Desde San Salvador de Jujuy
Milagro Sala escuchó los alegatos con la cabeza agachada hasta que comenzó a hablar la defensa. “Quince años atrás nuestro país estaba en Estado de Sitio sin lugar a dudas en las jornadas más dramáticas de nuestra democracia, que fue el precio que tuvo que pagar el estado argentino no cumplir con las garantías constitucionales”, dijo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. “Tristemente hoy este aniversario nos encuentra acá en este juicio vergonzoso, no por los funcionarios del debate, sino porque fue motivado por una manifiesta persecución dirigida por un funcionario público.”
Habían hablado hasta ese momento los abogados del gobernador Gerardo Morales, impulsor de la denuncia por una protesta de 2009. Pidieron ocho años de prisión para los tres acusados de este juicio, Milagro Sala, Graciela López y Gustavo Salvatierra por daños y amenazas, ambos agravadas. Había alegado la fiscalía, que pidió 3 años de prisión en suspenso para las dos mujeres y dos en suspenso para Salvatierra. La defensa de Milagro Sala comenzó a responder cada una de las acusaciones pasadas las diez de la noche, en un alegato que pidió el sobreseimiento de la dirigente de la Tupac Amaru. La defensora habló del derecho la protesta, inscribió los hechos en manifestaciones garantizadas por la constitución. Enumeró las leyes nacionales y los tratados internacionales que la respaldan. Y derribó una de las condiciones del agravante de la amenaza elaborada por la fiscalía, que consideró que la amenaza era mayor porque Morales era un funcionario público. Gómez Alcorta indicó que, justamente, las normas que recordó de memoria garantizaban a los ciudadanos la posibilidad de una interpelación.
“Con 33 años de democracia las acusadas de este juicio son presas políticas que se han situado y comportado de manera digna”, dijo Gómez Alcorta. Y agregó: “Me parece necesario, aunque no debiera hacerlo, decir que las defensas no desvirtuamos las imputaciones como señalaron los querellantes, sino que la acusación es la encargada de derribar el principio de inocencia del que goza mi defendida por las garantías de este país”.
Pese a que la pena pedida por la fiscalía fue de tres años en suspenso y no fue la máxima, expusieron el caso como si estuvieran a punto de pedir cadena perpetua. Hablaron de ataque. De organizaciones coordinadas y acciones sistemáticas. Y agravaron la evaluación de la responsabilidad porque se trataba de una dirigente social. No hablaron de los hechos, tal como dijo Gómez Alcorta, sino que hablaron de la organización, del autor, en términos penales, pero no de los hechos. Se refirieron a videos sobre protestas, declaraciones previas de Morales o el incidente con la Auditoría General de la Nación desvalorizado durante el debate por el propio ex titular del organismo, Leandro Despouy. De esa misma manera pidieron que se evalúe a Milagro ante la posibilidad de que se desvanezca en el aire el único testigo de prueba, Cochinillo Arellano, tal como sucedió cuando lo analizó la defensa. Todo esto “demuestra la influencia de Milagro Sala sobre la gente que estaba planificando el ataque a las autoridades nacionales el día del Consejo de Profesionales”,dijo Federico Surueta. Y agregó: que si bien aquel testigo hizo referencias a otras situaciones “creo que es suficientemente contundente para demostrar la presión que ejercía Milagro Sala sobre Arellano”.
Gómez Alcorta, que comenzó a hablar inmediatamente después, reprochó que hayan cambiado el hecho al ponerse a evaluar en esta instancia el incidente de la AGN, dado que debían haberlo adelantado en el debate para garantizar el derecho defensa. Y sobre Morales, la causa y la persecución sistemática, advirtió. “Llevamos siete años de un proceso penal con todos los costos que implica para el país y para el Estado y para mi defendida sin saber exactamente por qué. No hemos logrado ni siquiera durante el debate saber qué es lo que hizo exactamente cada uno. Qué se le imputan. Y en particular a Milagro”.
Recordó que también quedó claro que no estaba Milagro Sala el día del hecho en cuestión. Pero que Gerardo Morales se enojó. “Y se molestó, como dijeron varios testigos. Sabemos que desde ese momento en el que efectivamente le tiraron huevos, cuando se los arrojaba, no después, sino durante, él ya tenía a la responsable. Dijo que la responsable era Milagro Sala. Ni más ni menos por eso estamos nosotros acá y, como vamos a ver, él se creó una historia. No sólo sabía quiénes habían sido responsables, remarcó, cuáles eran las razones, ¡todo mientras estaban arrojando huevos! No solo denunció, sino que fue querellante. Y trajo los dos testigos que son la única prueba de cargo contra mi defendida en este juicio. Fue quién calificó. Fue quién apeló la prescripción. Fue quien recurrió la competencia. Morales también, como dijo mi defendida en la indagatoria, sentía rencor sobre su persona y desde entonces la persiguió”.
“Es una vergüenza este juicio para la justicia nacional”, lanzó Gómez Alcorta, “con el nivel de litigio de nuestro país y en esta provincia donde tienen prioridades absolutas como el hecho de que hay familiares y víctimas del terrorismo de Estado hace 40 años que esperan un juicio oral para ver a los responsables de los gravísimos hechos”.
La sala aplaudió. Intentó hacerlo. Hasta que el presidente del Tribunal Mario Juárez Almaráz, gritó:
–Ninguna expresión o desalojo la sala.
La abogada le reprochó al TOF hacer una audiencia por semana de tres horas por los crímenes de lesa humanidad y suspender el comienzo del juicio previsto por la Noche del Apagón. “Pero sí pudieron poner en agenda este juicio. No hay duda que este debate se debe a un capricho de un funcionario público que se obsesiona casi patológicamente con Milagro Sala”, afirmó.
A partir de entonces hubo silencio en la sala. Gómez Alcorta describió hechos. Valoró las pruebas. Los testimonios. Ni un solo testigo dijo que se tiraron piedras. Ni lo dijo la pericia, recordó. Negó la calidad de institución pública del Centro Profesional, una aspecto por que el que también la fiscalía agravó la figura de daño.
“Esta acusación está dirigida a criminalizar la protesta social a pesar que no les guste a las querellas”, dijo. “Morales pidió un informe sobre la Tupac Amaru en el Senado después de esta protesta y no antes, como dice él. Su decisión inquebrantable es un ataque a la libertad de expresión y de protesta reconocida en la Constitución Nacional. Es el único medio para que muchos de los sectores puedan ser escuchados”, señaló.
A la una de la mañana, el alegato continuaba. Faltaban las palabras de Milagro Sala y la sentencia.
