Marisela tenía 27 años cuando murió. Su mamá la había visto sana y salva la noche del 16 de marzo de 2016, cuando se despidió de ella porque que al día siguiente se iba a trabajar temprano. Nunca se imaginó que la próxima vez que la vería sería en un pasillo del Hospital Simplemente Evita, molida a golpes pero nunca inconciente. A Marisela la mataron tres tipos, en una sesión de tortura que duró entre 3 y 5 horas y de la que hubo decenas de testigos y ninguna fuerza de seguridad respondiendo por Marisela, poniéndola a salvo. Estuvo cuatro días en ese hospital, con un suero y en una camilla en el pasillo, y finalmente murió por las fallas multiorgánicas que le ocasionaron los golpes y patadas. Los medios la revictimizaron: hablaron de un brote psicótico, de una adicción a la cocaína, remarcaron que rompió un vidrio del kiosco donde comenzó el hecho y por eso fue atacada. Excusas, nimiedades, intentos de justificar torpemente lo que tiene un solo nombre: complicidad misógina, especialmente ensañada con las mujeres de bajos recursos. Por algo flota en el aire de quienes la conocieron y tomaron la causa, una frase, dicha por un testigo: a Marisela le dijeron, mientras la ataban a un poste al lado de las vías del tren para seguirle pegando, “¿Vos sos loquita? Nosotros te vamos a dejar más loquita”. El pacto entre los tres asesinos dio sus frutos, porque ese pacto es recibido por una Justicia tan machista como los femicidas, que encontraron en el fiscal Carlos Lupino un cobijo en lugar de una carátula a la altura de las circunstancias. Héctor Daniel Julio, Sergio Daniel Abatedaga y Patricio Barroca no solo están libres, sino que se dan el lujo de pasar por la puerta de la casa de la familia de Marisela, en Gregorio de Laferrère, al grito de “esta es la hija de puta que nos fundió”.

Demasiadas injusticias para dos cuerpos de mujeres, el de Marisela, que ya no está y según denuncia Marta, su mamá, no recibió la atención que necesitaba (“y yo estaba completamente perdida, no entendía nada” se lamenta ahora, que piensa que podría haberla trasladado para salvarla) y el de ella misma, que desde que mataron a su hija no puede dormir, se pregunta todos los días cómo es que una cadena de infortunios la llevó primero a caer en manos de un abogado inescrupuloso, Gonzalo Falcon, que jamás fue a notificarse en la causa y sí se paseó por canales de televisión, jactándose de atenderla gratis, y después a una Justicia lenta y penosa, que caratuló como homicidio preterintencional algo que fue claramente un femicidio. Para el fiscal, los asesinos la golpearon pero sin intención de matarla. Matías Bernal, abogado del Refugio de Víctimas de Violencia Uget Mondaca de Burzaco, tomó la causa cuando ya se había arreglado el juicio abreviado y poco pudo hacer para revertir la condena a un año de prisión que tuvieron los femicidas. “La carátula parece un chiste. Marisela no murió de una gripe, murió de una sumatoria de golpes salvajes. La Justicia es machista y es clasista. Si Marisela hubiera tenido poder adquisitivo hoy los tipos estarían presos porque su crimen fue aberrante. El abogado anterior me dijo que él respetaba los plazos de la Justicia y así se apagó la chance de pedir el cambio de carátula y llegar a un juicio oral. Yo no respeto a una Justicia que condena a una mujer por ser mujer y por ser pobre, porque me juego la cabeza que si hubiera sido un hombre no lo hubieran atado a un poste y no lo hubieran torturado durante horas como lo hicieron con Marisela, ante la mirada de otros vecinos que no solo no hicieron nada sino que se burlaban de la situación” dice Bernal.  

Marta, sin embargo, tiene esperanzas. Las depositó fuertemente en el Consejo de la Mujer (ahora llamado INAM, Instituto Nacional de las Mujeres, con Fabiana Tuñez al frente) cuando la convocaron, cuatro meses después del femicidio de su hija, a una Mesa de Trabajo de Familiares de Víctimas de Femicidio. Pero las cosas se fueron desvirtuando con el tiempo y hoy, muchos de esos familiares se abrieron y fundaron su propia red: Red de Familiares Atravesados por el Femicidio. Manuel Iglesias, hermano de Laura, violada y asesinada el 29 de mayo de 2013 en Miramar, lo explica de esta manera: “El 18 de agosto de 2016 asistí a la Mesa de trabajo con Familiares de Víctimas de Femicidio, convocado por Maira Luz Tipaldo, del equipo técnico de la Subsecretaría del Consejo Nacional de las Mujeres. Ahí me encontré con otros familiares contando situaciones muy dolorosas, y yo también conté el caso de mi hermana Laura. Estaban también Marta Pizl y Mariano Pozo Pizl, su hermano, quienes contaron el terrible caso de Marisela. Lloramos todos. Yo no sabía muy bien en qué consistía y cómo funcionaba, empecé a preguntar qué se podía hacer, de qué manera se podía ayudar pero nunca había respuestas concretas”. En alguna de esas reuniones, que se realizan los días jueves, les dieron una copia de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. “Me puse a leerla y además del acompañamiento y la asistencia, la ley habla del patrocinio gratuito para las víctimas. Y no sé muy bien por qué pero eso no se da, siempre me daban evasivas cuando yo lo preguntaba. Lo cierto es que la ley es clara y precisa pero en la práctica no se cumple y el organismo que tiene que garantizarlo no lo ofrece. Un día llegó Marta diciendo que no tenía copia del expediente, pero el Consejo no ayudó a costearla sino que tuvo que hacerlo Bernal, su abogado”. Cuando los y las familiares empezaron a organizarse y a informar nuevos casos, tampoco tenían muchas respuestas, más que ese espacio donde cada unx contaba sus penas y sus pesares, las trabas de la Justicia y los nuevos casos que aparecen cada día.

Marisela Inés Pozo Pizl

Manuel, Oscar Galliano (hermano de Roxana, a quien mandó a matar su marido el 16 de enero de 2008), Leónidas Mateu (padre de Mara, violada y asesinada en Santa Teresita el 23 de marzo de 2008) y Marcela Morera (madre de Julieta Mena, asesinada a golpes por su pareja el 11 de octubre de 2015), entre otrxs familiares de víctimas, propusieron coordinar con los municipios para que un equipo se traslade al lugar del hecho violento, con un abogado, una psicóloga y la asistencia médica necesaria. “Lo propuse y lo escucharon, pero nada más. Lo único bueno que pude sacar de ahí es haber conocido a otros familiares, gente solidaria con la que pudimos organizarnos.

El 11 de febrero de este año, en una reunión bastante áspera, nos dieron una hoja donde se decía que el grupo de whatsapp, la página y el mail del grupo no los íbamos a manejar más las víctimas sino ellos, que querían digitar lo que se decía y lo que no, viendo nuestro descontento. A mí me pareció totalmente desubicado y lo objeté, pero no les importó. Nos mintieron muchas veces además, a veces con cosas banales, pero otras con cosas más serias. Al día siguiente informamos al grupo que íbamos a conformar uno nuevo y la gran mayoría estuvo de acuerdo. Sin dejar el INAM, porque hay que seguir exigiéndoles, seguir remarcando la responsabilidad del Estado en estos femicidios”, explica Iglesias. Al día de hoy, Familiares Atravesados por el Femicidio ya intervino en varios casos: el de una mujer que estando en Rosario fue atacada por su ex pareja, quien la atacó con un arma a ella y a los hijos, articularon con el municipio y otras organizaciones para conseguir un lugar donde pudiera ir. Otro caso fue el de Nadia Yanina Arrieta, violada y degollada el 28 de febrero pasado en Villa Tesei. La Red se movilizó rápidamente para asesorar a la familia para que se constituyeran como particulares damnificados, hartos de escuchar fiscales y fuerzas de seguridad que intentan persuadir a personas sin acceso a un abogado privado de que no lo hagan, perdiendo entonces la posibilidad de un juicio oral futuro. “En la mayoría de los casos son familias muy humildes, que no tienen chance de asesorarse de otro modo que escuchando lo que les dicen en las fiscalías y comisarías, que tantas veces quieren archivar las causas. Nuestro deseo es seguir articulando, llegar a cubrir todo el país, y si fuera posible llegar a otros países, porque tenemos casos de mujeres argentinas que mataron en el exterior y los casos quedan en la nada. Ese es nuestro deseo a pesar de la dificultad y las trabas que el propio Estado pone.”

En septiembre del año pasado, el Gobierno anunció la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en reemplazo del Consejo Nacional de las Mujeres, con la idea de “jerarquizar al organismo que genera políticas públicas para las mujeres como un ente descentralizado”. En ese momento, Fabiana Tuñez, que ya dirigía el CNM, celebró la noticia y dijo “ganamos autonomía, manejo de presupuesto y la posibilidad de ampliar el marco de acción para potenciar los lineamientos de la Ley N° 26.485, profundizando un modelo inclusivo y de participación con equidad”. Lo cierto es que, a diferencia de lo que festeja Tuñez, quien hace pocos días dijo que Mauricio Macri era “el feminista menos pensado” en el marco del debate por la legalización del aborto, el INAM tiene 2 millones de pesos menos de presupuesto asignado en 2018 respecto del año anterior, e independientemente de la autarquía del organismo pocas son las buenas noticias que salen de allí para las mujeres, lesbianas, trans y travestis a quienes deberían asistir, contener y asesorar en casos de violencia machista. No por nada los familiares que se mencionan en esta nota, muchos de ellos protagonistas de casos emblemáticos, quieren denunciar la desidia con la que son tratados. “Ya no tengo fuerza ni ganas de trabajar” dice Marta. “Estos tipos pasan por la puerta de mi casa, no entiendo ¿Por qué no hay justicia en mi caso? Si hay videos que certifican lo que le hicieron. ¿Como puede ser que los jueces no hayan hecho nada? Los de Casación cerraron el caso y en la Corte Suprema no nos dieron bolilla. No duermo de noche, pienso lo que ella sufrió, que pedía por mí y todo eso gira en mi cabeza. Tuvieron un año de pena y jamás estuvieron en la cárcel. Con el INAM yo tenía confianza que nos estábamos ayudando pero parece que no. Jamás hicieron nada. Y eso que fui todos los jueves, lloviera o tronara, a veces sin plata para llegar”. Para Bernal la causa está agotada. “Lamentablemente, por desidia de la Justicia, desidia de los organismos del Estado que tendrían que haber acompañado y asesorado a la familia, hoy estos asesinos están en libertad. No solo no ayudan a las víctimas sino que las revictimizan. Hoy el INAM es un órgano burocrático que sirve para que el gobierno nacional lave culpas. A Marta la recibieron Juliana Awada y Carolina Stanley en Olivos, las fotos divinas pero en la práctica no la ayudaron en nada. Es todo una realidad paralela: hacen que hacen y mientras tanto a las mujeres las siguen matando.”