Cristina Kirchner presentó ayer su primer proyecto de ley como senadora por la provincia de Buenos Aires. Se trata de una iniciativa para prohibirles a los funcionarios públicos que tengan participación en paraísos fiscales con el objetivo de “ponerle un freno al festival de sociedades offshore en que se ha convertido el gobierno de Cambiemos”, según las palabras de la ex presidenta.

El proyecto, que busca modificar la ley de Etica Pública e incorporar una serie de prohibiciones y sanciones para los funcionarios públicos, destaca que “como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales –la mayor parte de este dinero no está declarado–, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI)”. En sus fundamentos, la senadora sostiene que “más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias”. En ese sentido, el hecho que aparece como detonante es la designación al frente de la AFIP de Leandro Cuccioli, “un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva, que tiene toda su plata en el exterior”, en la explicación de CFK.

Cristina Kirchner enumeró los distintos funcionarios que resultaron implicados en los “Panama Papers”, entre los que se encuentran el presidente Mauricio Macri, el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el intendente de Vicente López y primo del Presidente, Jorge Macri. Al respecto, la senadora agregó que “no existe andamiaje justificatorio que explique satisfactoriamente los motivos por los cuales los principales funcionarios del gobierno, desde el Presidente hacia abajo, operan cuentas de dinero y sociedades en guaridas fiscales”. 

La iniciativa de CFK fue rápidamente replicada en la Legislatura porteña por el legislador de UC Leandro Santoro y en la Cámara baja por la diputada Alejandra Rodenas, quien presentó un proyecto relacionado con la ética pública y los principios que deben regir la gestión de un funcionario público.