La Corte Suprema rechazó conceder la habilitación del Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) que iba a llevar adelante dos grandes juicios contra Cristina Fernández de Kirchner: el del supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que se inició con la denuncia de Alberto Nisman, y el de la obra pública en Santa Cruz, que se había fusionado con el expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez y su círculo cercano. La mayoría de los jueces supremos objetó el modo en que fueron nombrados los integrantes del tribunal oral en cuestión, a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado, y por una mayoría simple (del oficialismo) del Consejo de la Magistratura, en virtud de una ley que impulsó el gobierno de Mauricio Macri que permitió transformar sin más tribunales criminales ordinarios en tribunales federales pese a que tienen competencias muy distintas. La acordada firmada ayer es lapidaria con la Cámara de Casación Penal Federal, que había incluido al TOF9 en el sorteo de causas cuando la Corte aún no le había dado el visto bueno para funcionar, y casualmente le habían tocado los casos más resonantes contra la ex presidenta. Como consecuencia, se volverán a sortear entre el resto de los tribunales, que sí tienen habilitación.

La maniobra del Gobierno de armar tribunales a su antojo, fue anticipada por PáginaI12 el 28 febrero de 2017, cuando informó sobre las consecuencias que traería una ley (27.307) impulsada por Cambiemos, aprobada el 30 de diciembre de 2016, que preveía convertir cinco tribunales orales criminales (que se ocupan de delitos comunes, como los robos) en tribunales con competencia federal. Es decir, tres jueces del fuero ordinario se transformarían en jueces federales por la decisión de una simple mayoría del Consejo de la Magistratura. El argumento era que los tribunales orales federales existentes, que eran originalmente seis, no alcanzaban y que hay una crisis de nombramientos. Esa operación para colonizar juzgados comenzó a ser visible cuando, en diciembre del año pasado, fueron aprobados los nombres de los tres jueces que integrarían el TOF9. Esa es la jugada que la Corte Suprema desbarató con su acordada de ayer. Además, en la comunidad judicial, todo el mundo sabe que el Consejo preparaba más nombramientos para las próximas semanas.

Sorpresa suprema

La decisión de la Corte tiene tres puntos claves:

  • Una mayoría de tres jueces, que son Ricardo Lorenzetti, Horacio  Rosatti y Juan Carlos Maqueda, se negaron a darle la habilitación al Tribunal Oral Federal 9, porque dicen que se conformó burlando reglas constitucionales elementales, como que los integrantes designados obtengan acuerdo del Senado para esa función. Esto último, recuerdan los supremos, actúa como freno “al favoritismo presidencial”.
  • Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz avalaron el traspaso de jueces sin nuevo nombramiento y la transformación de un tribunal en otro aunque tenga diferente competencia, como impulsó el Gobierno. Ellos creen que el TOF9 podía ser habilitado. Pero coincidieron con la mayoría en que los sorteos de causas que ya se practicaron son nulos porque la habilitación no había sido concedida aún.
  • La mayoría de tres supremos cuestiona la ley que permite traspasar jueces de tribunales con distinta competencia porque, en virtud de ella, el Consejo eludió con el Tribunal 9 todo el procedimiento que prevé que jueces y juezas sean “designados por el Poder Ejecutivo, en base a una nueva terna vinculante del Consejo de la Magistratura, previo acuerdo del Senado”.     

El resultado de la decisión de la Corte es que el TOF9 deja de existir tal como ya estaba constituido, que sus integrantes deberían ser designados con el proceso de concurso habitual, y que todas las causas que le habían sido asignadas serán sorteadas de nuevo entre los tribunales que la Corte sí reconoce que son los que llevan los números del 1 al 8.   

Un tribunal para CFK  

El Tribunal Oral Federal 9 quedó conformado en diciembre del año pasado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Integraban hasta entonces el Tribunal Oral Criminal 10, que fue federalizado. Sus nombres fueron postulados por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, quien trabajó con Noceti años atrás. Como informó este diario, Noceti Achával es considerado un ultraconservador de posturas duras y fue cuestionado por organismos de derechos humanos cuando en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza donde era subrogante, dijo que son delitos que prescriben. Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex titular de la Asociación de Magistrados, que hacía campaña antikirchnerista. Becerra es de carrera judicial, perfil conservador e hijo de un general del Ejército. Quedaron convertidos en jueces federales con el voto, además de Mahiques, del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, los radicales Angel Rozas y Mario Negri, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes y el presidente del Consejo que siempre vota con el macrismo, el abogado Miguel Piedcasas.

El 12 de diciembre, la Cámara de Casación Penal, que es un tribunal intermedio entre la Corte y la Cámara Federal, del cual dependen los tribunales orales, le pidió al alto tribunal la habilitación del TOF9. Lo único que respondió de inmediato la Corte fue que estaban dadas las condiciones presupuestarias y de infraestructura, pero no dijo que concedía la habilitación. De todos modos, Casación –presidida entonces por Liliana Catucci– invitó a los elegidos y la elegida a “tomar posesión del cargo” e incluyó al tribunal nuevo que dio por bueno en los sorteos de expedientes.

El primer escándalo se produjo con el sorteo de la famosa causa de lavado contra Báez, en la que CFK no estaba incluida. Cuando el juez Sebastián Casanello al volver de la feria quiso cargar el expediente en el sistema para que se sorteara un tribunal oral, no lo lograba. La computadora le marcaba “error”. Los técnicos le dijeron que la “minuta” que debe resumir el expediente y los acusados era muy pesada. La defensa del empresario pidió que el sorteo se hiciera de manera manual, por los problemas que se presentaron y por los antecedentes de manipulación en la asignación de causas, que incluso son investigados por la jueza María Servini de Cubría. Casación, ya con Eduardo Riggi en la presidencia, rechazó el sorteo con bolillero. Recién al tercer intento se hizo el sorteo informático y le tocó al TOF9. Un mes después, se declaró la conexidad de la causa de la obra pública en Santa Cruz donde CFK está acusada de asociación ilícita, y fue enviada a ese mismo tribunal para juntar con el caso de Báez (tal como venían clamando la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, órganos del Poder Ejecutivo, con aval de la Cámara Federal). Un día antes, el TOF9 recibió también la causa del Memorándum con Irán, iniciada por Nisman con la ex presidenta y el ex canciller Héctor Timerman como principales acusados, en la que ahora está detenido Carlos Zannini. Las defensas también habían pedido el sorteo manual, que fue rechazado por el presidente de Casación.

Todo esto sucedió mientras el tribunal oral, además, funcionaba sin la habilitación correspondiente y nadie había tomado juramento a los jueces. Dentro de Casación todos apuntan contra Riggi, y en parte su antecesora, Catucci, además del secretario Javier Carbajo. Una crítica de la Corte les duele. Ayer el revuelo fue grande y nadie descarta consecuencias internas para las autoridades. La acordada suprema fue durísima: dispuso “exhortar enfáticamente a la Cámara Federal de Casación Penal a que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte”.

Pero el mensaje también fue hacia el Consejo de la Magistratura (donde manda Cambiemos), que es un órgano con el que la Corte tiene un enfrentamiento de poder histórico, y hacia el Gobierno, que no sólo aplicó “traslados” de jueces a lugares estratégicos con la ley de los tribunales orales sino con votaciones lisas y llanas, como se hizo con Carlos Mahiques –padre del representante del Ejecutivo en el Consejo–, que pasó de la Casación ordinaria a la Casación Federal, y ayer mismo con el juez de tribunal oral federal Leopoldo Bruglia, que se ganó el cargo de camarista federal en el lugar que había ocupado Eduardo Freiler, sin que se abriera el concurso. La Corte, o algunos de sus miembros, suelen patalear cuando desde la política no les dan plena participación en estas estrategias. La acordada, así, suprema cuestiona todos los mecanismos de “traslados” de jueces que, explica, no están previstos en la Constitución y atentan contra la modalidad de designación allí establecida; agrega que “no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los tribunales federales” porque  tienen distinta competencia. “Mora, Nocetti Achával y Becerra carecen de la investidura de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9”, especifica la Corte.

“Estamos sorprendidos porque no sabíamos que existía un expediente de este tipo en la Corte”, dijo a este diario Roberto Boico, abogado de CFK. “Es una decisión que golpea al corazón del macrismo e impugna un sistema que viene sustituyendo los procedimientos legales. Tendrá efectos expansivos. La Corte pone un poco de oxígeno al frenar el trasplante de jueces”, agregó. La ex presidenta volverá a pedir un sorteo manual, a la vieja usanza, y con testigos presentes.