El Centro de Estudios Legales y Sociales manifestó su "profunda preocupación frente al acto de censura" que sufrió la ONG venezolana Provea, que declinó recibir el Premio de Derechos Humanos Emilio Mignone luego de que el gobierno de Cambiemos le impidiera leer las palabras que había preparado para el acto porque contenían críticas a la gestión de Mauricio Macri. "Es inadmisible la incoherencia del gobierno argentino al disponer premiar a una organización de defensa de derechos y violar sus derechos en el mismo acto. Este desenlace tergiversa el sentido del Premio y lo pone en cuestión", advierte la carta del CELS al canciller Faurie, que también firman su director Gastón Chillier junto con Mercedes y Javier Mignone, hijos de Emilio.
En una carta al canciller Jorge Faurie, el organismo que preside Horacio Verbitsky coincidió con la organización venezolana en que ambos países "adolecen de graves fallas y debilidades tanto en la vigencia plena del Estado de Derecho como en la garantía efectiva de los derechos humanos", y consideró "inadmisible la incoherencia del gobierno argentino al disponer premiar a una organización de defensa de derechos y violar sus derechos en el mismo acto".
El Premio Mignone --fundador y primer presidente del CELS-- es una distinción que el gobierno argentino entrega desde 2007 a organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Su otorgamiento al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), propuesto por el CELS, representaba para el macrismo ratificar su adhesión a la campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro, pues se trata de una ONG crítica de esa gestión. Sin embargo, cuando tomó contacto con el documento que se iba a leer en el acto, que incluía pedidos de libertad inmediata de los presos políticos --empezando por la dirigente jujeña Milagro Sala y por el abogado y defensor de derechos humanos Marcelo Crovato--, Cancillería condicionó la entrega a que no se leyeran críticas al gobierno. "Mal puede una organización defensora de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, avalar una solicitud de esta naturaleza. Por dicha razón Provea informó a los funcionarios de la Cancillería que en tales circunstancias declinaba aceptar el premio", informó en un comunicado.
"En la actualidad tanto Argentina como Venezuela adolecen de graves fallas y debilidades tanto en la vigencia plena del Estado de Derecho como en la garantía efectiva de los derechos humanos", decía el documento que había escrito y que iba a leer el argentino Rául Cubas, cofundador de Provea y sobreviviente de la ESMA. "El autoritarismo de las gestiones gubernamentales, la falta de independencia de los poderes públicos, la impunidad estructural o el retroceso en el proceso de Verdad y Justicia, la existencia de decenas o centenares de presos políticos, la creciente represión a la protesta social, la aplicación de doctrinas de seguridad conocidas como 'gatillo fácil' o 'dispare primero y averigüe después' que victimiza a los jóvenes que viven en zonas populares, así como el crecimiento creciente de la pobreza, en ambos países, es una realidad que nos interpela", explicaba. Proponía que ambos estados "asuman inmediatamente sus obligaciones ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la OEA como la ONU, y liberen de forma inmediata los presos políticos", comenzando por Sala y Crovato.
Sobre la situación en Venezuela, que el macrismo pretendió visibilizar al elegir a Provea como destinataria del premio, el CELS llamó al gobierno argentino a "comprometerse en forma activa con una solución negociada para acompañar a dicho Estado en una salida soberana de la crisis, en el marco del estado de derecho y sin regresiones en materia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, que empeoren la situación de los más desprotegidos". "El apoyo que el gobierno argentino debe dar al pueblo venezolano es su compromiso con tal salida democrática y consensuada, en espacios multilaterales, y condenar la injerencia de Estados Unidos, en particular el uso de sanciones económicas y la amenaza de intervención militar que solo pueden empeorar la situación humanitaria, destacó.
El CELS recordó que la universalidad de los derechos humanos "es un principio básico del que nadie se puede sustraer", incluido el gobierno argentino, que al entregar el premio Mignone "adquiere un compromiso con la promoción y el respeto de los derechos humanos en nuestro país". Por último manifestó su deseo de que "en futuras ediciones del Premio se visibilicen situaciones de extrema gravedad como las que atraviesan Brasil y México y que el gobierno argentino recupere el liderazgo en la agenda de derechos humanos de la región".
