El fallo de la Corte Suprema que dejó la personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en un limbo favorable a los intereses de la Unión Tranviario Automotor (UTA) será motivo de demandas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras tanto, los metrodelegados aseguraron ayer en conferencia de prensa que continuarán representando a sus afiliados y advirtieron que sólo recurrirán a medidas de fuerza si Subterráneo de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) desconoce su condición de representantes de los trabajadores del subte tanto en la denuncia por la existencia de material cancerígeno en formaciones adquiridas por el macrismo y en la discusión paritaria. “No descartamos tomar medidas de autodefensa”, aseguró Roberto Pianelli.

Para los dirigentes de metrodelegados, Roberto Pianelli y Néstor Segovia, no hay dudas de la condición política del fallo de los supremos. Por caso, Pianelli dijo durante la conferencia de prensa de ayer que “la respuesta a nuestro reclamo por asbesto (amianto) en los vagones de la Línea B llegó a través de la Corte, de una Corte adicta al Gobierno, que falla a favor de los sindicatos que firman paritarias a la baja (en alusión a la UTA)”. La referencia al gremio que conduce Roberto Fernández no es gratuita. La UTA cerró paritarias por el 15 por ciento que se pagarán en tres cuotas siendo la última pagadera en enero de 2019. Más allá de ese detalle lo cierto es que sobre un universo de 3.500 empleados que tiene el subte, los metrodelegados cuentan con 2600 afiliados y la UTA apenas 900. Esta es la razón por la que los colectiveros nunca aceptaron realizar ante la cartera laboral lo que conoce como la compulsa, un procedimiento donde los gremios que se disputan la representación de los trabajadores deben demostrar la cantidad de afiliados que tienen.

Ayer, durante la mañana, Segovia señaló que la decisión de la Corte “es parte de la persecución política y sindical que está habiendo en este país” y además afirmó que a pesar de todos los trámites realizados en estos últimos años, el gobierno de Cambiemos, el Ministerio que conduce Jorge Triaca y Metrovías se negaron a recibirlos.

Por ahora los metrodelegados tienen dos caminos a desarrollar. Por un lado presentar las demandas ante la OIT y la CIDH por entender que el fallo de la Corte representa “un ataque a la libertad sindical”. El otro camino es el de continuar representando a los trabajadores. Por caso, el próximo lunes debe realizarse una reunión con Sbase por la denuncia de la existencia de asbesto en las formaciones españolas que adquirió el gobierno porteño. “Si no nos reciben para acordar hacer estudios de salud a los compañeros para saber si están contaminados, tendremos que tomar alguna medida”, adelantó Pianelli. Ese no será el único día crítico porque el próximo 23 debe realizarse una nueva reunión paritaria y Pianelli señaló que si la pretensión es discutirla con la UTA “entonces habrá conflicto”.

Ayer los dirigentes reiteraron que la pretendida anulación del sindicato está relacionada con la nueva licitación del servicio de subterráneos: “Quieren garantizarle a la próxima empresa la posibilidad de que vuelva la jornada laboral de 8 horas y anular otras conquistas que obtuvimos ”, consideró otro de los metrodelegados, Claudio Dellacarbonara.