Francesca, una travesti que sufrió violencia institucional en la seccional 2ª, fue a hacer la denuncia en Fiscalía ayer, acompañada por organizaciones y compañeras trans. Luego, se reunieron con la fiscal especializada Karina Bartocci, quien se comprometió a acelerar la investigación. Francesca fue agredida el miércoles al mediodía, cuando iba al comedor trans que funciona en San Luis y Dorrego. Dos policías la insultaron, se burlaron de su identidad de género y finalmente la golpearon. Pese a que ella había sufrido la agresión, fue llevada a la comisaría, donde volvió a sufrir vejámenes: la trataron por el nombre de varón que no la identifica y quisieron obligarla a desnudarse delante de los agentes varones. Estuvo detenida hasta las 18. La situación se encauzó cuando intervino la dirigente trans Michelle Mendoza.
"Fuimos con la compañera Francesca a hacer la denuncia, las situaciones que sufrimos de violencia hacia las compañeras y en general, las situaciones no llegan a ningún puerto", lamentó Mendoza, quien pidió mayor eficiencia en la investigación. "Ninguna de la situaciones de violencia institucional que venimos acompañando, tiene sentencia firme o algo". La manifestación se dirigió luego a la Subsecretaría de Diversidad Sexual para entregar la misma denuncia. "Una cosa es la violencia por la policía y otra es la inacción del estado", subrayó Michelle.
Por su parte, la referente de Mala Junta-Patria Grande, Majo Gerez y el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade subrayaron "las violencias y discriminaciones que sufren a diario las integrantes de la comunidad trans". "Además, nos volvemos a comprometer a que se avance en el proyecto que presentamos a nivel provincial para que exista el cupo laboral trans en todo el territorio provincial", afirmaron.
Sobre la reunión con Bartocci, Gerez subrayó que "hubo un compromiso asumido por parte de la funcionaria de avanzar con celeridad en la causa. Además, se le exigió protección para Francesca, ya que son conocidas las metodologías de intimidación que se suelen aplicar en estas circunstancias. Entendemos que hay una responsabilidad por parte del Ministerio Público de la Acusación y la Subsecretaría de Diversidad de la Provincia".
