Desde Córdoba
Córdoba conserva alrededor del 3,5 por ciento de su bosque nativo original (12 millones de hectáreas). Los impactos de ese escenario ecológico se manifiestan en graves inundaciones, desertificación de suelos, pérdida de producción campesina. A pesar de este cuadro, legisladores oficialistas (Unión por Córdoba) y parte de la oposición (UCR-Cambiemos) buscan avanzar con un proyecto que afectaría buena parte de ese monte que sobrevive. Investigadores y organizaciones sociales alertan sobre la gravedad de esta iniciativa a la que denominan “ley de ecocidio”.
A horas de realizarse la audiencia pública convocada de forma sorpresiva por el oficialismo para hoy en Villa de María de Río Seco, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo para frenar esa instancia. En paralelo, más de cuarenta organizaciones de diversos puntos de la provincia cuestionaron la decisión de retirar de la Legislatura esta herramienta democrática. El argumento para detener la audiencia, un paso obligatorio para la aprobación de la norma, fue la violación del derecho de participación previsto en la Ley General del Ambiente y la Ley Nacional de Bosques. El oficialismo buscará aprobar el proyecto de todas formas el 28 de este mes.
La ley 9814 (2010) es la normativa con la cual Córdoba se ajustó a la ley nacional de bosques nativos (2007). Esa ley se sancionó a espaldas de técnicos y una multiplicidad de organizaciones que, tras dos años de trabajo en un ámbito oficial, habían establecido ubicar en zonas de máximo valor de conservación (categoría roja), 4 millones de hectáreas de monte. A último momento, a pedido del sector empresario rural, se aprobó una normativa que protegió sólo 1.800.000 hectáreas. Ahora, el sector empresario, encabezado por la Mesa de Enlace, busca avanzar aún más para expandir la ganadería industrial en áreas del norte donde no pudo avanzar la soja (ver aparte). La ley nacional establece una actualización del ordenamiento cada cinco años. El gobierno de Juan Schiaretti inició este año una mesa de trabajo que desembocó en el anteproyecto actual, alineado con los intereses del agronegocios.
Los legisladores oficialistas buscan aprobar el texto antes de fin de año. Entre otros puntos, las organizaciones socioambientales denuncian que se habilitará el desmonte en categorías roja y amarilla (alto y mediano valor de conservación), ya sea con topadoras, rolos o químicos; se reducirá la superficie a proteger, en violación del principio de no regresividad de la ley nacional; permitirá la minería en zonas rojas; cambiará la autoridad de aplicación de Ambiente a Ciencia, omitiendo las competencias ministeriales; e incorporará en la regulación a los bosques exóticos.
La mayor parte de las áreas actualmente protegidas se encuentran sobre el arco noroeste. Gracias a la biodiversidad que otorga el monte, miles de familias campesinas de ese territorio sostienen sus prácticas productivas, con ganadería caprina, cultivos para autoconsumo y apicultura. En Cruz del Eje, una de las cabeceras de la región, se manifestó en las rutas la Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba, más de mil familias nucleadas en cooperativas de esa ciudad, San Marcos Sierra, Villa de Soto, entre otros puntos. Melisa Geisa, del colectivo Apinoc, explicó que allí “hay más de 73 especies nativas que se aprovechan para hacer miel”. “Permitir el rolado del arbustal, como plantean es ir contra el trabajo y la forma de vida de estas familias”. Geisa plantea que “hay generaciones y generaciones campesinas que producen con el monte, y no necesitan esta nueva ley, más bien hace falta recuperar lo que ya se desmontó”.
Otra de las áreas en riesgo es Traslasierra, oeste provincial, donde se sitúan Villa Dolores, Nono, Mina Calvero. Matías Muñoz, apicultor y técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, entiende que allí “los desarrollistas inmobiliarios están esperando con los brazos abiertos esta norma”. La intención es “construir cada vez en zonas más altas de las sierras para el turismo”. Por otra parte, en la llanura transerrana “sería terminar de cubrir de monocultivo”. En su zona, “están poniendo en riesgo cerca de ochenta familias” que aprovechan las especies nativas para la apicultura.
Cristian Schneider (Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas) agrega que “en ambientes serranos, de pastizales y arbustales, pretenden avanzar con la minería (artículo 20°)”. En paralelo, “se intensificará el desarrollo inmobiliario”, vinculado a barrios cerrados y áreas ribereñas cercanas a Córdoba Capital. En ese corredor, donde la coordinadora denuncia desde hace años el impacto del desmonte en el cambio de dinámica de los ríos, los loteos descontrolados no cesan pese a las inundaciones de 2015, que dejaron una decena de muertos, puentes y casas destruidas.
El investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal-Conicet Marcelo Cabido entiende que “en base a los planteos del sector productivista hay más de un millón de hectáreas en riesgo de pasar de categoría roja a amarilla, para ser intervenidas”. Este biólogo, parte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático premiado con el Nobel de la Paz en 2007, explica que de prosperar el proyecto “sectores empresarios irán por ese monte que queda, porque justamente lo han protegido manos campesinas, y habrá un cambio dramático en la tenencia de la tierra”.
