La Corte Suprema de Justicia le dio un empujoncito a la pretensión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por arrancarles la personería gremial a los metrodelegados. Ayer, los supremos desestimaron el recurso extraordinario que habían presentado los trabajadores del subte por considerar que “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable” dejando a este sindicato en una especie de limbo que favorece a los colectiveros que dirige Roberto Fernández. Como si fuera una casualidad, la decisión de la Corte se hizo pública 24 horas después del paro de los metrodelegados por la compra de formaciones a España por fuera del proceso de licitación y que, por si fuera poco, contienen material cancerígeno. Para el secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, no cabe duda de que “la Corte está convalidando que en la Argentina no hay libertad sindical”.

El fallo de los supremos lleva la firma de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Este último se limitó a declarar inadmisible la queja, mientras que Highton de Nolasco, Maqueda y Rosenkrantz señalaron que no se trata de una sentencia definitiva, dejando la puerta abierta para que los Metrodelegados repitan el pedido de compulsa ante el Ministerio de Trabajo.

El escrito, excesivamente corto, favorece a los intereses de UTA que desde siempre desconoció a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (metrodelegados) pero durante el gobierno anterior evitó resolver el conflicto en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Se trata de un procedimiento administrativo que consiste en la realización de una compulsa que demuestre cuál de los dos gremios tienen mayor representatividad entre los trabajadores del subterráneo porteño. Según Pianelli la UTA le esquivó a ese trámite y, en cambio, prefirió recurrir a la justicia. La llegada de Cambiemos al gobierno y el alineamiento de una parte importante del Poder Judicial a las políticas que emanan de la Casa Rosada se transformaron en el peor escenario para los metrodelegados.

“Dimos todos los pasos requeridos por la ley, la UTA estuvo tres años sin presentarse a la compulsa y va a seguir haciendo lo mismo”, aseguró Pianelli, quien además anticipó que llevarán la causa en la OIT.

Entre los metrodelegados no hay duda sobre la intencionalidad política que tiene el fallo que busca favorecer a la UTA. “Fernández es un aliado del gobierno que incluso acompaña los aumentos de tarifas”, dicen en el sindicato que ayer comenzó a discutir con Metrovías las paritarias para este año. Los metrodelegados rechazan el acuerdo alcanzado a fines de febrero por la UTA que prevé, como desea el gobierno, un incremento salarial del 15 por ciento pagadero en tres cuotas, la última de ellas en enero de 2019. Pero la alianza de Fernández no termina solo allí. En diciembre del año pasado abortó el paro de la CGT en contra de la ley de reforma previsional que, además, dinamitó al triunvirato que supo respaldar.

En ese marco, Pianelli aseguró que el fallo no sólo es “irracional” sino que también funge como un premio para la UTA por su adhesión a las políticas del gobierno. “Esta actitud escandalosa de la Corte intenta darle representatividad a gente que hace años que la perdió”, advirtió Pianelli. Si bien el dirigente sindical consideró que hoy la asamblea de delegados decidirá cuáles serán los pasos a seguir, no se descarta la implementación de un plan de lucha, también dijo que es poco probable que el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, y la UTA se animen a realizar la compulsa porque la mayoría de los trabajadores del subterráneo y el premetro están afiliados a los metrodelegados. Ayer, por caso, el también dirigente de los metrodelegados, Néstor Segovia, recordó que su organización sindical suma unos 3500 afiliados por encima de lo que aglutina la UTA. Pero Segovia advirtió que detrás de este el fallo lo que se viene es la flexibilización del trabajo en el subterráneo, por ejemplo la ampliación de las horas de servicio de los empleados, para facilitar el ingreso de una nueva empresa. “Lo que están buscando es regresar a los noventa y para eso es necesario terminar con los derechos adquiridos”, aseguró Segovia.