Donald Trump le puso la firma ayer, finalmente, a la norma que fija aranceles del 25 por ciento a la importación de acero y del 10 por ciento al aluminio, exceptuando a sus dos socios del NAFTA, Canadá y México, de sus alcances. El presidente de Estados Unidos anticipó, al mismo tiempo, que “otros países” también podrían ser beneficiados con la exención. “Vamos a ser muy flexibles, pero no vamos a dejar de proteger a nuestros trabajadores”, advirtió. La imposición de barreras al comercio generó un amplio abanico de críticas desde el exterior pero también un intenso debate interno, al punto de llevar a la renuncia a uno de los principales asesores de Trump, en desacuerdo con la medida. La agencia Moody´s reaccionó advirtiendo que la decisión del gobierno estadounidense podría desatar una guerra comercial y medidas proteccionistas en cadena, que le podrían costar a la economía norteamericana la pérdida de 150 mil puestos de trabajo.
Los aranceles a la importación de acero y aluminio estarán en vigencia en un plazo de 15 días. El gobierno promete utilizarlo como una herramienta de premios y castigos. Por la mañana, Trump afirmó ayer que los aranceles serán “muy justos” y se aplicarán con un amplio grado de flexibilidad “con aquellos países que hayan mostrado ser verdaderos amigos” de Estados Unidos. Además, condicionó el beneficio de exención a México y Canadá a que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte avance en un sendero satisfactorio para la Administración Trump. Canadá es el principal socio comercial de EE.UU. y, además, principal proveedor de acero externo del país. Detrás se ubica China, el principal objetivo de la medida de Donald Trump.
El mandatario republicano había prometido, en la campaña a la presidencia, que iba a aplicar una política de protección a los trabajadores del cinturón industrial del país, castigados –según consideró– por la política de las grandes corporaciones manufactureras estadounidenses de instalar sus plantas en el exterior para enviar el producto terminado a América del Norte. Además, cuestionó las facilidades que otorga Estados Unidos al ingreso de productos extranjeros, especialmente de origen asiático. Pero esta semana, la retórica pasó a los hechos con la imposición de aranceles a dos insumos esenciales de la actividad económica: el acero y el aluminio.
El anuncio de la medida, esta semana, provocó sin embargo que uno de sus principales asistentes, el asesor en asuntos económicos Gary Cohn, tomara distancia al punto de presentar su renuncia. Defensor del libre comercio, Cohn eligió alejarse antes de asumir el costo que iba a tener la medida en la relación con los socios comerciales de Estados Unidos.
En la justificación de la medida, la Casa Blanca manifestó que “la declinación de la producción de acero y aluminio derivó en la pérdida de puestos de empleo para sacrificados trabajadores estadounidenses, en industrias críticas para nuestra seguridad nacional y el bienestar económico”. Precisamente, la decisión del Ejecutivo de imponer aranceles se ampara en una ley que permite tomar esos cursos de acción en defensa de la seguridad nacional.
Trump indicó que estos próximos quince días, los que median hasta la puesta en práctica de la suba de aranceles, servirán también “para ver quién nos está tratando de manera más justa y quién no”. Indicó, en tal sentido, que el porcentaje se podría modificar para otros países, como Australia, al que calificó como un “compañero a largo plazo”. Y también hizo una referencia al beneficio condicionado de exceptuar a los dos países limítrofes de la aplicación de los nuevos aranceles en lo inmediato. “Tengo la impresión de que vamos a alcanzar un acuerdo sobre el Nafta (para modificar los términos del actual Tratado de Libre Comercio): si lo logramos, no habrá aranceles para Canadá y México”.
