Pese a que semanas atrás el gobernador Miguel Lifschiz firmó un decreto para que el Servicio Penitenciario refuerce las evaluaciones a presos que piden beneficios, Pablo Espíndola, el policía acusado por el ataque a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti no volvió a Piñero, tras una salida laboral. El dato fue alertado por el Ministerio de Seguridad y confirmado por el juzgado de Sentencia 6º que lo declaró en rebeldía.
El imputado todavía no recibió sentencia --en el sistema escritural--, en la causa donde está acusado de delitos como "encubrimiento agravado", ya que se le encontró una de las armas que se disparó la noche del 11 de octubre de 2013 en la casa de Bonfatti.
Se trata del único acusado que queda de la causa, ya que el principal sindicado, Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, fue condenado en juicio abreviado a la pena de tres años y medio, como instigador del ataque; pero, quedó en libertad en febrero pasado por cumplimiento del plazo.
Tras la salida laboral del lunes, los guardias de la cárcel de Piñero esperaron a Espíndola, que hasta ayer no había regresado. El caso se dio a pocos días de que Lifschitz decretara endurecer las evaluaciones a presos que piden beneficios.
En 2013, Espíndola prestaba servicios en la comisaría 10ª, de Alberdi, cuando el frente de la casa del exgobernador, en Darragueira y Gallo, fue impactada con 14 balas. Días después, encontraron en el auto de Espíndola el arma calibre 11,25 con que se dispararon algunos de esos proyectiles.
Al ser procesado por la jueza Alejandra Rodenas, en noviembre de 2015, Espíndola estuvo en prisión domiciliaria; pero la Cámara Penal le revocó ese beneficio. Su proceso judicial en trámite es por los delitos de "portación ilegal del arma encontrada, uso de documento falso y encubrimiento".
Antes del abreviado a Sandoval --acusado por amenazas agravadas por el anonimato, uso y abuso de arma de fuego y daños--, la querella de Antonio Bonfatti, representada por su abogado Héctor Superti, desistió de acusarlo, porque consideró que no tenía evidencia suficiente para juzgarlo. Ello llevó a que el fiscal Enrique Paz decidiera cerrar el acuerdo de pena.
La querella sí acusó a Espíndola, quien espera sentencia. Según las primeras actuaciones, los atacantes eran cuatro y se movilizaban en dos motos con cascos. Por aquellos días, el Gobierno provincial enmarcó el hecho en una consecuencia directa de su accionar contra el narcotráfico.
