El presidente de la Legislatura de Tucumán y vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, se negó a recibir a organismos de derechos humanos que buscaban explicarle por qué repudian la designación de Facundo Maggio como juez penal provincial. El vicegobernador no solo se negó a recibirlos, sino que ordenó que sean echados del Palacio legislativo por la Policía. “¿Qué garantía puede brindar como juez alguien que ejerce el derecho para defender genocidas y revictimizar sobrevivientes?”, se preguntó Marta Rondoletto, de Fundación Memorias e Identidades de Tucumán, una de las referentes desalojadas ayer de la antesala del despacho de Jaldo. La designación de Maggio se votará hoy a primera hora en el recinto, pero de manera nominal. “Por sí o por no, ninguno podrá argumentar su voto”, informó Rondoletto. 

Referentes de Madres de Plaza de Mayo, Hijos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán además de familiares de víctimas de los crímenes que el terrorismo de Estado aplicó en esa provincia quisieron, sin éxito, que legisladores oficialistas incluido el presidente de la Legislatura provincial oyeran los argumentos sobre los que basan su “repudio completo” a la designación de Maggio como juez penal provincial. “Le queríamos expresar que nuestro rechazo no es institucional porque no es un problema de sobrevivientes de la dictadura o familiares de desaparecidos, sino ciudadano. ¿Qué garantía puede brindar como juez alguien que ejerce el derecho para defender genocidas y revictimizar sobrevivientes?”, resumió Rondoletto. Ya lo habían hecho el martes ante la Comisión de Peticiones y Acuerdos, cuyos integrantes, al día siguiente, aprobaron por mayoría el dictamen que puso a Maggio a un paso de su nuevo cargo. Hoy será la votación general que, todo indica, convertirá al defensor de genocidas en juez.  

Ayer, los organismos de derechos humanos de Tucumán designaron un grupo de 12 referentes que se dividieron para intentar hablar con Jaldo y el resto de los legisladores oficialistas. Rondoletto junto a la Madre de Plaza de Mayo Sara Mrad y un familiar de una víctima de la última dictadura llegaron hasta la antesala del presidente de la Legislatura. Contó Rondoletto: “Nos paró la policía y un grupo de guardaespaldas. Un señor que entraba y salía del despacho de Jaldo nos dijo varias veces que no iba a poder recibirnos hoy (por ayer), que sí podría el viernes después de la votación. Qué vivo, nosotros queríamos verlo para evitar esa votación”. Tras casi dos horas de espera, los guardaespaldas se pusieron más duros y echaron a la Madre de Plaza de Mayo y al familiar de desaparecidos.

El otro grupo de referentes recorrió los pasillos de la Legislatura con el objetivo de ubicar a algún legislador. “No había nadie, no sabemos si se escondieron de nosotros o si no habían ido a trabajar. Los compañeros dejaron de recorrerlos cuando se dieron cuenta de que los seguían los policías”, apuntó Rondoletto. Ella tampoco pudo estar mucho tiempo más esperando: “Al rato, un guardaespalda me dijo ‘Señora, usted también se va’. Como me resistí, una mujer policía me agarró y me terminó bajando hasta la puerta. Me tomaron los datos en la oficina de la guardia policial y me dejaron ir”, resumió.