Trabajar en la Universidad Nacional de Rosario significa trabajar en un ambiente donde el porcentaje de mujeres y varones es similar (47 por ciento varones y 53% de mujeres). Sin embargo rápidamente esa paridad muestra su faceta de inequidad. Por ejemplo, si se atiende a los cargos jerárquicos se puede apreciar a primera vista que son abrumadoramente ocupados por varones. El techo de cristal se extiende a otras universidades nacionales y al CIN ‑Consejo Interuniversitario Nacional‑ que es el órgano de coordinación de políticas y estrategias de desarrollo universitario, arrojando la significativa cifra de cero mujeres entre sus autoridades.
Por otra parte, hoy nos encontramos frente a una nueva jornada de intensas actividades con motivo de un nuevo Día Internacional de la Mujer, en esta oportunidad como el año pasado reeditará el Paro Internacional de Mujeres que tiene como objetivo elemental visibilizar la enorme carga laboral que recae en las mujeres en un sistema patriarcal. Por ello, este jueves 8, la UNR verá afectada su cotidianeidad porque tanto el gremio de docentes COAD como el que nuclea a las compañeras no docentes, APUR, nos hemos plegado a la medida de fuerza.
El movimiento de mujeres fue parido en las calles, al calor de las luchas de las sufragistas y las anarquistas primero y de las feministas de la segunda ola después, quienes se sublevaron no solo contra las injusticias del sistema capitalista sino también del patriarcado, poniendo sobre la mesa una de las consignas con mayor vitalidad de la historia del siglo XX: "lo personal es político".
Con renovado impulso, el movimiento de mujeres en Argentina ha ganado en protagonismo y visibilidad, hecho muy fácilmente constatable en el #NiUnaMenos del 3 de junio del 2015, que para muchas significó un punto de inflexión. Y es que el movimiento de mujeres es no sólo expresión de la lucha por más dignidad y equidad, sino que es una puesta en acto frente a la violencia de género, una violencia sistémica que nos oprime y nos mata. En ese sentido, y como es de público conocimiento, la Universidad no es ajena a esas violencias machistas y patriarcales y ha sido escenario de repetidos y escandalosos casos de acoso y/o abuso en sus aulas y pasillos, que involucran tanto al claustro docente, al no docente como al estudiantil. Por ello, y durante el transcurso del año 2017, desde el Área de Géneros de nuestro gremio hemos convocado a distintas referencias de la ciudad para elaborar un Protocolo para la Atención de Situaciones de Violencia sexual y discriminación basada en el género en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario. Dicho texto fue presentado para su tratamiento al Consejo Superior en el mes de agosto del año pasado y aún estamos esperando una respuesta.
La Universidad Nacional de Rosario debiera ser un actor fundamental en la construcción de una sociedad libre de violencias sexistas y para ello es necesario poner en marcha estrategias integrales destinadas a prevenirlas, pero también a sancionarlas en tiempo perentorio, así como reparar los derechos vulnerados por las mismas. Finalmente, es necesario invertir un presupuesto específico para sostener una política eficaz de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Hoy en día, la UNR es una de las pocas Universidades del país que aún permanece sin un marco regulatorio en esta clave, hecho que se agrava aún más teniendo en cuenta la cantidad de denuncias que se reciben semanalmente en las unidades académicas que cuentan con Procedimientos para la Atención de la Violencia de Género, el Acoso Sexual y la Discriminación de Género, hasta el momento en funcionamiento en las facultades de Humanidades y Artes, Derecho, Ingeniería, Psicología y Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que están en pleno funcionamiento y que no obstante requieren de un marco regulatorio mayor y fundamentalmente una política de prevención sistemática y persistente.
Por ello, y porque ya nos hemos cansado de reclamar al señor Rector Héctor Floriani y al Consejo Superior, por todos las vías posibles, la urgencia en el tratamiento del proyecto que hemos presentado, desde la COAD creemos que cualquier dilación en los tiempos para la aprobación del protocolo es una falta de compromiso con los derechos humanos de las mujeres y eso -en este contexto de avance en derechos y conquistas- es sencillamente retardatario, para no decir reaccionario.
