La revelación de que el municipio de Vicente López y su intendente, Jorge Macri, firmaron un contrato con una empresa pantalla del narcotráfico para proveerse de luminarias tiene todos los elementos para transformarse en un escándalo político. El hecho, que ya está judicializado en el marco de la causa Narco-arroz, es contado en detalle por el libro Radiografía de la corrupción PRO, que acaba de aparecer. Sus autores, los periodistas Ignacio Damiani y Julián Maradeo, incluso van más allá. Aportan información documental donde demuestran que la comuna negó aquella relación comercial en un oficio que le respondió al juez federal Sergio Torres. La sociedad International Trade Comerce SA (ITC), que preside el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz –prófugo desde 2015 y nexo del cartel Los Urabeños–, también le emitió una factura a la Municipalidad por 203.193,07 pesos el 4 de octubre de 2013. La Dirección General de Contaduría de Vicente López negó haberla pagado el 8 de abril de 2016. Como fuere, el caso tiene continuidad jurídica más allá del tiempo transcurrido porque el comodato que se encontró en una caja fuerte de los imputados todavía no se agregó al expediente. 

En el libro se menciona que el contrato rubricado el 1º de junio de 2012 “estableció por medio de 14 cláusulas y condiciones acompañadas por la firma del intendente Macri y el mencionado Duarte Díaz, la entrega de las luminarias (12 TSC/Bang Bell Electronics CO LTD y 3 ITC S.A./Bang Bell Electronics) y acoples (15 en total)…” Ese documento no es el único que refleja el vínculo entre la intendencia y la compañía ITC. El 11 de junio de 2013, esta última volvió a cederle material lumínico a la comuna cuyo precio ascendía a 997,47 dólares por unidad. La relación se extendió como mínimo hasta marzo de 2014 cuando el colombiano prófugo envió un mensaje donde preguntaba si la Municipalidad iba a “adquirir los 15 artefactos de iluminación pública” que habían sido cedidos. 

La copia del convenio y la factura que la gestión de Jorge Macri negó haber pagado ante la Justicia, son los documentos que llevan a los autores a preguntarse en el libro si “Vicente López, administrada por el primo Jorge, ¿fue parte de la estructura de blanqueamiento de la plata del narcotráfico?”. ITC todavía figura en el registro de proveedores de la intendencia bajo el CUIT 30-71143337-2257. El desembolso contra la factura del 4 de octubre de 2013 por 203.193,07 pesos fue negado por la subcontadora municipal Julia González y la subdirectora de Despacho y Atención de Proveedores, Lorena Aguirre, en respuesta a un oficio de la Secretaría de Gobierno del municipio. Pasaron cuatro años y medio de esa comunicación interna. El fiscal Federico Delgado que trabajó en la investigación del caso Narco-arroz ahora podría acceder al contrato de comodato que vincula a Duarte Díaz con Vicente López.

Cuando pidió elevar la causa a juicio oral en julio de 2016, señalaba que “en los eslabones superiores de la organización, que responderían a las directivas de la banda central en Colombia, se encuentran Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, Erman Triana Peña y Williams Triana Peña, cuya función principal transita por la administración de los recursos obtenidos del tráfico de droga…” El último de los nombrados fue detenido en Colombia en agosto de 2016 y quedó sometido a un pedido de extradición de la Argentina. En 2010 llegó a tener domicilio en Nordelta.  Duarte Díaz continúa prófugo, no habría salido de nuestro país y se ocultaría bajo una identidad falsa.

La investigación llamada Narco-arroz debe su nombre a un cargamento que iba a salir desde Rosario hacia Europa con escala en Guinea Bissau. Cada grano estaba impregnado con cocaína líquida y el primer indicio lo tuvo la Aduana, derivó en el expediente Nº 413/2011 y se basó en información original de la Policía Nacional colombiana y la Comunidad de Policías de América (Ameripol). En ese marco y cuando investigaban para el libro, Maradeo y Damiani se toparon con un testimonio clave. 

En su trabajo señalan cómo empezó todo. “Tengo un documento”, leyeron en un mensaje de Whats- App que les mandó la fuente. Describieron después el lugar del microcentro donde se encontrarían. Y las cuatro misteriosas hojas que les entregó en mano. Los autores cuentan qué les dijo el informante: “‘Es la conexión entre Jorge Macri y el narcotráfico’, asegura. ‘¿De ahí vienen las denuncias de Lilita?’, preguntamos. ‘No, no tiene idea de esto. Lo que tienen que hacer es mirar la causa Narco-arroz. Está avanzada, pero no tienen esto’, cuenta mientras recoge su gamulán. Interrogamos de dónde lo sacó. Sonríe. ‘Estaba en la caja fuerte de uno de los narcos detenidos. El resto les toca a ustedes, muchachos’”.

El comodato o préstamo de uso gratuito que firmaron el 1º de junio de 2012 Macri y Duarte Díaz por 90 días, no implicaba desembolsos de dinero, ni siquiera una operación del volumen que a menudo tiene la obra pública. Pero describía el lugar dónde debía colocar la comuna las luminarias que cedía ITC: “la plaza pública ubicada junto a la estación Florida del Ferrocarril Mitre, entre la avenida San Martín y Juan B. Justo”. El colombiano fijaba domicilio en el contrato en Viamonte 611, 7º E. El intendente y titular del Bapro que ejerce ambos cargos en simultáneo en Maipú 2609, Olivos.  

Las luminarias son una debilidad de los jefes comunales de Cambiemos. Jorge Macri en Vicente López y Néstor Grindetti en Lanús encarnan esa política que pretende ahorrar energía aunque el ciudadano promedio no pueda pagar ni la tarifa mínima. A fines de febrero pasado, el municipio del primo presidencial anunció que se instalarían 19.783 luminarias de altura, 16.061 de vereda y 930 artefactos más. “El principal objetivo es tener mejor luz, más luminosidad, para que el vecino se sienta más seguro. Hoy estamos cambiando toda la luminaria a LED, lo que nos permite ahorrar mucho en la factura de luz”, declaró Macri mientras recorría la calle Mariano Moreno de Olivos. Desde algún lugar, el prófugo Duarte Díaz recordará cuándo suscribió el comodato y el momento en que emitió la factura por los servicios prestados. Papeles que hoy son una evidencia molesta de hasta dónde es capaz de llegar el narcotráfico. 

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