En el marco de la inauguración de las Sesiones Legislativas de este año, el gobierno nacional anunció la elaboración de un Proyecto de Ley que establecería “la paridad salarial estricta”. Con la firma del diputado Martín Medina (PRO), la iniciativa busca modificar los artículos 172 y 173 de la Ley de Contrato de trabajo (20744) indicando que quienes presuman que existe una desigual remuneración por el mismo puesto de trabajo o tareas, pueden peticionar al empleador para que el mismo regularice la situación. En caso de que la situación no se normalice en 60 días, es la misma damnificada quien deberá pedir intervención al Ministerio de Trabajo. Por otro lado, el proyecto impulsa la creación de un Registro de Empresas y Organizaciones con Paridad Salarial en el que deben inscribirse las empresas de más de 200 empleadxs, sindicatos, organizaciones y el Estado.

Algunas consideraciones: 

1) La paridad salarial entre hombres y mujeres ya existe en la legislación. Es un derecho constitucional inscripto en el artículo 14 bis de la Constitución, que sostiene el principio de “igual remuneración por igual tarea”. Redactar un proyecto legislativo que redunde en las mismas cuestiones, supone subirse a la agenda que logró instalar el movimiento feminista que reclama políticas públicas reales. 

2) Establecer que el rol del Ministerio de Trabajo es el de la “plena observancia”, y el de las mujeres el de promover una serie de solicitudes al mismo empleador que está en falta con ella, exime al Estado de su responsabilidad promotora y garante en la protección de derechos laborales, planteando el insólito escenario de que cada víctima debe impulsar su propio rescate. La Ley 26485 se redactó específicamente para la “protección integral, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, sin embargo no hay políticas públicas que acompañen esta legislación y aborden la problemática de fondo. El que está en falta sigue siendo el Estado. 

3) La brecha salarial está compuesta por dos indicadores, por un lado implica la diferencia de remuneración entre géneros, pero además indica la desigualdad en acceso a distintos tipos de trabajo. En esto se inscribe el llamado “Techo de Cristal” que es un límite invisible que no nos permite acceder a puestos jerárquicos estando subrepresentadas en nuestros trabajos y organizaciones; y fundamentalmente también indica que las mujeres llevamos adelante los empleos de más baja remuneración, como el trabajo doméstico que es la base determinante de la brecha de género. Si un proyecto de ley pretende garantizar la “estricta paridad salarial”, no puede obviar la vulneración estructural que existe en el mercado de trabajo, en el que las mujeres sostienen los trabajos más precarios. 

4) Un punto y aparte merece el trabajo doméstico y de cuidados para poder hablar (y gobernar) sobre la paridad salarial. Según la economista Mercedes D’Alessandro en la Argentina, 9 de cada 10 mujeres hacen estas labores mientras 4 de cada 10 varones no hace absolutamente ninguna de ellas. En términos generales, las mujeres hacen el 76% de estas tareas no pagas, según el Indec. El trabajo no remunerado es fundamental para el funcionamiento de la economía y la participación en ella es muy desigual. Una buena idea que podría tener el Ministerio de Trabajo y los diputados  es presentar proyectos para formalizar la situación de miles de mujeres, en un acto de justicia con las de ahora, con las de antes y las del futuro.

5) Por último, es importante señalar que son las mujeres de más bajos recursos las que dedican más tiempo a tareas no remuneradas, más del doble del tiempo que las más ricas. Según una encuesta sobre “uso del tiempo” que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó en 2016, las mujeres más pobres de la ciudad tienen una doble jornada laboral que suma más de 14 horas. A medida que aumentan los ingresos, no crece la participación de los varones en las tareas domésticas; lo que baja la participación de esas mujeres, es la posibilidad de contratar servicios de limpieza, jardines, niñeras, geriátricos, etc.

Gobernar y legislar con perspectiva de género supone una transformación profunda de la mirada sobre el rol de las mujeres. Es sobre nuestras espaldas que funciona toda la economía, es muy especialmente sobre la informalidad y precariedad de nuestras vidas que se perpetúa la ganancia de unos pocos. Diseñar políticas que apunten a reducir la brecha de género es una tarea de alto compromiso, no puede ser una respuesta espástica para congraciarse con un supuesto “clima de época”, porque de esa manera se reproducen las desigualdades. Avanzar sobre nuestros derechos es avanzar en justicia social. Algo que claro, no está en la agenda del gobierno, pero está en la nuestra y este #8M lo vieron en todo el mundo.

* Coor. Observatorio de Géneros y Políticas Públicas.