La Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional confirmó el procesamiento contra Mariana Gómez, la joven que fue detenida durante casi 8 horas en octubre del año pasado en el Centro de Trasbordo del Subte C, cuando se encontraba junto con su esposa Rocío Girat. Los jueces confirmaron los cargos de "resistencia a la autoridad", por negarse a apagar un cigarrillo, y de "lesiones graves", por algunos raspones y la perdida de pelo que sufrieron dos oficiales de la Policía de la Ciudad durante el forcejeo para detener a Gómez, y minimizaron la denuncia de lesbofobia presentada por la acusada, quien aseguró que, en realidad, la policía avanzó sobre ella por besarse con su mujer. “Se presenta brutalmente desproporcionado detener a una persona por no apagar el cigarrillo. Sin dudas, es un fallo que atrasa”, lamentó el defensor adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella.
"Gómez originó la intervención policial y su respuesta fue violenta" sostuvieron los jueces al rechazar el pedido de revocatoria del procesamiento impuesto por jueza María Fontbona de Pombo, e insistieron en que "dando por sentada esa trasgresión, comprobamos que lo que empezó siendo un nimio conflicto alcanzó una dimensión desmesurada por la actitud desafiante de Gómez".
Según los jueces la transgresión cometida por Mariana fue la de fumar en un lugar público, prohibido por la ley 1799 de la Ciudad, y no apagar el cigarrillo cuando se lo pidió el empleado de Metrovías José María Pérez y luego el oficial Jonathan Rojo, quien posteriormente tuvo que "pedir auxilio" a la oficial Karen Villegas para arrebatarle el cigarrillo e impedir que siguiera fumando, hecho para el cual la propia ley porteña no prevé sanciones.
Lucini y Palazzo también ratificaron la imputación por "lesiones graves" en base al informe médico que, tras el forcejeo de los policías para detener a la fumadora, constató una lesión en la mano y la pérdida de un mechón de pelo que "sanaría en más de treinta días" en el caso de Villegas, y “traumatismo facial leve" y un raspón en la rodilla en el caso de Rojo. No hay referencias al accionar de la policía sobre Gómez, a quien según su esposa "le dijeron que de ahí no se iba; una mujer policía la agarró del cuello, la tiró al piso y Rojo se le subió arriba para esposarla, sin dejarla respirar".
Los jueces reconocen que una empleada de la Fundación Huésped testimonió y reconoció que "las vio antes de que se desencadenara el episodio" y que "había otros usuarios fumando en el lugar. Sin embargo nunca les habían dicho nada". Pero descartan la versión de las jóvenes que aseguran que el motivo por el cual avanzaron sobre ellas fue censurar sus besos antes de que Gómez siguiera viaje hacia su trabajo.
"Si bien la parte sostiene que Pérez y Rojo decidieron dirigirse a ellas por haberse percatado de su elección sexual y no aceptaban que se besaran (...) la razón invocada por la policía para actuar era legítima", sostuvieron los jueces.
El defensor adjunto de la Ciudad, quien al igual que el Colectivo para la Diversidad (COPADI) no fueron aceptados como amicus curiae en la causa, ratificó que "la ley de la Ciudad no prevé sanciones para los fumadores y el derecho penal debe intervenir como 'última ratio', y denunció "la desproporción entre la conducta de la mujer y la respuesta de los uniformados".
Otro aspecto del maltrato denunciado por la pareja de mujeres fue que la policía siempre trató a Gómez como un hombre, ignoraron su condición de casadas y les pidieron la libreta de casamiento.
A pesar de que Rocío había denunciado que en la comisaría de Boedo, donde estuvo hasta las 21, a Mariana "la hicieron desnudar para revisarle los genitales para ver si no ocultaba droga y después la encerraron", los jueces respondieron que "todo lo ocurrido con posterioridad a la detención de Gómez es materia de investigación".
"Todo beso es político, pero ningún beso heterosexual es reprimido", fue la consigna de los activistas por los derechos Lgbti que a principios de febrero había acompañado a Mariana y a Rocío al presentar la apelación. Ahora, la causa continuará en manos de la jueza Pombo.
