Una nota de Clarín dejó al descubierto el atropello que significa el desplazamiento de fiscales en la órbita de la Procuración General de la Nación. “Con bajo perfil, el procurador general interino, Eduardo Casal, comenzó a sacar de cargos clave del ministerio público a fiscales claramente alineados con el kirchnerismo y a reemplazarlos por otros de perfil profesional” dice el artículo, como si kirchnerismo y profesionalismo fueran características antagónicas.
El Ministerio Fiscal es un órgano autónomo funcional y financieramente que tiene como función primordial promover la actuación de la Justicia en Defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velando por la vigencia de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (Ley 27.148). El Procurador General de la Nación es el Jefe, y para cumplir con esa función dictamina en las causas que llegan a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los miembros de Ministerio deben ejercer sus funciones con independencia y no sujetar sus acciones a directivas de órganos o poderes ajenos. La ley no exige que no tengan ideología, sino que sean independientes del poder político de turno.
Los Magistrados del Ministerio Público sólo pueden ser removidos de sus cargos por un Tribunal de Enjuiciamiento y por las causas previstas en la propia ley , entre las que no se encuentra obviamente, su ideología política. Como ello no se verifica, el procurador interino “los desplaza” hacia otras dependencias. Tomemos un caso reciente. El fiscal Félix Croux fue desafectado de su cargo de titular de la Procuradoría contra la Violencia Institucional. Eso no puede analizarse sino a la luz de las actitudes asumidas por el poder político ante hechos de público conocimiento, protagonizados por miembros de las Fuerzas de Seguridad y de Control Fronterizo. Basta recordar las declaraciones del Presidente Mauricio Macri en el caso Chocobar, en el que desde la más absoluta ignorancia jurídica criticó la decisión de 4 jueces (el de primera instancia y los tres de la Cámara de Apelación), que dictaron el procesamiento del policía en cuestión. En el caso de la muerte de Santiago Maldonado y el de Rafael Nahuel, la actuación cuanto menos dudosa de parte de Gendarmería y Prefectura fue avalada en forma incondicional por el Gobierno Nacional.
Otro caso. La fiscal Cristina Caamaño fue desplazada de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Antes de ocupar ese cargo, era la responsable del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones –que tenía el control de las escuchas telefónicas– a cuya conducción renunció cuando fue vaciado de contenido por el Poder Ejecutivo, al transferirse sus funciones a la órbita de la Corte Suprema a través de un DNU. Cristina Caamaño fue la fiscal a cargo de la investigación del homicidio de Mariano Ferreyra, y su actuación fue fundamental para el esclarecimiento del hecho.
Se destaca en la nota citada que el procurador interino habría suprimido los cargos de fiscales coordinadores de secciones judiciales creados por Alejandra Gils Carbó. “Dos de los estos estaban a cargo de esas fiscalías eran Enrique Senestrari y Daniel Adler, también miembros de “Justicia Legítima”. Claramente no fue la profesionalidad sino la ideología de los fiscales el parámetro para decidir su desplazamiento.
El gobierno busca tener el camino allanado, no sólo para su política de persecución judicial contra quienes considera sus enemigos políticos, sino también para el uso de los métodos represivos con los que disciplina la protesta social. Y en ese contexto “desplaza” a funcionarios de carrera, defensores del Estado de Derecho so pretexto de buscar “mayor profesionalidad”, cuando en realidad lo que persigue es “mayor afinidad” y sujeción a sus propósitos, independientemente de su legalidad o ilegalidad.
El Estado de Derecho implica un Poder político que se sujeta a las normas jurídicas en vigencia y un Poder Judicial y un Ministerio Público no desideologizado, sino independiente del poder político de turno, como intérprete de esas normas. Si la ideología política de los funcionarios es el parámetro para medir su profesionalidad, el Estado de Derecho está en serio riesgo y, en consecuencia, la sociedad toda está indefensa.
* Abogada.
