La causa contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios kirchneristas por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum con Irán deberá pasar por otro nuevo obstáculo antes de iniciarse el juicio oral y público. El fiscal Carlos Giménez Bauer hizo una presentación para la causa vuelva a sortearse y no quede en manos del Tribunal Oral Federal 9, ya que según él podría quedar paralizado por el cúmulo de expedientes. Ese tribunal ya había sido cuestionado por las defensas de los acusados por irregularidades en el sorteo y porque sus integrantes fueron designados por el macrismo mediante una ley especial impulsada por Cambiemos. Para sumar todavía más complejidad, Giménez Bauer ya presentó su renuncia –se hará efectiva a partir del 1 de mayo– por lo que la causa quedará sin fiscal y deberá designarse otro para llevar adelante el juicio oral.

El planteo realizado por Giménez Bauer fue dirigido al TOF 9 para que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que vuelva a hacer el sorteo. Esta misma semana la sala IV de Casación ratificó el procesamiento de todos los imputados en ese expediente. El procedimiento de selección de este tribunal estuvo rodeado de polémicas desde hace tiempo. La ex presidenta solicitó que se hiciera de manera manual dadas “las ya conocidas fallas del sistema”. El pedido fue rechazado, a lo que siguió una solicitud para colocar un perito informático, también denegada. Finalmente le tocó el caso al TOF 9, que ya tenía otras dos causas que involucran a la ex mandataria. 

Tal como publicó este diario, los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra pasaron al TOF 9 mediante una ley de 2016 que permitió convertir a los jueces del fuero ordinario en jueces federales, sin concurso y por el voto de la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura. Noceti es un ultraconservador que consideró prescriptibles los crímenes de lesa humanidad, contradiciendo la legislación internacional y la jurisprudencia local. Además, como juez tuvo de secretario a Juan Mahiques, representante del Ejecutivo en el Consejo, quien postuló su nombre y el de los otros dos jueces para el nuevo tribunal. Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados, que hacía campaña con consignas antikirchneristas y mantiene una fuerte ligazón con el radicalismo. Becerra, también de perfil conservador, es hijo de un general del Ejército. Fue nombrado en 1993 y forma parte de la familia judicial. 

Ese mismo tribunal había sido designado en otro polémico sorteo, igual de oscuro, para llevar adelante el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez y otras 22 personas. Para redondear las cosas, con una resolución interna, la Procuración designó, también a dedo, al fiscal ante del tribunal, Carlos Gimenez Bauer, quien pertenecía al fuero criminal y pasó a ser fiscal federal con la simple firma del procurador Eduardo Casal. Gimenez Bauer ya presentó la renuncia, por lo que ahora Casal deberá designar un reemplazante. Las defensas, por su parte, presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la designación de los jueces del TOF 9.

Por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman están acusados no sólo CFK sino también otros dirigentes. El ex canciller Héctor Timerman, el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, su segundo Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el dirigentes social Luis D’Elía, el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche y Jorge Khalil, entre otros. Estos últimos tres están detenidos con prisión preventiva, igual que el ex secretario de legal y técnica, Carlos Zannini.