El 19 de febrero pasado, presentamos un formal pedido de juicio político al presidente de la Nación por mal desempeño. La esencia del pedido fue que, luego del asesinato por la espalda de un joven de 18 años, Pablo Kukok, su asesino, Luis Chocobar, miembro de la policía bonaerense, fue invitado a la Casa de Gobierno. Allí, el presidente de la Nación le dijo textualmente: “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos”. Agregó Mauricio Macri: “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación”.
Esta felicitación y garantía de ayuda oficial, que hoy se conoce como “doctrina Chocobar”, desató una serie de asesinatos de jóvenes de parte de miembros de fuerzas de seguridad, uno de los cuales motivó, hace pocos días, una nueva presentación ampliando la anterior. La originó el fusilamiento mediante cuatro balazos de un joven de 16 años que, según la información oficial, tenía al lado del cuerpo acribillado una pistola de plástico. El policía autor del crimen, que entró a su vivienda para tomar el ama de su novia –también policía–, había disparado ocho balazos al auto –que según su versión el joven intentaba sustraer–, siete de los cuales impactaron en la puerta derecha del automóvil del asesino, y uno en la puerta izquierda. A su vez, cuatro de ellos, ocasionaron la muerte instantánea del joven. Hace dos días, un policía de Tucumán ejecutó de un balazo en la nuca a Facundo Ferreira, de 12 años. Su abuela y sus demás familiares lo lloran. El mundo lo llora. Porque, cuando un niño es asesinado por el Estado, se sacude el planeta. No importa en qué región de la Tierra suceda ese crimen, se afecta la humanidad. Y cuando ese asesinato incalificable es producto de un mensaje explícito de un presidente de una nación, aprobando la muerte por la espalda de un ciudadano, no hay calificativo. La muerte de un niño no tiene consuelo, y tampoco tiene calificativo la crueldad de quien anuncia y estimula esos crímenes. Ya perdió vigencia la discusión acerca de la baja de edad de imputabilidad de los jóvenes. Lo que va a marcar la agenda oficial, a partir de ahora, en esta temática, es desde qué edad está bien asesinar a un niño. Seguramente para establecer un protocolo de felicitación de miembros de fuerzas de seguridad que ejecuten habitantes. En pocos meses, no sólo se ha agudizado la pobreza de millones de argentinos y endeudado el país por generaciones enteras. Se ha puesto en marcha además, y en función del modelo económico que lo sustenta, un plan de estigmatización, persecución, asesinato y encarcelamiento de integrantes de sectores sociales vulnerables, comenzando con los pueblos originarios y continuando con los opositores políticos. De la reacción seria y oportuna de una ciudadanía sensible, que supo condenar los crímenes cometidos hace décadas por una dictadura genocida, dependerá la cantidad de niños que sean ejecutados en el nombre de la nueva onda de globos de amor que el ingeniero que gobierna el país inauguró hace poco más de dos años. Eso, porque, cuando desde el Estado se asesina niños, no hay Estado, hay régimen de exterminio planificado.
* Ex camarista federal.