El conflicto con el “campo” en 2008 dejó marcas indelebles en la política argentina. La falta de ratificación legislativa de la Resolución 125 significó una dura derrota para el gobierno nacional. La contracara fue la ampliación de la base militante oficialista. Para algunos, el kirchnerismo terminó de nacer en esos meses tan “calientes”. 

El investigador Eduardo Basualdo explica en Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual que el gobierno “no sólo resistió la tentación de claudicar, incluso ante posibilidades de hacerlo de manera muy decorosa, frente a la ofensiva de entidades agropecuarias en diferentes y complicadas instancias del conflicto, sino que enfrentó la agresión del establishment local acentuando el carácter popular de su gestión”. La conducta de CFK fue disipando “las dudas de los propios sectores populares sobre la identidad y propósitos de la administración gubernamental”, agrega Basualdo.

En la actualidad, el sistema político uruguayo atraviesa una disputa similar que comenzó en noviembre del año pasado. Los chacareros charrúas apostados al costado de las rutas, con carteles que rezan “somos el campo, somos el país”, replican la postal de la Argentina de 2008. Los productores rurales se quejan del atraso cambiario y reclaman baja de impuestos, reducción del precio de los combustibles y poda del gasto público.

En un reportaje concedido al portal Nodal, el economista uruguayo Rodrigo Alonso analiza que “lo que está ocurriendo es un desplazamiento político relevante hacia la rearticulación de la derecha social y política en materia de agenda, de relato, de discurso y en materia programática. Están poniendo sobre la mesa la necesidad de un ajuste sobre los sectores asalariados, no lo dicen expresamente, pero en definitiva, la única forma de hacer sostenible una devaluación es que se descargue sobre la baratura del salario real y del gasto público”. 

En ese marco, la beligerancia de los sectores “autoconvocados” viene en ascenso. El 23 de enero pasado, la localidad de El Durazno fue testigo de un acto-protesta que reunió a 6000 productores. El gobierno intentó descomprimir esa escalada con la salida del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y la constitución de mesas de trabajo. A la salida de uno de esos encuentros, un grupo de productores increpó al Presidente Tabaré Vázquez bajo el grito de “mentiroso, ladrón, corrupto”. “Yo puedo abrir la boca porque soy honesto; nos vemos en las urnas”, contestó ofuscado el mandatario. 

Los reclamos ruralistas son apoyados por la oposición política y los medios de comunicación conservadores. Un editorial del diario El País afirmó que “la gente se cansó de la sucesión de episodios de corrupción que han mostrado el derroche de dineros públicos, el clientelismo, el nepotismo y los acomodos de la izquierda en el poder”. Por su parte, el gobernante Frente Amplio denunció “la acción abierta de operadores políticos que lo que intentan es ganar votos mediante el oportunismo, y atacar la intervención del Estado y los derechos conquistados por amplias mayorías”. 

Hasta el momento, las múltiples reuniones en el Ministerio de Ganadería no pudieron encarrilar el conflicto a pesar de que se acordaron rebajas impositivas para los productores con menos de 1000 hectáreas. Las entidades sectoriales sostuvieron que esa medida es “insuficiente y parcial” porque no contempla “la grave situación que vive el agro”.

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@diegorubinzal