Tras la decisión del Gobierno de disolver la Unidad Especial AMIA, su todavía titular Mario Cimadevilla cargó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, al afirmar que “por una cuestión de amiguismo ordenó no acusar a los (ex) fiscales” Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento por desviar la investigación original del atentado a la mutual judía, que también tiene en el banquillo de los acusados al ex presidente Carlos Menem, al ex juez federal Juan José Galeano, al ex secretario de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex comisario de la Policía Federal y de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja y el desarmador de autos Carlos Telleldín, entre otros.
“No hay otras razones, es el juicio más importante que tiene la Argentina, el atentando más importante en Latinoamérica, no es una causa cualquiera, no estamos discutiendo un homicidio culposo, es un juicio seguido por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene un veedor permanente; no hay lugar ni para amiguismos, ni para hacerse los distraídos”, dijo Cimadevilla en una entrevista concedida a una radio chubutense.
El 1 de febrero “el Ministerio de Justicia debía presentar alegatos, donde debía pedir las penas o no de quienes estaban investigados”, relató Cimadevilla y afirmó desde la Unidad Amia “sosteníamos que los fiscales Mullen y Barbaccia debían recibir una condena, pero el ministro Garavano por una cuestión de amiguismo ordena no acusar a los fiscales; ahí viene el tema, ahí viene el problema y vienen las diferencias”.
“La diferencia es esa –insistió Cimavedilla–, hay que ser claros y concretos. En la unidad entendíamos que había que acusar, y el Ministro creía que no. Como consecuencia de esta decisión, el hecho de no haber acusado, hace que el ministro tenga hoy denuncias penales en su contra”.
“Ayer una de las querellas ordenó pedir testimonio de los alegatos del ministerio y pedir que se investigue al ministro por violación de los deberes de funcionarios público, abuso de autoridad y encubrimiento”, explicó el dirigente radical en referencia a la presentación realizada por José Ubeira, patrocinante del ex subcomisario Juan José Ribelli y otros policías bonaerenses sobre quienes se habría desviado la investigación del atentado.
“El ministro (Garavano) ha metido al gobierno en algunos problemas”, juzgó el todavía titular de la Unidad AMIA. “No hay ningún acto administrativo” que determine la disolución de la unidad sostuvo Cimadevilla, aunque reconoció que las noticias publicadas en tal sentido anticipan la determinación de Garavano, que atribuyó a las serias diferencias con el ministro por el denominado juicio por encubrimiento de la voladura de la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas.
Las distintas organizaciones de familiares de la victimas del atentado, ya habían cuestionado la decisión de Garavano de cambiar de fiscal para desestimar en su acusación a los ex fiscales del primer juicio. El Tribunal Oral Federal Nº2 –que lleva adelante el juicio– ordenó apartar a José Console, uno de los abogados designados por el Gobierno a último momento. El TOF consideró la “incompatibilidad manifiesta” de Console que ocupa un cargo en el Consejo de la Magistratura porteña, pero convalidó su alegato en el que pidió la absolución para Mullen y Barbaccia.
En tanto, el juicio que se inició en agosto de 2015 continuará la semana próxima con el alegato de Memoria Activa. A la que continuará la querella unificada de DAIA-AMIA, las asociaciones de la comunidad judía, las únicas que avalaron la no acusación de los ex fiscales pero que tienen en el banquillo de los acusados a unos de sus dirigentes: el ex presidente de la DAIA, Beraja. Luego continuarán las asociaciones de familiares y amigos de las víctimas, 18J y Apemia, que según algunos cálculos se extenderían hasta mediados de abril. Después sobrevendrán los alegados de las defensas de los 13 acusados, que podrían extender el juicio hasta cerca de fin de año para luego esperar la sentencia.
