“Lo que queremos, los cuatro países miembros del Mercosur, es liquidar este tema lo más pronto posible, porque hace 19 años que estamos con esto y si esta vez perdemos el tren ya no lo agarramos más”. La declaración del canciller paraguayo, Eladio Loizaga, a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, sintetizó en gran medida los deseos y las realidades que experimentan los gobiernos de centroderecha que la región, con un nuevo fracaso en las negociaciones por un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de que la última reunión, celebrada entre el pasado 21 y 23 de febrero en Asunción, volvieran a finalizar sin siquiera un acuerdo marco o declaración de principios.

Estas negociaciones se remonta a 1999, cuando en pleno auge de gobiernos neoliberales en Sudamérica se comenzó a buscar vías de acuerdos entre estos dos bloques, pero la llegada de diversos gobiernos progresistas en nuestra región estancaron las negociaciones entre 2004 y 2012. Las nuevas negociaciones se retomaron en 2016. 

Cash consulto a Luciana Ghiotto, politóloga del Conicet y miembro de la ONG Attac-Argentina, quien desde hace años se dedica a estudiar los tratados comerciales de la región. “El tratado es escandaloso, al igual que el Tratado del Pacífico Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), plantea un prolongamiento en las patentes de medicamentos, sobre modificaciones biológicas, tipos de semillas, es decir que surgen también cuestiones no vinculadas a los tradicionales aranceles o cuotas de mercado para carne y biocombustible, pues se tocan los temas de propiedad intelectual, indicaciones geográficas y reglas de origen, es decir mucho más que los habituales problemas por la no apertura del mercado, todo lo cual puede tener un impacto muy profundo en nuestra región. Pero Macri está desesperado por cerrar un acuerdo, no solo por el Mercosur mismo, sino para exhibir una imagen de país comprometido con el libre mercado, y es por eso también que busca insertar a la Argentina en cualquier tratado de libre comercio, sea con México, Canadá, o incluso con países europeos que están por fuera de la UE. Pero tal como sucede en Brasil, las fuerzas sociales están deteniendo su iniciativa”.

El gobierno no se ha caracterizado por hacerse eco de las demandas sociales. ¿Por qué en este caso sería diferente?

–El punto es que acá no se trata solo de la CGT, las CTA, o los movimientos sociales, que ya manifestaron su rechazo, sino que también la UIA se manifestó contra el acuerdo. 

¿Y del lado europeo?

–Existe una división, ya que de un lado se encuentran 16 de los 28 países miembros que buscan cerrar un acuerdo en los términos que se discuten actualmente, ya que a partir de la administración Trump discutiendo a todos los organismos multilaterales de comercio, ellos quieren quedar junto a China y el Mercosur con el liderazgo del libre comercio. Pero los otros 12 ya dijeron que no van a competir en ciertos sectores primarios, especialmente en los temas de carne y bioetanol. 

¿Qué países lideran estas dos posturas europeas? 

–Los proclives al acuerdo están encabezados por Alemania, que no es fuerte en la producción agroalimentaria. Por eso cuando Macri le pidió a Merkel que destrabe las negociaciones, Merkel le dijo que con quien tenía que hablar era con Macron, ya que ella lo firmaba como está, porque las trasnacionales alemanes salen muy beneficiadas. Aquí también está España, que quiere firmar por sus intereses en los servicios bancarios, e Italia, que evidentemente en sus estudios de impacto habrá visto que el acuerdo no crearía perjuicios severos para su sector primario. Pero los países que están en la línea de Francia, como Irlanda, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia, cuidan mucho su sector primario, ya que a diferencia de Macri se preocupan por el impacto que puede tener en sus sociedades.

Funcionarios latinoamericanos y europeos señalaron que igualmente veían factible un acuerdo en las próximas semanas.

–Ellos quieren firmar algo, aunque sea para la foto, para dar una señal. Pero aunque se firme un acuerdo, para entrar en vigencia el mismo tiene que tener ratificación parlamentaria de los cuatro países, así que confiamos en la movilización de la sociedad civil

@Jblejmar