Un millón de habitantes más, torres en la zona sur de la ciudad y más metros cuadrados construidos son los principales objetivos del proyecto para un nuevo Código de Planeamiento Urbano que tiene el gobierno porteño en carpeta y que en los próximos días ingresará a la Legislatura.

Según los especialistas, la sensación es que el objetivo está lejos de buscar mejorar la calidad de vida de los porteños y de terminar con las inequidades ya existentes. Por el contrario, la ciudad será cada vez más expulsiva para la clase media y los hijos de la clase media porque aumentará el precio del suelo, los alquileres serán cada vez más caros, habrá más habitantes y eso empeorará la calidad de vida de los ciudadanos porque no se contemplan las cuestiones ambientales en ninguna de las 500 páginas del proyecto.

“El Nuevo Código Urbanístico viene a brindarle seguridad jurídica a las empresas”, asegura a PáginaI12 Jonatan Baldiviezo, presidente del  Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien además considera que el debate “es inoportuno porque primero se tendría que haber dado el debate sobre la actualización del Plan Urbano Ambiental, que es la ley madre de la planificación urbana de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual debe someterse el Código de Planeamiento Urbano o el Código Urbanístico”.

“Creemos que este Código Urbanístico si se trata de esta forma, si mantiene el contenido que tiene, genera un perjuicio grave a la ciudadanía. Primero porque no va a tratar los problemas que realmente tiene que abordar la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar porque va a consolidar la dirección que está tomando la ciudad, que es la de una ciudad muy centralizada. Y en tercer lugar, va a generar impactos ambientales y habitacionales muy fuertes, donde se va a aumentar la densidad de la población sin tener en cuenta la capacidad de carga de los barrios y de las comunas. La capacidad de carga es lo que los barrios o un sector de la ciudad puede soportar en relación a los servicios públicos y no hablamos únicamente de las redes de agua, cloacas y luz, sino también con todo lo que tiene que ver con educación, salud y espacios verdes. Ese tipo de interacción entre el aumento de la densidad de la población y la capacidad de carga de la ciudad es algo inexistente en el Código Urbanístico”, explicó Baldiviezo.

Según el gobierno porteño, la reforma apunta a “brindar un nuevo marco normativo a la gestión urbanística que respondería a las necesidades actuales de la ciudad. Y que este anteproyecto del Nuevo Código Urbanístico buscaría devolver la homogeneidad al ejido urbano de la ciudad, generar las condiciones para una mejor convivencia entre las distintas actividades,  y propondría una densidad poblacional adecuada”.

El proyecto que en breve se discutirá en la Legislatura ya generó duras críticas de los especialistas. Baldiviezo subrayó que “este Código Urbanístico vino a otorgar seguridad jurídica a las empresas, porque la Justicia ha venido encontrando aplicaciones ilegales del Código de Planeamiento Urbano o el tratamiento de permisos ilegales que se repiten de forma sistemática en muchos edificios de la ciudad, así que este Código, con la excusa de establecer un nuevo criterio, lo que viene a hacer es a salvar esas ilegalidades que la Justicia fue encontrando en los permisos que fueron otorgados por el gobierno”.

“Existe una celeridad por parte del gobierno para tratar este Código porque es un requisito que le están pidiendo desde las desarrolladoras inmobiliarias para invertir en la Ciudad a cambio de seguridad jurídica y más áreas para expandir el mercado inmobiliario. En definitiva, es un código que está orientado más a la especulación inmobiliaria que a garantizar y a resolver las problemáticas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y que ha generado tantos conflictos sociales y resistencias en estos últimos años”, argumentó.

Para Baldiviezo, además, una de las novedades que traería este código es la mixtura de usos, “que tampoco está regulada como para enfrentar los futuros conflictos sociales que eso va a generar en distintos lugares de la ciudad. Uno de ellos puede ser en los límites entre San Telmo y La Boca. Se han ido extendiendo las áreas gastronómicas en áreas residenciales, y eso genera conflictos sociales entre los habitantes previos y las actividades comerciales nuevas. La mixtura de usos que propone el gobierno va a extender estos conflictos en toda la Ciudad sin establecer criterios para solucionarlos, sin establecer evaluaciones de conflictos ambientales previas, sin establecer herramientas participativas para llegar a un acuerdo de un uso común o mixto de sector de la Ciudad entre actividades diversas. Ya sean comerciales, residenciales o industriales”.

La arquitecta y urbanista Daniela Szajnberg explicó a PáginaI12 que “lo que persigue esta reforma desde lo cosmético es la homogenización visual, pareciera que molestan las visuales de las medianeras y que haya edificaciones bajas al lado de edificaciones altas, esa imagen de la medianera carcomida, que no es más que proceso normal de la evolución de una ciudad”, y en ese sentido, agregó: “A nivel psicológico no sé cuánta gente podría soportar una visión tan igual y no me parece que se esté yendo para donde quiere que se vaya la población”.

Para Szajnberg, el proceso más expulsivo de la Ciudad se da por el aumento de impuestos territoriales y de los servicios. “Para algunos está siendo imposible pagar el ABL, lo que ha crecido es inabordable, van obligando a que la gente se mude o a lugares más pequeños o más alejados. El costo de mantener los impuestos está siendo bastante expulsivo”, aseguró.

Sobre la cantidad de metros cuadrados nuevos que permitiría construir el nuevo código por años y el nuevo millón de habitantes que pretende tenga la ciudad de buenos aires, la arquitecta explicó que “no hay un solo estudio serio con datos fehacientes sobre el estado y la capacidad de carga de las infraestructuras de la ciudad, pluviales, cloacales, de energía eléctrica, que por cierto fallan bastante en algunos barrios como Caballito. Que tiene problemas con todos estos servicios”.

“En el nuevo Código se deja en manos de las empresas, que en general están privatizadas, la definición de dar una certificación a la aprobación de los permisos de obra. O sea, el particular y su arquitecto tienen que ir girando empresa por empresa solicitando el sellado, le transfieren al sector privado y a las empresas de prestaciones de servicios, todas por separado, la aprobación  de dónde se puede edificar, dónde no, es una locura”, enfatizó.

El nuevo Código contempla áreas de desarrollo prioritario que son zonas con ciertos privilegios y que según la arquitecta, “simbolizan acuerdos implícitos entre el sector público con el sector privado, para que estos inviertan en esos lugares que el gobierno apunta a que crezcan, y que aparecen como objetivo en los códigos de planeamiento urbano”, y recuerda que en la década de los 90, por ejemplo, la zona de Puerto Madero fue un área de desarrollo prioritario.

“Este es un juego que lo juegan siempre los mismos”, agregó y señaló que “puede haber intereses particulares de los desarrolladores, porque la idea no es entrar en competencia con ellos mismos, ni entre las áreas de desarrollo”.

“Cuando ya Puerto Madero no tiene un lote más que vender, las empresas empiezan a pensar en otras áreas de desarrollo prioritario como las que aparecen en este nuevo código que están sobre los bordes de la ciudad, sobre el Riachuelo y sobre toda la avenida general Paz en el cruce con sus principales avenidas”, precisó.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también elaboró un informe en el que sostiene que el Nuevo Código Urbanístico no garantiza una ciudad justa y sostenible y que, por el contrario, de aprobarse tal como lo enviará en los próximos días el gobierno porteño, se verá deteriorada la calidad de vida de los vecinos en función de obtener más metros cuadrados construidos por año y más habitantes en la ciudad.