Fueron dos acciones casi simultáneas. Por un lado, la diputada provincial Silvia Augsburger, del bloque Igualdad y Participación, presentó ayer a la mañana una nota al gobernador Miguel Lifschitz con la firma de decenas de organizaciones de mujeres, sociales, sindicales y políticas, para pedir que no se elevara el pliego del abogado santafesino Marcelo Gelcich (foto) como juez del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual número 6 de Rosario. Gelcich es cuestionado por sus manifestaciones públicas contra los derechos de las mujeres, los niños y las personas con orientaciones diferentes a la heterosexual. Al mismo tiempo, el gobernador decidió omitir por segunda vez a este postulante, y elevó a la Legislatura los pliegos de Edgardo Bonomelli y Jorgelina Entrocasi, primero y tercero en el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura.
La insistencia de Gelcich en postularse para ocupar un juzgado se publicó el lunes, en Rosario/12. Ya en diciembre, Lifschitz había desistido de enviar el pliego para ocupar un juzgado civil de Santa Fe, ante las críticas del movimiento de mujeres de la capital provincial. "Creo que claramente la decisión que toma el gobernador es fruto del rechazo generalizado de las organizaciones de mujeres que visibilizan la posición pública de este candidato a juez, absolutamente contrarias a las políticas de derechs humanos y a derechos, con desconocimiento absoluto de las leyes que protegen los derechos de niños, niñas, y adolescentes, así como de las mujeres", consideró Augsburger ayer a la tarde, tras el envío de los otros dos pliegos.
De acuerdo al orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura, el gobernador tiene la potestad de decidir a quién propone para ocupar el cargo judicial, y es la Asamblea Legislativa la que debe dar acuerdo.
En la carta que presentaron ayer las organizaciones de mujeres, se solicitaba justamente al gobernador que no enviara el pliego, y argumentaban que "el aspirante a juez señor Marcelo Germán Gelcich ha adherido a conceptos que califican ciertas orientaciones sexuales como inmorales", lo que atenta "contra el ordenamiento legal vigente".
Pero también el abogado -cuyos perfiles en redes sociales ya no existen- expresó "desprecio por la salud y la vida de las mujeres en circunstancias de embarazos de riesgo y a su capacidad de tomar decisiones". La carta considera que es "grave para quien aspira a aplicar la ley desde una magistratura encuadrar erróneamente como delito de lesa humanidad a los abortos permitidos por el Código Penal, que además merecieran una fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2012 que, como intérprete última de la Constitución, se expidiera largamente sobre la constitucionalidad del aborto en Argentina".
