minera entraron en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El Consejo Superior aprobó la incorporación al presupuesto de 3,47 millones de pesos, parte de las regalías distribuidas en todo el sistema universitario por la minera La Alumbrera, a través de la empresa Ymad y según dispone la ley 14.771.
Simultáneamente, después del debate entre los consejeros y ante las objeciones formuladas por los sectores académicos que denuncian la contaminación y la afectación de recursos naturales por la actividad minera “a cielo abierto”, el consejo resolvió formar una comisión especial para evaluar esa actividad.
El debate tuvo lugar en la sesión de esta semana, el miércoles pasado. A las 9, una columna de estudiantes, docentes y no docentes se concentraba en la puerta de Viamonte 444, en oposición a la incorporación de los fondos mineros. Al inicio de la discusión, primero se pronunciaron las voces de rechazo. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Federico Schuster, adelantó su voto negativo, tal y como lo decidió el consejo directivo de su facultad. Schuster fue quien sugirió la creación de una comisión ad-hoc de especialistas para analizar científicamente las actividades mineras, porque “el tema nos compromete con la falta de asunción de un debate que hay que dar como universidad”.
Por la negativa se volcaron también las dos minorías estudiantiles, los consejeros Mariano Blumenfeld (Cullen) y Mariela Solesio (PO), quien además presentó un proyecto alternativo, elaborado por docentes y estudiantes de varias facultades: allí se detallaban los insumos de recursos naturales requeridos por La Alumbrera, el procesamiento de uno de sus directivos por contaminación y las diversas denuncias presentadas por ciudadanos contra la minera, para terminar llamando a rechazar los fondos. Los consejeros alumnos por la mayoría se encontraban ausentes.
Durante la discusión se observaron las diferencias planteadas entre las ciencias sociales, con una posición contraria al ingreso de los fondos, y de las ciencias duras, que fundamentan su postura favorable en que “hacen falta estudios técnicos, porque toda actividad humana genera contaminación”, como planteó el decano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Rosito. Después, Jorge Aliaga, decano de Exactas, destacó que es por ley que se prevé la asignación de las regalías de Ymad al sistema universitario y recordó que “en un principio los fondos fueron para la creación de la ciudad universitaria de la Universidad de Tucumán”. Luego apoyó la creación de la comisión propuesta por Schuster para elaborar “conclusiones técnicas” sobre el impacto ambiental que genera la actividad. Salvo los casos señalados, todos los votos fueron positivos. Hubo una abstención, del consejero graduado Pablo Pazos, quien adujo su condición de geólogo y dijo que “no podía ir en contra de una ley nacional”.
A través de una carta, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel repudió “fuertemente la decisión tomada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, de aceptar ese dinero manchado de sangre”, ya que “la empresa minera Alumbrera Ltd., que explota el yacimiento, está actualmente procesada por delito ambiental por la Cámara Federal de Tucumán, imputada por tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio y torio, e investigada por lavado de dinero”.
Los fondos generados por el yacimiento Bajo La Alumbrera, ubicado en Catamarca, llegaron por primera vez al sistema universitario nacional el año pasado (50 millones de pesos) y se reiteraron este año (36,9 millones). Las partidas fueron aprobadas y distribuidas por el Consejo Interuniversitario Nacional. Pero luego recibieron el rechazo de algunas unidades académicas –como dos facultades y una escuela de la Universidad de Córdoba, otras unidades académicas de las universidades de Salta y la Patagonia SJB, además de Sociales de la UBA–, así como de grupos de profesores y estudiantes.
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