A una semana del inicio del juicio al ex capellán Eugenio Zitelli, el tercer sacerdote de la Iglesia Católica que llega al banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad, el obispo castrense Santiago Olivera retomó la misión inconclusa de su antecesor Antonio Baseotto, recicló una vez más la teoría de los dos demonios y cuestionó lo que considera “una justicia parcializada” frente a los crímenes del terrorismo de Estado. “Desde nuestra diócesis avanzaremos por una Memoria sin Ideología, una Verdad Completa y una Justicia en el sentido más amplio”, tergiversó los pilares del movimiento de derechos humanos en una auto-entrevista publicada el martes en el blog del obispado. “Hay que buscar justicia y no venganza”, añadió ayer, en apoyo a la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri de excarcelar a 96 represores condenados, incluido el ex capellán Christian Von Wernich.

“Al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos”, precisan el historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede en el primer estudio sistemático sobre el vicariato castrense a partir de los diarios del provicario Victorio Bonamín. Los hombres de la Iglesia que a sueldo del Estado sedaban las conciencias de torturadores y los ayudaban a obtener información de los secuestrados mueren indefectiblemente sin romper el pacto de silencio y sólo en casos excepcionales llegan a juicio. Von Wernich, ex capellán de la policía de Ramón Camps, tiene condena confirmada por la Corte Suprema pero ninguna sanción canónica, por lo que puede ejercer su oficio entre los presos. José Mijalchyk, denunciado por sobrevivientes del mayor centro clandestino de Tucumán, fue absuelto en un fallo dividido y murió poco después. Zitelli, ex capellán de la policía de Santa Fe imputado por participar de interrogatorios vestido con sotana, será juzgado a partir del próximo jueves en el tercer tramo de la megacausa Feced.

Designado por el ex cardenal Jorge Bergoglio (hoy papa Francisco) en un cargo que estaba vacante desde 2005, cuando Baseotto propuso “arrojar al mar con una piedra de molino atada al cuello” al ministro Ginés González García, Olivera nunca se refirió a los ex capellanes imputados pero se muestra entusiasta en volver al pasado con un doble juego que incluye visitas a las Abuelas de Plaza de Mayo y reclamos cada vez menos sutiles para obtener excarcelaciones y beneficios a favor de represores.

En enero, después de reunirse con Bergoglio en Roma, llamó de urgencia a la agencia Télam para publicitar que tenía en su poder el libro de bautismos registrados en la capilla de la ESMA entre 1975 y 1979, mientras funcionaba allí una maternidad clandestina. “Lo busqué, lo rastreé, lo encontré y me lo entregaron. Lo tengo guardado yo”, contó efusivo, aunque admitió que no fue por iniciativa propia ni en respuesta a los reiterados pedidos de los organismos sino a partir de la pregunta de una periodista que no supo responder. El rechazo que su sobreactuación generó entre los obispos quedó en evidencia el martes, cuando la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal difundió un comunicado sobre la entrega formal del libro a la Justicia sin ninguna mención al rol de Olivera, que debió incluir una introducción en su blog para recuperar protagonismo. El Papa le dijo “que se siga la línea de diálogo entre la CEA y con Presidencia para avanzar en la línea de hacer pública a la justicia todo lo encontrado con las reservas pertinentes”, escribió.

Veinticinco minutos después de difundir ese comunicado, el Facebook del obispado castrense hizo público una original auto-entrevista a Olivera para serenar a los presos con un título amistoso: “Debemos ir en búsqueda de una memoria sin ideología, una verdad completa y una justicia en el sentido más amplio”. Olivera destacó “el coraje y la determinación” de Olivera por “no dudar y, una vez planteada la consulta del libro de bautismos, ir por esos documentos”, que “encontró y resguardó”, no especifica de quién. “Estoy seguro de que estos datos aportaran mucho más de lo que se sabía hasta ahora”, arriesgó. No dijo dónde estaba el libro ni quién se lo entregó pero aseguró que “estaba perdido hasta este año”.

En la segunda parte del auto-reportaje, ante la pregunta de “cómo se siente frente a los hechos de público conocimiento”, Olivera se despacha con lo que llama “tres principios fundamentales” y juega con la consigna central del movimiento de derechos humanos. “Desde nuestra diócesis avanzaremos por una Memoria sin Ideología, una Verdad Completa y una Justicia en el sentido más amplio”, señala. “Aunque son tiempos difíciles, queremos transitar hacia la cultura del encuentro”, que a su entender exigiría “sanar la historia”, lo cual significa “mirarla con sentido completo, no parcial, no ideologizada”. “Para mirar adelante debemos ver bien nuestro pasado, con coherencia”, dice quien encabeza el obispado que se encargó de dar “asistencia espiritual” a secuestradores, torturadores y asesinos. “Sólo con verdad, sólo con justicia, podremos encarar el futuro. Pero si hacemos una verdad a medias o si hacemos una justicia parcializada, será mucho más difícil”, levanta las banderas de los defensores de genocidas. “No se están cumpliendo algunos derechos humanos para con nuestros fieles militares y miembros de seguridad”, concluye, y propone “mirar adelante sin el olvido del pasado pero mirarlo en su totalidad”.

El diálogo con la agencia Télam, un intento por subsanar la nula circulación del anterior, repitió la misma estructura. Sobre el libro de bautismos aclaró que “muchos son soldados y otros son hijos de militares que han querido bautizar en la capilla”. “No es que sean hijos que han sacado a sus papás desaparecidos, eso habrá que investigarlo”, afirmó y dudó al mismo tiempo. Luego reclamó “buscar justicia y no venganza”. “Si hay represores que han llegado al límite de edad o no tienen sentencia definitiva, también tienen derechos”, destacó, aunque admitió que “hay que ver cada caso”, lo contrario que sugiere la iniciativa oficial vehiculizada por medio del Servicio Penitenciario Federal para otorgar libertades condicionales o arrestos domiciliarios a nada menos que 96 represores, incluidas celebridades como el “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián o el propio Von Wernich.

Hace seis meses, tras la designación de Olivera, un centenar de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y religiosas le reclamaron que asumiera la deuda histórica del obispado castrense de “admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado”, y que resuelva la “apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos de los archivos del Obispado, tanto de la curia como de las distintas capellanías”. Ambos pedidos siguen sin respuesta.