A pesar de que organismos de derechos humanos de Tucumán impugnaron su designación, el abogado defensor de genocidas Facundo Maggio quedó a un paso de convertirse en juez provincial luego de que la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura local aprobara por mayoría su pliego. “No podemos permitir que sea juez un militante proactivo de la dictadura”, advirtieron desde Hijos Tucumán. “Creemos que aún nos falta mucho por recorrer en el camino de la verdad y la justicia y no vamos a llegar muy lejos si alguien como Maggio es juez”, añadieron desde la representación territorial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hasta la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, solicitó expresamente que se diera marcha atrás en la designación. Mañana se trata en el recinto provincial. 

“Es lamentable”, opinó Ivan Jeger, militante de Hijos Tucumán en relación a la posibilidad de que Facundo Maggio sea juez de Instrucción de la segunda nominación del centro judicial capital de esa provincia. “De ninguna manera podemos permitir que un defensor activo de genocidas, un militante proactivo de la dictadura sea juez de nuestra provincia. No consideramos que sea una persona proba para serlo. En temas relacionados con los derechos humanos ha demostrado parcialidad”, apuntó el militante cuyo padre, el periodista Maurice Jeger, fue secuestrado durante la última dictadura y permanece desaparecido.

Maggio defendió a por lo menos una decena de civiles, ex integrantes de fuerzas de seguridad y miembros de la Iglesia en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es actualmente abogado del Arzobispado tucumano y tiene vínculos familiares cercanos con integrantes del Ejecutivo comandado por José Manzur, el gobernador. Es sobrino político de su ministro de Justicia, Edmundo Jiménez.  

“Creemos que la comisión necesita tener un tiempo prudencial para discutir a fondo el tema debido a los antecedentes de Maggio”, explicó a este diario Carolina Acuña, de la APDH tucumana, otra de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que impugnó la designación del abogado al frente de un juzgado. “Nuestro planteo se funda en base de esa idoneidad moral que tiene que exhibir un abogado para ser juez y de la que Maggio carece por lejos”. 

En su cartera de clientes figuran el cura José Eloy Mijalchyk, a quien defendió en el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Arsenal. A pesar de ser reconocido por sobrevivientes de ese chupadero como capellán castrense que visitaba a los secuestrados, resultó absuelto. Tuvo menos suerte en la defensa del represor Carlos Trucco, que fue condenado en 2013 a 14 años de cárcel por delitos cometidos también en Arsenal. Con él intentó resarcirse el año pasado, cuando no perdió tiempo en presentar un pedido de excarcelación amparado en el 2x1 de la Corte Suprema. Entre 2016 y mayo de 2017 ejerció la defensa de varios integrantes de la patota que amedrentaba, secuestraba y asesinaba en el Operativo Independencia. 

Maggio venía amasando las ganas de saltar de casillero en la jerarquía judicial hacía rato. Por esa razón presentó su renuncia a la defensa que ejercía con convicción en ese juicio. Ya saboreaba su designación, que, creyó, llegaría en julio siguiente. Sin embargo, el gobernador dio de baja el expediente sin que fuera siquiera tratado en la legislatura. Los organismos, no obstante, ya tenían preparadas las impugnaciones. Acuña mencionó el comportamiento “provocador y revictimizante” del abogado durante los juicios de lesa humanidad cuando escuchaba el testimonio de los sobrevivientes. “Todo el tiempo hace una reivindicación de la represión”, sostuvo Acuña. 

Sin embargo, a principios de año, volvieron a la carga. En poco menos de un mes, su expediente llegó a la Legislatura. Ayer, pese a las impugnaciones y el rechazo por escrito de Carlotto, cinco de los seis legisladores integrantes de la Comisión de Peticiones y Acuerdos aprobaron el dictamen con su designación. Los apoyos los recibió de organizaciones que militan por la memoria completa. Los únicos dos que votaron en contra son el jefe del bloque radical, José María Canelada y el macrista Alberto Colombres Garmendia, aunque el rechazo del hombre del PRO no fue por la defensa de los genocidas sino por considerar que su designación tiene raíz en su vínculo familiar con el ministro de Justicia.