El Tribunal Supremo español denegó ayer la libertad al líder secesionista preso Jordi Sánchez para acudir el lunes al Parlamento catalán a la votación de su propia investidura como presidente del gobierno regional. En consecuencia, el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, postergó anoche, sin fecha fija, la votación de investidura como presidente de la región de Jordi Sánchez. Así, la decisión del Supremo extiende el bloqueo político en Cataluña. 

A pesar de la resolución, Torrent anunció que recurrirá la decisión de la Justicia española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, dijo que agotará todas las vías legales para defender los derechos de los diputados y la soberanía de la cámara, según informaron fuentes parlamentarias. 

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, basó su decisión en lo que considera un riesgo de reiteración delictiva por parte de Sánchez. El número dos de Junts per Catalunya (JxCat) está preso desde octubre de 2017 por instigar varias concentraciones y protestas que tuvieron lugar en septiembre en Barcelona y que estaban vinculadas con el referéndum soberanista que se celebró unos días después en Cataluña. El resultado positivo del referéndum llevó luego a la declaración unilateral de independencia de Cataluña. 

El magistrado rechazó liberar a Sánchez así como otorgarle puntualmente un permiso para acudir a su investidura, a pesar de que la defensa alegó que su voluntad y la de su grupo, JxCat, es respetar la legislación vigente.

Al denegar el pedido, el juez destacó que los delitos de rebelión o sedición por los que Sánchez está siendo investigado se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales. Por ese motivo, el acceso del líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC, una de las principales organizaciones independentistas) al cargo de Presidente regional supone una amenaza. 

Sánchez había sido designado candidato a la investidura la semana pasada después de que el primer aspirante, el ex presidente Carles Puigdemont, renunció ante la imposibilidad de que fuera elegido a distancia. Puigdemont continúa prófugo en Bélgica puesto que tiene una orden de detención en territorio español.

El magistrado señaló que Sánchez integra una candidatura electoral que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon. De esta manera, el juez se pronunció en línea con el argumento de la Fiscalía, que se opuso a cualquiera de las dos opciones: excarcelación o permiso penitenciario. Consideró que existe un evidente riesgo de reiteración delictiva, que se puede dar en el contexto político actual.

En ese sentido, la Fiscalía menciona el reciente pacto de gobierno alcanzado por las dos fuerzas independentistas mayoritarias, JxCat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde se estipula la continuación del proceso constituyente que termine con la constitución de la república.

De ahí que Llarena subraya que los elementos objetivos que configuran el riesgo de que Sánchez persevere en alcanzar su objetivo (la independencia de Cataluña) siguiendo una estrategia contraria a la ley no se han desvanecido. Por lo tanto, el magistrado argumenta que la protección de los valores constitucionales que, según explica, tienen una proyección directa sobre los derechos subjetivos de toda la población están por encima de la libertad de Sánchez. 

El juez menciona también el precedente del ex preso etarra Juan Carlos Yoldi, a quien en los años 80 se le permitió salir de prisión para defender su investidura como jefe del gobierno vasco. Al respecto, aseguró que se trataban de delitos distintos y en aquel caso no existía riesgo de reiteración delictiva. El permiso en relación con el etarra sólo podía afectar el riesgo de fuga, por lo que se tomaron las medidas de seguridad pertinentes. Sin embargo, explicó, para Sánchez no se pueden obtener garantías ya que, opina, ha empleado su liderazgo para desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley, dice la resolución. 

Llarena había dado plazo hasta el lunes a las acusaciones para pronunciarse sobre la excarcelación de Sánchez, con lo que no se esperaba una decisión antes de esa fecha, ya que el partido ultraderechista Vox –también contrario a la excarcelación– quería agotar el tiempo. Sin embargo, el juez sorprendió anticipando su decisión contraria a la excarcelación. Esto obligó al presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, a suspender la sesión de investidura debido a la ausencia del candidato. De no hacerlo, Torrent y los miembros de la Mesa del Parlamento –órgano directivo–, estarían desobedeciendo al Tribunal Constitucional, que ya prohibió una investidura a distancia en el caso del ex presidente Carles Puigdemont. 

Además de este obstáculo judicial, la investidura de Sánchez, en principio, está destinada a fracasar si la minoritaria Candidatura de Unidad Popular (CUP) no cambia su posición de abstención hacia un voto positivo. Esto permitiría a los independentistas alcanzar la mayoría absoluta. El grupo anticapitalista se mostró dispuesto a modificar su voto si se produce un gesto de desobediencia por parte de Torrent. Ya casi sin tiempo, JxCat y ERC intentan convencer a una incrédula CUP con un acuerdo de gobierno republicano, de izquierda y un proceso constituyente, como exigían los anticapitalistas. 

En medio del bloqueo, la Asamblea Nacional Catalana celebrará este domingo una manifestación en Barcelona. Bajo el lema “República Ya”, pretende presionar a favor de la formación de un gobierno que implemente la república declarada el 27 de octubre de 2017. “Llarena deniega la libertad y el permiso de investidura a Jordi Sánchez. Cuando la prevaricación entra por la puerta, la Libertad colectiva salta por la ventana”, advirtió hoy la ANC en Twitter, animando a los independentistas a volcarse masivamente en las calles.