Un convenio del gobierno provincial con la municipalidad de Funes, sobre el mantenimiento del ex centro clandestino de detención Quinta de Funes, enardeció a militantes de organismos de derechos humanos, que interpretan que tal acuerdo se hizo a sus espaldas y con una gestión que no se ha mostrado consustanciada con la trascendencia de ese sitio de memoria. Aquel funcionario que definió al CCD como un lugar de atracción turística no pasó al olvido. La mecha se encendió a partir de que el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Trucco, firmara con el intendente funense, Diego Barreto un "convenio marco de colaboración" entre ambos niveles de gobierno.
La noticia sorprendió y desagradó. La diputada Alicia Gutiérrez, del partido SI, no disimuló su contrariedad ni siquiera por su pertenencia al Frente Progresista que gobierna la provincia. "La memoria, para los familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura cívico militar, no es un mero trámite administrativo", reprochó la legisladora.
