El nuevo intento de reabrir la causa por la muerte del coronel Argentino Larrabure como delito de lesa humanidad tendrá el miércoles una instancia decisiva, cuando la Cámara Federal trate el pedido de la pretendida querella. Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974, en una acción insurgente, y apareció muerto más de un año después. Ya en 2010 hubo una presentación similar, que la Cámara rechazó. La avanzada para dar anclaje institucional a la teoría de los dos demonios es repudiada por una amplia multisectorial que integran los organismos de derechos humanos y que convoca a una manifestación el miércoles, a las 9, en Entre Ríos 435.
"Representa el debate sobre un punto que estimábamos totalmente cerrado en la Argentina respecto de que no se puede calificar de delitos de lesa humanidad este tipo de hechos y por lo tanto prescribieron", explicó Pablo Llonto, quien junto a Gabriel Ganón representa a Luis Mattini (Juan Arnol Kremer), sobreviviente de la dictadura, a quien la pretendida querella quiere imputar como "autor mediato". "La importancia que tiene lo que ocurra el miércoles es fundamental, no sólo por la teoría de los dos demonios, sino para no alentar que se produzcan inicios de causas cuyo final nosotros suponemos que va a ser siempre el rechazo, pero que distrae a la justicia federal de su trabajo en las causas que sí son de lesa humanidad", agregó Llonto.
Sin asidero jurídico -pero sí político, a tono con el "clima de época"- la presentación soslaya que por esa causa hubo, entre 1975 y 1983, un proceso judicial que terminó en condenas. Y que varias de las personas sindicadas como responsables del secuestro de Larrabure fueron ejecutadas o desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por eso se recurre a la figura del "autor mediato".
"Quieren reinstalar la teoría de los dos demonios y no me parece casual que esto ocurra en la Cámara donde trabaja el primo hermano de Marcos Peña, Juan Cruz Peña Alvarez, que es relator del camarista Anibal Pineda", expresó Gabriel Ganón, quien junto a Pablo Llonto representan a Kremer. Pineda asumió como juez el año pasado. Además de Pineda, integran la Cámara Federal Fernando Barbará, Jorge Sebastian Gallino, José Toledo, Elida Isabel Vidal y Edgardo Adrian Bello.
En el informe elaborado por la defensa, se estipula que "por la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, ascendido a ese grado post mortem, hubo investigación, instrucción y también juicio y condenas entre los años 1975 y 1983". Las condenas iban de 8 a 15 años. Por tanto, un intento de reabrir la causa va contra el principio constitucional que impide juzgar dos veces por el mismo delito.
Pese a ello, en 2008 la fiscal Liliana Bettiolo solicitó que se reabra la causa y se investigue de qué manera murió Larrabure. Un dictamen del entonces Procurador Esteban Righi fue claro: las acciones insurgentes no constituyen delitos de lesa humanidad, que sólo puede ser cometido por el Estado o con anuencia de éste. Entonces, el juez federal Marcelo Bailaque rechazó el pedido de reapertura. La querella interpuso recurso de apelación ante la Cámara Federal de Rosario, y esta vez, el fiscal Claudio Palacín, opinó a favor de la querella y de la reapertura del caso. Fue el único fiscal que lo entendió así. En 2010, la Cámara rechazó el recurso de la querella, que ahora, pretende enjuiciar los hechos de la toma de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba, acción emprendida por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo el 10 de Agosto de 1974, seguida de la toma como prisionero de Argentino del Valle Larraburu. El 23 de agosto de 1975, apareció el cuerpo sin vida de Larrabure. Según escribió en Página 12, en 2009, el periodista, escritor e investigador Carlos Del Frade, hoy diputado provincial del Frente Social y Popular, en el expediente judicial original de la justicia federal no hay ninguna prueba de que Larrabure haya sido asesinado. Tampoco de que haya sido torturado o mal alimentado. Por el contrario, según los testimonios y la lectura del expediente realizada por Del Frade, se infiere que fue un suicidio.
"No nos encontramos ante un caso de delitos de lesa humanidad, ni de grave violaciones a los DDHH equiparable a la categoría anterior, conforme la doctrina y antecedentes de la Corte Suprema Nacional, de la Corte Interamericana de DDHH y de la Corte Penal Internacional", expresaron Ganón y Llonto.
Para los profesionales, este intento apunta también -entre otros motivos- a "llevar a juicio y a la cárcel, nuevamente como presos políticos, a muchos compañeros que formaron parte de las organizaciones revolucionarias, y que hoy en día son uno de los motores fundamentales en la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles, como también de la resistencia popular contra un poder que gobierna en perjuicio de las mayorías".
