Las balas que usaron los asesinos de la concejal y dirigente social brasileña Mairelle Franco y su chofer Anderson Gomes pertenecían a la Policía Federal, lo que le agrega más fuerza a la hipótesis de que agentes de seguridad estén por detrás del ataque perpetrado el miércoles en Río de Janeiro, según fuentes de la investigación.
La conmoción nacional sobre la ejecución de la dirigente social negra de las favelas coincidió ayer con el primer mes de la intervención militar decretada por el presidente Michel Temer para que el Ejército se haga cargo de la seguridad pública y, por ende, maneje a la policía local. La revelación de que las balas asesinas de la dirigente del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL) tuvieron su origen en un desvío de la Policía Federal agrega más datos a la práctica tan conocida en Río de Janeiro de la corrupción policial mezclada con el crimen organizado, sea el narcotráfico, las milicias parapoliciales o los escuadrones de la muerte.
El nuevo dato fue determinado por fuentes de la Policía Civil (investigaciones) de Río de Janeiro, en base a los resultados de las pericias en los 14 balazos disparados contra el automóvil en el que viajaba la dirigente de 38 años. Las balas 9 mm, según informó el noticiero de la TV Globo, habían sido adquiridas en 2006 por la Policía Federal en Brasilia a la empresa de armamento CBC. El mismo lote fue utilizado en 2015 en la peor masacre registrada en Osasco, Gran San Pablo, cuando fueron asesinadas 17 personas en una noche en un barrio, en un caso marcado por la actuación de policías paulistas de civil que ejecutan a las personas que son investigados en forma oficial.
Miles de personas se manifestaron la noche del jueves en San Pablo y Río de Janeiro para pedir justicia y denunciar a la mafia policial por el hecho, debido a que la concejal Franco había acusado a un batallón de construir fosas comunes para ejecutar a jóvenes de las favelas. Al menos seis manifestaciones más fueron convocadas en otras seis ciudades de Brasil para repudiar el homicidio contra esta dirigente nacida en una favela, socióloga, dirigente afrodescendiente y la quinta concejal más votada en las elecciones municipales de 2016. Franco había sido miembro de la comisión parlamentaria contra las milicias parapoliciales en el Concejo Deliberante de Río y era la miembro informante de la comisión parlamentaria carioca sobre la intervención militar decretada por el presidente Michel Temer.
La intervención, que cumplió un mes ayer, fue para varios analistas desafiada por parte de los sicarios que mataron a Franco, una dirigente del movimiento negro, socióloga con orígenes en la favela de la Maré, y al activista Anderson Gomes, quien manejaba el auto en el que ella viajaba. Los cuerpos fueron sepultados ayer, en paralelo a las manifestaciones de repudio.
La fiscal general, Raquel Dodge, dijo que “el asesinato de políticos es un atentado a la democracia”. Temer había dicho, al poner al Ejército al frente de la seguridad pública de Río, en un doble comando con el gobernador Luiz Fernando Pezão, que su decisión fue una “jugada maestra”.
Ese ímpetu para poner una agenda de seguridad en un año electoral chocó con el asesinato de la concejal, al punto que Temer canceló una visita programada a Río para celebrar el primer mes de intervención con el general Walter Braga Netto, el interventor.
Los analistas se preguntaban si este homicidio y sus derivaciones políticos tendrían consecuencias de cara a la opinión pública sobre todo en la elección. Por lo pronto, quedó herida la imagen de los jueces federales, que tuvieron el primer plazo con la Operación Lava Jato durante cuatro años. Justamente mientras miles lloraban la muerte de la concejal, los jueces hicieron huelga el jueves para impedir que le quiten una ayuda para la vivienda de 1.200 dólares mensuales incluso cuando tengan residencia propia.
En las redes sociales, varios policías cuestionaron la solidaridad internacional con el caso de la concejal Franco, en una línea que coincide con el único pre-candidato presidencial que no condenó el hecho y se mantuvo en silencio, el ultraderechista Jair Bolsonaro, segundo en las encuestas y promotor de la llamada mano dura y acceso a las armas.
“Estamos todos perplejos para poder analizar lo que se viene, pero este asesinato es un divisor de aguas de la intervención militar en el estado”, dijo el presidente de la Orden de Abogados de Brasil en Río de Janeiro, Felipe Santa Cruz.
Según el titular de la entidad, famosa por denunciar las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, “hay dos caminos en Brasil: rearmar lo que llamamos democracia plena, donde funcionan las instituciones, o seguir el camino de otros países del continente, donde militantes son ejecutados en plena calle”. Para la investigadora de violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), Alba Zaluar, el homicidio fue un mensaje a las Fuerzas Armadas. “Con mucha audacia, este homicidio es una forma de intentar sabotear a la intervención, además de infundir temor en la gente. Eligieron una víctima para causar impacto y lo lograron”, dijo Zaluar.
Vinicius Torre Freire, columnista de Folha de Sao Paulo, apuntó en su columna similitudes con situaciones en Colombia y México, con políticos siendo masacrados en la vía pública. Al menos dos automóviles siguieron al que viajaba la concejal, su chofer y una asesora en la noche del miércoles por el centro de Río, cuando regresaban de una jornada sobre la lucha de las jóvenes negras.
