En tanto mantiene en prisión a luchadores sociales como el lonko mapuche Facundo Jones Huala, los militantes anarquistas Diego Parodi, Pablo Giusto y otros; el gobierno del Estado argentino -o dicho en otros términos la junta que administra y garantiza la continuidad de la explotación por parte de las clases dominantes- tiene previsto enviar a sus domicilios a casi un centenar de genocidas que estuvieron activos en los tenebrosos años de plomo.
En efecto; secuestradores de luchadoras y luchadores sociales; torturadores seriales, confesores eclesiásticos, civiles o uniformados, todos gozarán de la benevolencia estatal. Cuentan con el aval de los apoltronados en los juzgados. Se premiará a quienes perpetraron crímenes aberrantes.
Esto es coherente con la oprobiosa sociedad en la que nos toca sobrevivir: el capitalismo. Pronto se cumplirán 42 años del fatídico 24 de marzo de 1976. El golpe cívico militar eclesial dio continuidad e intensificó el terrorismo de Estado. Lo formalizó. Forjando desde entonces una sociedad sumisa que acepta temerosa múltiples escarnios.
Ellos sentaron las bases de lo que León Rozitchner denominó "sembrar el terror en los cuerpos".
Entonces, observamos indignados el obsceno espectáculo de la obediencia a un sistema opresor y opresivo que cotidianamente ejerce violencia material y simbólica. Que precariza las vidas; que descarta como desechos a miles y miles de mujeres y hombres de diversas edades. Que alimenta la ilusión en el seguidismo a caudillos y burócratas. Que lanza a las calles a robots artillados con apariencia humana para acallar las protestas que de algún modo emergen a pesar de todo.
Tiempos sombríos y encima las torvas figuras de los verdugos a punto de reaparecer como en un eterno retorno del horror. Un espanto que no cesa. Una prepotencia de los impunes que no debemos permitir que nos agobie. Resistir solidarios.
