Otra vez detenciones sin juicio, sin siquiera una indagatoria, sin peligro de fuga y con un burdo argumento de que se podría entorpecer la investigación de hechos ocurridos hace tres años. Justo la detención de un ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), precisamente cuando el gobierno polemiza con la UIA. Esta vez el foco está en Río Turbio. La acusación es porque a finales de 2015 se le pagó un adelanto de 50 millones de pesos a la empresa de Juan Carlos Lascurain, Fainser S.A., para la repavimentación de la ruta que llega a la mina de carbón. En ese tramo de siete kilómetros se produjeron –y producen– muchos accidentes por el estado del pavimento. Toda la obra costaría más de 300 millones de pesos y el adelanto fue del 15 por ciento, destinado a que la empresa empezara a contratar personal, comprar la maquinaria, los materiales. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2015 Cambiemos asumió el gobierno nacional y nunca respondió si continuaría con la obra, ni comprometió financiamiento para completar los trabajos. Es decir, que la ruta no se repavimentó por resolución del macrismo, no por una defraudación de Lascurain ni por resoluciones de Yacimientos Carboníferos (YCRT) o del municipio de Río Turbio. A esto se agrega que había un seguro contratado para recuperar los 50 millones y ese seguro estaba a nombre de YCRT, también administrado por Cambiemos. 

Por la causa de la llamada Ruta de los Mineros fueron detenidos el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, que había sido interventor de la mina; el empresario Lascurain y el ex gerente de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Miguel Larregina. Al mismo tiempo se pidió el desafuero del diputado Matías Mazzú, ex intendente de la ciudad. Las indagatorias en el juzgado de Luis Rodríguez continuaban anoche y el magistrado había aceptado las prisiones pedidas por el fiscal Carlos Stornelli, un aliado del gobierno de Cambiemos y ex jefe de Seguridad de Boca Juniors durante la presidencia de Mauricio Macri. 

Los hechos podrían resumirse en la siguiente secuencia:

  • En 2012, el gobierno nacional, el municipio de Río Turbio y la empresa de la mina de carbón, YCRT, firmaron un convenido para hacer numerosas obras de mejora para los vecinos. Todo se produjo en el marco de la intención del gobierno nacional y del gobierno de Santa Cruz de reactivar la mina, que tiene reservas de carbón por unos 400 años.
  • En 2014 se firmó una adenda para repavimentar la ruta que une a la ciudad de 28 de noviembre con Rio Turbio. Con fondos del Ministerio de Planificación, asignados a YCRT, se haría la obra, dado que era la ruta usada por los mineros y porque se producían numerosos accidentes. 
  • El municipio convocó la licitación y firmó el contrato, porque ejercería el control de la obra. Los fondos provendrían del ministerio de Planificación, pero canalizados a través de YCRT.  
  • La licitación fue ganada por Fainser, la empresa de Lascurain. Tres compañías compraron los pliegos, entre ellas una de Lázaro Báez, pero finalmente se presentó sólo Fainser, que ya estaba haciendo trabajos en la mina.
  • En noviembre de 2015 se pagó el anticipo de 50 millones de pesos, en tres facturas presentadas por la empresa de Lascurain. El pago lo hizo YCRT y se constituyó una póliza de garantía a favor de YCRT por si la empresa no cumplía con el contrato. El resto de los pagos se harían desde el municipio cuando la empresa fuera presentando los certificados de obra. Los trabajos tardarían aproximadamente dos años. 
  • Cuando el 10 de diciembre de 2015 asumió el gobierno de Cambiemos, el nuevo intendente Pérez Osuna le preguntó a las autoridades de Cambiemos si continuarían con la obra. No hubo respuesta. En verdad nunca la hubo ni las autoridades del gobierno nacional exhibieron voluntad de seguir con los trabajos. El municipio necesitaba saber qué iba a pasar porque sin los fondos nacionales no se podría hacer la obra.
  • En junio de 2016, el intendente Pérez Osuna le mandó una carta documento al nuevo interventor de YCRT, Omar Zeidán, reclamándole una definición sobre la repavimentación. Además, señalaba que si la obra no se iba a continuar debía pedirse el reintegro de los 50 millones de adelanto ejecutando la garantía que estaba a nombre de YCRT, porque esa empresa fue la que pagó el adelanto. 
  • Tras el envío de esa carta documento, Omar Zeidán –interventor designado por Cambiemos– hizo la denuncia contra Lascurain, Pérez Osuna y los ex dirigentes del Frente para la Victoria. O sea, cuando quedó expuesto que Cambiemos no terminaba la obra ni se ocupaba de recuperar todo o parte del adelanto, Zeidán puso las cosas en manos de la justicia adicta.

Todo explotó esta semana: se realizaron las detenciones con el argumento de que se pagó un adelanto por una obra que no se hizo, pero sin decir que la obra no se realizó por decisión de Cambiemos y no se recuperó la garantía porque Cambiemos no la ejecutó.

Un punto controvertido de la causa es que el fiscal y el juez dicen que no había motivos para pagar un adelanto y que eso no figuraba en el contrato. Las defensas sostienen que, básicamente, el adelanto estaba en el pliego licitatorio. En su escrito, el juez menciona que en otra obra –la construcción de 30 viviendas– hubo un adelanto del 10 por ciento. En cualquier caso, todo estuvo facturado, bancarizado y con una garantía de por medio. 

Por supuesto que Lascurain se resiste a devolver la totalidad de los 50 millones de pesos porque considera que fue el Estado el que incumplió con el contrato y lo perjudicó: contrató personal, maquinaria, materiales y después la obra no se terminó porque no quiso la gestión de Cambiemos. O sea que incluso la devolución del adelanto es una cuestión controvertida.

Más allá del contenido del expediente, lo grave está en las detenciones. El abogado de Lascurain –el defensor oficial Gustavo Kollmann– y la abogada de Pérez Osuna –Laura Fechino– presentaron ayer pedidos de excarcelación. Otra vez se encarceló a personas sin juicio, sin una indagatoria, sin peligro de fuga y con un argumento burdo respecto de la obstrucción de la investigación. El juez argumenta que los imputados esconden documentación, entre otras cosas porque no presentaron los contratos originales. La defensa de Pérez Osuna afirma que esos contratos están en poder de YCRT, ahora administrado por Cambiemos. Y, según la letrada, el interventor Zeidán presentó fotocopia de los contratos, lo que significa que en la empresa que maneja están los originales. En el caso de Lascurain, su defensor dice que allanaron la empresa y su casa y no tiene otra documentación más que la que se llevaron. 

Bien mirado, las detenciones tienen que ver con la ofensiva contra la mina de Río Turbio y quebrar la resistencia al despido de los 500 trabajadores, encarcelando a un referente de la zona como es el intendente Pérez Osuna. El trasfondo está en que quieren cerrar la mina. 

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