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Ante la política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de vedar la continuidad de sus docentes mayores de 65 años –cuando la ley les concede el derecho a optar por trabajar hasta los 70–, la Facultad de Ciencias Sociales ya presentó su rechazo a esta medida, esta semana reforzó su posición con un debate sobre el conflicto y hoy ofrecerá su sede Constitución para un acto mayor: la “clase magistral” que a partir de las 19 realizarán los profesores afectados por la jubilación compulsiva. La voz de Sociales no surge de un mero acto crítico. Es, en los hechos, la unidad académica más amenazada por los retiros forzosos: de los 650 profesores afectados en toda la universidad, 180 se desempeñan en Sociales. Según las autoridades de la facultad, en caso de avanzar la política del Rectorado, cerca del 20 por ciento de las cátedras de Sociales quedarían desmanteladas. “El impacto de una medida como esta resultaría dramático”, sostuvo el decano Sergio Caletti.
Convocado por la Cátedra libre de Trabajo Decente, el debate sobre el conflicto por las jubilaciones se realizó anteayer y tuvo como particularidad el haber reunido a dirigentes de los tres gremios docentes con actividad en la UBA, junto a Caletti. Daniel Ricci, de Aduba (Fedun); María Inés Vignoles, de Feduba (Conadu), y Santiago Gándara, de AGD (Conadu Histórica), compartieron, no sin matices, una misma expresión: defender el derecho a opción consagrado por la ley 26.508 sancionada en 2009 por el Congreso nacional. Los sindicatos buscarán en adelante propulsar el reclamo hacia ámbitos extrauniversitarios y, según se propuso en el debate, llevar en los próximos días una presentación conjunta al Ministerio de Trabajo.
“La posición de la facultad es estar a favor de la aplicación de la ley –anunció Caletti, al comenzar el debate–. A favor en el doble sentido, en una mirada crítica que implica la revisión de un largo pasado en el que tanto la facultad como la universidad han sido más que laxas en la observación de la norma, y también, antes que nada, en defender lo que la ley garantiza.” Para el decano de Sociales, la posición del Rectorado conlleva “una distorsión en el entendimiento de la autonomía universitaria”, ya que “no puede implicar la negación de una norma superior. Ahí, más que un criterio de autonomía, hay un criterio de un mundo aparte, de un mundo escindido”, dijo. “El Rectorado hace una interpretación de la norma técnica y jurídicamente discutible, y es desde esa situación que hay dos bibliotecas, un punto de controversia de entrada.”
También los dirigentes sindicales apuntaron contra cierta concepción de la autonomía universitaria. “La UBA esgrime su autonomía con un criterio totalmente arbitrario”, consideró Vignoles. “La autonomía es académica, no es para hacer cualquier cosa”, manifestó Ri-cci. “La autonomía no es una patente de corso para hacer lo que se te ocurra”, coincidió Gándara. “Lo que hay que discutir –según Ri-cci–, es el grado de precarización de la relación laboral en la UBA y en muchas universidades públicas en nuestro país.”
“La ley 26.508 se promulgó en un contexto de ampliación de derechos, en un contexto en el que nadie pierde derechos. Y en esto no hay dudas, la ley no debe interpretarse, sino cumplirse”, dijo Ricci. Aquí Gándara se desmarcó: “Hemos conquistado la ley en un contexto que yo veo diferente, se logró a partir de una enorme movilización de los docentes universitarios de todo el país”. Y Vignoles agregó: “Nos llevó 25 años de lucha a los trabajadores docentes, y se ha convertido en un logro y una bandera que no estamos dispuestos a entregar”.
Por su parte, Caletti dedicó un párrafo a la dimensión del conflicto en su facultad: “Si uno mira el mapa de los profesores de la casa, hay un gran número en la copa, se adelgaza en el centro y comienza a ensancharse otra vez en la base, que es la de aquellos que optaron por una carrera académica a partir del regreso de la democracia. El panorama en ese sentido es el de una facultad a mediano plazo fortalecida en su elenco docente, pero en los próximos años podríamos atravesar el momento más delgado de nuestra capacidad institucional para mantener una cierta oferta, una cierta excelencia”.
“Lo único positivo que podemos sacar es lo que se pone en discusión –reposó Ricci–. Hay que discutir cuál es la relación de empleo que tenemos los trabajadores docentes, hay que discutir por qué hay docentes que llegan a los 65 años como interinos, hay que discutir la regularización de toda la planta docente, revisar las estructuras de cátedras, que hacen casi imposible el ascenso.” Para Gándara, el conflicto “desnuda la brutalidad, las condiciones de precariedad laboral, la falta de política académica, el descabezamiento de cátedras enteras, y un último punto que excede a la UBA, que es la cuestión presupuestaria”.
En tanto, Vignoles destacó “la importancia de los pronunciamientos y resoluciones que han tomado los consejos directivos de las facultades de Filosofía y Letras y de Sociales”. Y llamó a “lograr que estas actitudes sean imitadas por el resto de las unidades académicas”. Por último, Caletti advirtió: “Debemos seguir peleando por la mayor gradualidad posible” de la medida dispuesta por el Rectorado “y en el transcurrir de esa gradualidad juntar fuerzas para modificar en alguna medida su dirección”.
Informe: Agustín Saavedra.
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