Los trabajadores del INTI se movilizarán hoy al Ministerio de Trabajo, donde habrá una audiencia para tratar la reincorporación de 258 personas y los descuentos por las huelgas a otros 1050. La reunión se da mientras siguen saliendo cautelares a favor de los delegados para que sean reincorporados por la gestión de Javier Ibañez. En tanto, se siguen acumulando las denuncias por negociados desde su llegada: en este caso es por la contratación directa de una empresa para la construcción de un galpón. Se trata de Kopar S.A., compañía que ya apareció vinculada a licitaciones escandalosas en la gestión porteña y a un asesor del ahora secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Ibañez todavía está dando explicaciones por las decenas de colaboradores que contrató, los viajes que pagó y las consultoras por las que facturó, incluida Tecnalia, sindicada como la que diseñó el plan de despidos y reestructuración del INTI. En tanto, continúan los paros en el instituto, donde no cuentan con que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, traiga una solución y se disponen a marchar al Congreso a pedirla a Marcos Peña. 

Ayer la comisión interna del INTI informó que sumaron otros dos fallos a favor para reinstalar a delegados despedidos, que se suman a otros dos que habían recibido el viernes. Es porque habían sido despedidos pese a tener fueros gremiales. 

“No cesan de trascender en los medios escándalos de corrupción y negociados, que involucran al presidente Javier Ibañez y su staff”, advirtieron sus delegados. La última denuncia fue publicada por el periodista Ulises Rodríguez en el sitio Nuestras Voces. Es por la contratación en septiembre de 2016 de la empresa Kopar S.A. para construir un galpón en el Parque Tecnológico Migueletes, en donde se debían guardar equipos de ensayos. Pese a que los técnicos del INTI habían presupuestado la obra en 12 millones de pesos, el el gerente general de entonces, Carlos Della Vedova, decidió otorgarle la obra por contratación directa “por razones de urgencia” a Kopar S.A. por 14.050.000 pesos. La obra no se completó en los cien días que planteaba el contrato y los reparos de los técnicos del INTI, que planteaban que no estaba siendo bien hecha fueron descartados. En la actualidad, la obra esta parada.

Kopar es una vieja conocida del gobierno porteño de la época de Carlos Grosso hasta el  de Mauricio Macri. Su titular es Pablo Aparo. En 2006, Aparo ganó una licitación para hacer obras en el barrio Calaza que nunca terminó. Primero paralizó las obras y pidió más dinero (un 66,75 por ciento más). Luego abandonó la tarea, pero IVC le firmó una conveniente acta de neutralización que lo libró de responsabilidad.

Como publicó este diario, en la era macrista fue beneficiado por distintas contrataciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad. En 2008, el IVC le otorgó otra obra por contratación directa por 1.371.157 pesos. Eran refacciones de viviendas que debían realizarse en tres meses. No obstante, nueve meses más tarde, la obra tenía un avance del 12,63 por ciento. La empresa de Aparo alegó “incapacidad operativa” para concluir el contrato y aseguró que se la había “cedido” a otra empresa, llamada Ajimez S.A. Pese a este accionar, le dieron otras contrataciones para cloacas en la villa 3, la 15 y en la 1-11-14. También tuvo tareas de instalación de gas en escuelas que se quejaron por las obras mal hechas.

PáginaI12 rastreó al representante legal de Aparo, Rubén Octavio Calderón, que en diálogo con este diario primero admitió y luego negó ser el abogado de Aparo. “Estoy y no estoy”, dijo. Calderón era en ese momento asesor del entonces legislador Fernando de Andreis, que hoy es secretario general de la Presidencia. En ese momento, juró que si se comprobaba su vínculo con Aparo lo echaba. No solo no lo echó, sino que Calderón también fue legislador porteño del PRO. Hoy es síndico de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.