La Justicia condenó a ocho años de prisión al policía que en 2013 mató de un tiro en la nuca a Gustavo Lares, de 20 años. Si bien la Fiscalía y la querella se esforzaron en demostrar que Raúl Anzoátegui le disparó con intención homicida, para los jueces Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y Edgardo Fertitta se trató de un "homicidio culposo". También le achacaron el delito de falsedad ideológica, ya que hizo insertar datos falsos en las actas policiales, como que Gustavo iba armado y el policía quiso repeler la agresión. Los acusadores aseguraron que el arma -no apta para el disparo- fue plantada al pibe para justificar haber tirado con su 9 milímetros reglamentaria. "Este resultado no modifica nada: mi hijo sigue muerto. Lo importante es que él sigue preso", dijo al salir de la audiencia Gabriela Lara, madre del joven que corrió asustado al ver que la policía entraba a allanar su casa, en busca de su hermano. Fiscalía y querella apelarán para aumentar la pena.

La mañana del 6 de junio de 2013, Empalme Graneros se estremeció con la muerte del pibe que quedó tendido con medio cuerpo sumergido en el Arroyo Ludueña y una bala, alojada en la boca. Sin embargo, el suboficial Raúl Anzoátegui no fue detenido aquel día, sino cuando las pericias desmintieron que Lares hubiera estado armado y que fue su arma la que disparó dos veces.

El balazo le puso fin a la huída de Gustavo, que estaba en su casa cuando a las 10 de la mañana llegaron policías a buscar a su hermano y una moto con pedido de captura. Gustavo se asustó y salió corriendo por los techos de la casa, pero dos agentes corrieron tras él. En el patio de un vecino intentó usar a un niño como escudo, en la desesperación, y se trenzó en pelea con un vecino, hasta que rodaron al arroyo Ludueña. Gustavo intentó seguir corriendo pero recibió el impacto. "No hubo agresión, Anzoátegui no repelió ningún disparo. Le disparó con intención. Hubo dolo homicida", aseguró el querellante Valentín Hereñú, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), durante el juicio oral y público.

Tanto el fiscal Luis Schappa Pietra como la querella aseguraron que se trató de un crimen y negaron que fuera un enfrentamiento o un ataque sin intención, porque "Gustavo no estaba armado". Para los acusadores, "le plantaron una pistola y se armó una escena" para favorecer al tirador.

Anzoategui fue acusado, además, de brindar datos falsos al personal policial que llegó tras el hecho. Incluso el cabo que acompañaba al imputado dijo haber disparado al suelo, y agregó que el acusado disparó dos veces. Al parecer, la bala mortal dio primero en una superficie dura, donde rebotó para luego darle a Gustavo. "Ello no quita el dolo", aseguraron los acusadores.

Cuando Gabriela recuerda la lucha que encaró sola, en los pasillos del Tribunal, se le corta la voz. "Quiero agradecer a los que me creyeron, a la gente del CAJ, porque yo sabía que las cosas estaban mal en la causa de mi hijo. Con ellos logré todo esto. Nunca vine con un cartel que pidiera justicia, sino que la buscaba dentro mío, con mi verdad. Lamento por la familia de ese policía, pero les puedo asegurar que a mí me tocó la peor parte. Quizás ella un domingo lo puede ir a ver a su esposo. Yo a mi hijo no lo puedo ver nunca más. Por eso pido que no haya otro Gusti. Nosotros queríamos una pena más alta y apelaremos para eso; pero hoy nos damos cuenta que logramos algo entre todos", dijo la mujer, mientras apretaba la remera con el rostro de su hijo, contra el pecho.

Si bien se pretendía una pena mayor a la que dictaron, por unanimidad, ayer los jueces; algunos operadores judiciales destacaron la importancia de lograr una condena contra un suboficial, por la muerte de un pibe de barrio.

La causa, tal como recordó el fiscal en la audiencia, comenzó a mostrar resultado tras una instrucción del Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, para que se activen los casos de violencia institucional.