Como respaldo al reclamo de la reparación de desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas de las que son víctimas, la Defensoría del Pueblo bonaerense adhiere al Paro Internacional de Mujeres convocado para el 8 de marzo, y reclama la urgente elaboración y cumplimiento de políticas públicas por parte de los poderes del Estado.
“Nos sumamos al reclamo para mejorar el acceso al empleo formal, la lucha contra la violencia de género, el acceso a la tierra y la vivienda, además de una mejor salud sexual y reproductiva para las mujeres y la población travesti y trans. Para que podamos avanzar hacia una sociedad inclusiva e igualitaria”, expresó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
En este marco, el organismo puso el foco en la necesidad de mejorar las posibilidades de acceso al trabajo formal para aquellas mujeres que día a día mantienen un trabajo invisibilizado como son las tareas vinculadas al cuidado de la vivienda y la familia.
“No ser parte del trabajo formal tiene como consecuencia directa la falta de independencia económica y la falta de una jubilación para quienes llegan a la vejez”, agregó el defensor.
Frente a esto se reclama al Estado provincial el diseño de políticas que reconozcan las tareas de cuidado que desarrollan las mujeres, atendiendo principalmente a la mejora de la infraestructura social (incluyendo transporte y vivienda) y a la creación de lugares públicos para el cuidado de niños, niñas y adultos mayores.
En cuanto a la violencia de género, la Defensoría planteó que es necesario un abordaje integral sobre estas situaciones, y se deben contemplar mecanismos para el seguimiento de las mujeres víctimas de estos episodios.
Por ello, los poderes del Estado deben impulsar importantes reformas que permitan mejorar el abordaje sobre la diversidad de las problemáticas mencionadas y en especial sobre los crímenes de odio y las situaciones de discriminación.
Otra falta a resolver de manera urgente es el abordaje en los casos de desaparición de mujeres, los cuales algunos terminan en femicidio. El Estado debe tomar seriamente estos hechos y desplegar con la mayor celeridad un sistema de búsqueda.
Debe conformarse un programa con un equipo especializado, acompañar a la familia, y garantizar la integridad de la mujer víctima, la cual puede ser estigmatizada por su condición social, etaria o nivel educativo.
