El incremento del 40 por ciento para las tarifas de agua en la provincia de Buenos Aires entrará en vigencia dentro de treinta días. La decisión confirmada ayer lleva la firma de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. El incremento recaerá sobre los más de 786 mil usuarios cubiertos por la concesionaria Aguas Bonaerenses SA (ABSA). El aumento experimentado en las tarifas eléctricas, las subas en los combustibles y el impacto de la devaluación sobre sus insumos químicos figuran entre las principales razones esgrimidas por la compañía para reclamar la suba de tarifas. Asociaciones de usuarios y la Defensoría del Pueblo provincial cuestionan la magnitud de los aumentos validados por las autoridades bonaerenses y reiteraron advertencias sobre la calidad del servicio. El jueves se realizará la audiencia pública para habilitar el incremento en las tarifas de AySA.
El decreto firmado por Vidal argumenta que la suba del 40 por ciento se justifica por “el incremento en los costos de energía eléctrica; insumos químicos –cuyo valor se fija en moneda extranjera–, remuneraciones y cargas sociales del personal, combustibles, gastos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y comerciales sumado a la necesidad de sostener el plan de recambio de cañerías de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales”. La magnitud de la suba fue informada por ABSA en diciembre del año pasado. Al momento del pedido la empresa argumentó la necesidad de subir los precios para “no alterar el equilibrio alcanzado de la ecuación económico financiera de la concesión de la empresa”. La audiencia pública necesaria para legitimar el nuevo cuadro tarifario se realizó a comienzos de febrero.
El costo del módulo por metro cúbico pasará de 5,74 a 8,04 pesos. El incremento que comenzará a regir en 30 días se sumará, según indicó la legisladora provincial Florencia Saintut de Unidad Ciudadana, a la suba del 180 por ciento validada en 2016 y el alza del 60 por ciento aplicada el año pasado. El decreto provincial 211/2018 publicado ayer dispone los rangos tarifarios para los servicios de agua y cloacas que quedarán asignados a partir de las valuaciones fiscales del año pasado y no con los establecidos en el último revalúo.
El individuo designado por Vidal para presidir la compañía desde que llegó a La Plata se llama Raffaele Sardella y es un histórico directivo del Grupo Socma. El año pasado PáginaI12 reveló que haber sido designado al frente de la concesionaria del servicio de aguas y cloacas no le impidió conservar su trabajo en las empresas de la familia Macri. “El bolsillo de los bonaerenses no soporta más aumentos”, advirtió el defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino. “Las audiencias públicas fueron informativas y no hay espacio para la defensa del consumidor. ABSA tiene un inconveniente muy grave, ya que distribuye agua que no es potable”, lanzó Osvaldo Bassano, de Adduc, al recordar que la empresa está siendo demandada por cobrar indebidamente tarifas con aumentos.
Por su parte, AySA propuso a finales de febrero aumentar el 26 por ciento la tarifa del servicio de agua potable y cloacas para este año. La empresa propone además eliminar completamente los subsidios que reciben 1,1 millón de usuarios del Gran Buenos Aires antes de terminar 2018. La actualización entraría en vigencia a partir del 1º de mayo próximo. La propuesta será elevada por la empresa en la audiencia pública que se llevará a cabo el jueves. La eliminación del subsidio, que importa un 25 por ciento de la tarifa, se haría en cuatro quitas bimestrales consecutivas, de 6,25 por ciento cada una. La tarifa mínima será de 130 por mes y por servicio (260 pesos para usuarios con agua potable y cloaca).