Un informe municipal reveló que en el primer bimestre de este año la cantidad de remises ilegales detectados y remitidos al corralón es cinco veces mayor que la registrada en el mismo período de 2017. El dato oficial lo atribuye a que la Secretaría de Control y Convivencia controla más y mejor, pero también insinúa un crecimiento de esa actividad de la economía informal, floreciente como método alternativo de obtención de ingresos cuando el empleo formal decae.
El director de Fiscalización de Transporte, Claudio Rosa, precisó que durante enero y febrero, 94 remises sin permiso fueron llevados al depósito municipal mientras que en esos mismos meses del año pasado la cifra había sido de 18. Este incremento también se evidencia cuando se cotejan los totales anuales de los últimos años: en 2016 se remitieron 108 vehículos y en 2017 fueron 267, es decir, más que el doble.
El funcionario señaló que los procedimientos se hacen junto con la policía, y se concentran en las zonas más frecuentadas, como la terminal de ómnibus Mariano Moreno, shoppings, hospitales y casino. Muchos de esos operativos se realizan mientras el vehículo traslada un pasajero.
La gran mayoría de los autos ilegales pertenece a remiserías clandestinas, muchas ubicadas en localidades del Gran Rosario. En caso de identificarse el local se da intervención a la Guardia Urbana Municipal (GUM), que se encarga de su clausura.
Rosa advirtió los riesgos que conlleva utilizar este tipo de servicio: "Se trata de unidades sin habilitación, que no cuentan con controles técnicos ni cobertura de seguro, y cuyos choferes no están registrados", indicó.
