Producción: Tomás Lukin

Lo que lucran

Por Andrea Paz, Carlota Ramirez, Agostina Finielli y Sabrina Balaña *

A lo largo de los últimos 30 años los abortos constituyen la primera causa de mortalidad materna. Miles de mujeres abortan todos los años por fuera del sistema de salud público. Quienes no tienen los medios suficientes, suelen acudir a servicios clandestinos no profesionales que utilizan métodos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida. Un estudio financiado por el Ministerio de Salud de la Nación demostró que el aborto inducido es una práctica ampliamente extendida, su magnitud se encuentra entre 371.000 y 522.000 abortos anuales. La evidencia científica disponible indica que el uso de determinados medicamentos y  procedimientos como la aspiración manual endouterina (AMEU) son prácticas seguras y eficaces para la interrupción del embarazo. La penalización no disminuye la incidencia de la práctica pero sí aumenta los riesgos de muerte y las consecuencias negativas para la salud, además valida un mercado clandestino que moviliza alrededor de 1000 millones de pesos al año por abortos.

La OMS ha declarado como medicamentos esenciales a la mifepristona y el misoprostol para la práctica de abortos seguros. La mifepristona no se encuentra disponible para su comercialización en el país y el misoprostol de 200mg es producido y comercializado por un único laboratorio (Laboratorios Beta, de capital nacional), bajo el nombre de Oxaprost. El laboratorio abusa de su posición monopólica e impone precios exorbitantes. Asimismo, el misoprostol no se encuentra incluído en el Plan Médico Obligatorio que deben cubrir las obras sociales y prestadoras privadas. La falta de políticas públicas destinadas a asegurar la disponibilidad y accesibilidad del medicamento es otra de las restricciones que existen para el ejercicio del derecho al aborto. Cabe destacar que la Argentina cuenta con las condiciones necesarias para la producción pública del medicamento.

El impacto en el gasto de bolsillo en medicamentos es mayor en quienes tienen menores ingresos. La proporción del costo de Oxaprost en relación al salario mínimo aumentó de un 12 por ciento en 2012 a más de un 30 por ciento en 2018. En ese periodo el precio del medicamento se multiplicó por nueve al pasar de 330 a 2974 pesos. En 2013, el Oxaprost fue incluido en el listado del Programa Precios Cuidados para regular el aumento indiscriminado de precio. Pero al año siguiente el laboratorio lanzó al mercado una nueva presentación de 20 comprimidos al doble del precio de la presentación anterior incluida en el programa. Aprovechando la alta demanda del medicamento, en algunas farmacias lo ofrecen sin receta pagando un sobreprecio que puede llegar hasta 4 o 5 mil pesos por blister. Existe también un mercado negro de misoprostol donde circulan pastillas de dudoso origen. En definitiva, la mercantilización de este medicamento considerado esencial, hace que se limite su acceso y sean las personas más pobres las que están en riesgo de realizar abortos inseguros y engrosar las estadísticas de muertes maternas.

Durante 2010, según estimó la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la industria del aborto clandestino involucró 1000 millones de pesos. Mientras tanto, en 2015 el Estado invirtió 91.286.529 (el 9 por ciento) en la compra y distribución de métodos anticonceptivos e insumos.

Una investigación periodística realizada en 2016 mostró que en Capital Federal un aborto quirúrgico sale entre 8000 y 15.000 pesos. En el resto del país los precios son más altos. La variable de ajuste del precio es el grado de evolución del embarazo, mientras más avanzado mayor complejidad y riesgo y puede llegar a costar 50.000.

Asimismo, una investigación del Guttmacher Institute de 2009 sobre los costos de los abortos inseguros para los sistemas de atención sanitaria en África y América Latina reveló que tratar las complicaciones médicas derivadas del aborto inseguro constituye una significativa carga financiera para los sistemas de salud pública. Las estimaciones de los costos promedio de la atención postaborto en la región son de  entre 159 y 476 millones de dólares por año.

Quienes niegan el derecho al aborto legal no hacen más que promover su clandestinidad, quedando por fuera del control del Estado y aumentando los índices de mortalidad materna asociada a aborto principalmente en mujeres y personas con capacidad de gestar de menores ingresos. Así, la ilegalidad del aborto lo vuelve un negocio para quienes lucran con esta práctica, mientras la atención de sus complicaciones y sus consecuencias aumentan desproporcionadamente los costos directos para el sistema de atención sanitaria. Legalizar el aborto es garantizar la salud de las mujeres y personas gestantes, y su derecho soberano de decidir sobre sus cuerpos.

* Integrantes del Equipo Salud y Género de la Fundación Soberanía Sanitaria.

Trata y lavado

Por Martina G. Cirimele *

La trata de personas es uno de los fenómenos delictivos más difícil de erradicar y un negocio ilícito que mueve sumas millonarias en el mundo entero. Un informe de la OIT publicado en 2005 estimó que la trata sexual generaba ganancias anuales por 572 millones de dólares en América Latina. No hay indicios para suponer que esa cifra se haya reducido. Las mujeres y niñas representan el 96 por ciento del total de las víctimas de trata con fines de explotación sexual a nivel mundial. Si las bandas criminales que controlan las redes de trata intentasen utilizar todos esos fondos en la economía formal comprando bienes o simplemente depositado el dinero en cuentas bancarias, el Estado lo detectaría. Por eso, los tratantes deben “lavar” sus ganancias ilícitas, es decir, ocultar su origen. Los miembros del tucumano clan Ale, responsable del secuestro y desaparición de Marita Verón, fueron condenados el año pasado por lavar más de 40 millones de pesos provenientes de la trata y la explotación sexual. El mercado de la trata y el lavado se retroalimentan. La trata no sería un gran negocio sin circuitos de financiamiento que permitan su expansión.

La trata de personas es apenas un ejemplo de cómo la criminalidad económica explota las desigualdades de género. La criminalidad económica está comprendida por varios delitos, desde los financieros cometidos por los bancos, evasión tributaria, fuga ilícita de capitales al exterior, lavado de activos, hasta los delitos de funcionarios públicos y otras formas de delincuencia. Una de las principales características de estos delitos son la generación de un daño social considerable, ya que no solo afecta directamente a las instituciones democráticas, sino que socava el financiamiento estatal producto de la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas públicas.

A su vez, la persecución selectiva e ineficiente que gira en torno a este tipo de criminalidad y sus responsables demuestra que existe una situación de impunidad estructural en nuestro sistema judicial. Un ejemplo de esto es el lavado, desde que se sancionó la ley que tipificaba la conducta en el año 1999 hasta el 2016 solo hubo 15 condenas.

El escenario se agrava cuando se incorpora al análisis una perspectiva de género. Junto con la trata de personas existe un conjunto de delitos económicos que son funcionales a las desigualdades de género, se basan en ellas o las explotan.

* Narcocriminalidad: Los datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación muestran que el 60 por ciento de la población carcelaria femenina está detenida por infracción a la ley de drogas. La mayoría de estas mujeres están presas por transportar la droga –en sus cuerpos o en sus pertenencias– o por distribuirla a los consumidores a pequeña escala.

* Abortos: La imposibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito no solamente afecta la salud y la vida de casi medio millón de mujeres por año, sino que además genera un negocio ilegal que mueve 15 mil millones de pesos anuales en nuestro país.

*Evasión y elusión: Las maniobras canalizadas a través de sociedades offshore y paraísos fiscales produce injusticia fiscal. Entre 2003 y 2014, Latinoamérica perdió 1,4 billones de dólares de ingresos fiscales en flujos financieros ilícitos. El 88 por ciento del total corresponde a abusos en el comercio entre empresas. El año pasado mientras los evasores blanquearon activos por 116.800 millones de dólares el Gobierno recortó en 67 millones de pesos el presupuesto destinado a políticas contra la violencia hacia las mujeres. Sin justicia fiscal no hay justicia de género.

Hoy en día, la perspectiva de género está ausente en la investigación y persecución de delitos económicos. Cada vez que se habla de este tipo de delincuencia se invisibiliza cómo opera la estructuración jerárquica y patriarcal de los géneros en ella. Poco sabemos sobre la participación y los roles que ocupan las mujeres en las organizaciones delictivas. A primera vista, notamos que dentro de los mercados criminales las mujeres son “explotadas” de la misma manera que en los mercados legales, pero bajo un estado de mayor vulnerabilidad y criminalización. Por eso, es necesario que la Justicia lleve adelante una persecución penal estratégica que, entre otras cosas, requiere analizar cómo funciona el mercado criminal, incorporando la perspectiva de género a las investigaciones. También es fundamental recuperar los activos ilícitos (dinero, inmuebles, etc.) para que el Estado pueda utilizar ese dinero en favor de políticas tendientes a la mitigación de los impactos de las desigualdades y reparar el daño social que estos delitos generan.

* Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).