El juez federal Francisco Miño ordenó la declaración indagatoria de su par federal Reinaldo Rodríguez: será el 6 de abril a las 10. El magistrado accedió al pedido del fiscal federal Walter Rodríguez, quien solicitó la misma luego de una investigación por fraude en perjuicio de la administración pública y el dictado de resoluciones contrarias a la ley o resoluciones falsas. En rigor fue el Tribunal Oral de Santa Fe -por pedido del fiscal Martín Suárez Faisal- el que ordenó profundizar la investigación sobre el magistrado por una maniobra con títulos públicos en default, comprados después de la crisis de 2001 y cobrados a valor nominal por un monto de casi 700 mil pesos, en marzo de 2005. Por estos hechos ya hay dos condenados: el inversionista, Miguel Dubarry y su abogado, Carlos Clerc, a dos años y 10 meses de cárcel en suspenso por "defraudación" al Estado.
La sentencia -de octubre de 2017- puso bajo la lupa al juez federal Nº 1 Rodríguez, quien había ordenado el pago a Dubarry en octubre de 2004. El magistrado había zafado en el Consejo de la Magistratura, en 2007 con un simple apercibimiento, pero este último juicio destapó un cruce de llamadas telefónicas con Clerc, dos de ellas a un departamento en bulevar Gálvez, en el macrocentro, que el fiscal Suárez Faisal descubrió que lo alquilaba el magistrado.
El juicio a Dubarry y Clerc se realizó en el último trimestre del año anterior, y el veredicto se conoció el 11 de octubre. Entre los fundamentos del fallo el Tribunal definió "un plan para obtener el pago de bonos" en default. "Dubarry y su abogado presentaron el amparo el 29 de setiembre de 2004. Antes del mes, el 22 de octubre, el juez Rodríguez dictó la cautelar, y el 25 de noviembre intimó al Estado a cumplir la medida. El pago se efectivizó el 4 de abril de 2005 por 649.023 pesos, en dos cheques librados por la Caja de Valores (442.802 y 203.624 pesos). "Hasta ahora, el Estado no ha logrado recuperar esos fondos", decía la sentencia.
El primer voto fue del presidente del Tribunal, Luciano Lauría, al que se sumaron sus colegas María Ivón Vella y José María Escobar Cello.
En el debate, el fiscal Suárez Faisal probó que Dubarry compró los títulos en default entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2003, después de la crisis de 2001 y cuando ya se cotizaban entre "un 20 y un 30 por ciento" de su precio. Los llamaban "moneda de quiebra". Lo que era una "maniobra especulativa" -dijo el Tribunal-, se convirtió después en un "plan" para cobrarlos a su valor nominal. Y para eso, Clerc "aportó su conocimiento" y la "estrategia jurídica".
"El primer paso fue incorporar" al amparo al suegro de Dubarry, Fernando Burgnard, "cuya avanzada edad y fragilidad de salud permitían ingresar el reclamo dentro de las excepciones previstas" en las normas. Y el segundo, fraguar "un cambio de domicilio" en el DNI de Burgnard que les permitiera interponer la acción ante el juez Rodríguez. La dirección elegida era en Rafaela, que resultó ser un baldío y luego el Registro Civil de esa ciudad informó que la anotación y el sello eran falsos.
El Tribunal mencionó como un "indicio del ardid" la forma en que se judicializó el DNI trucho de Burgnard. "Es aquí donde adquiere relevancia la relación" entre Clerc y el juez, según el testimonio de dos funcionarias del juzgado que declararon en el juicio.
Y en ese contexto, valoró el cruce de llamadas telefónicas "desde el domicilio de Clerc al domicilio del juez Rodríguez, en Santa Fe". Una, el 4 de agosto de 2004, a las 20.57. Y la otra, el 25 de noviembre del mismo año, a las 13.45. El domicilio del magistrado era el departamento en bulevar Gálvez, que alquiló entre 2002 y 2005.
"Se concibe así la maniobra ardidosa desde la relación entre Clerc y el juez federal Nº 1. No existe otra situación personal, familiar, profesional, cultural o histórica que relacione a los imputados con la ciudad o su zona de influencia. Tal es así que Clerc constituyó domicilio procesal en el Colegio de Abogados de Santa Fe", sin firmar ningún convenio.
"Estos indicios, coincidentes y concordantes, evidencian el conocimiento que tenía Clerc del criterio del magistrado respecto de la competencia territorial y por ello necesitó acreditar el domicilio real del amparista" en Rafaela y "así interponer la acción en su juzgado", agrega el fallo que publicara Rosario/12 con la firma del corresponsal Juan Carlos Tizziani.
El Tribunal se hizo la misma pregunta que se planteó el fiscal Suárez Faisal en su alegato: "¿Por qué el amparo se presentó en Santa Fe? Y se contestó: "Porque Clerc y sus socios" a los que en el Juzgado llamaban los Cuntos, "conocían al magistrado".
Entre Clerc y el juez hubo numerosas comunicaciones telefónicas antes y durante la tramitación del amparo. Y "ese trato preferencial que el juez les daba a Clerc y a otros abogados de Lomas de Zamora motivó un pronunciamiento del Consejo de la Magistratura que le aplicó un apercibimiento al juez", en 2007, recordó el Tribunal, que ordenó "remitir a la Fiscalía Federal en turno", las pruebas valoradas en el juicio a Dubarry y Clerc, entre ellas "los registros de las comunicaciones telefónicas" y el "soporte digital del debate" para que "se profundice la investigación".
