![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Fernando-Krakowiak.png?itok=wbMGCcrR)
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de la localidad neuquina de Arroyito paralizó su producción a fines de mayo del año pasado y todavía no está claro cuando retomará la actividad. A mediados de 2016, el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, les había presentado a las autoridades de la empresa y a sus trabajadores un plan productivo a 18 años que iba de la mano de la construcción de la cuarta central nuclear, a la que le proveerían el agua pesada que necesita para funcionar. Sin embargo, luego de más de dos años de gobierno los contratos con China para avanzar con Atucha III siguen sin firmarse y la producción de agua pesada continúa interrumpida en un contexto de desfinanciamiento generalizado del sector nuclear. Este mes a los empleados de la planta comenzaron a pagarle el sueldo en cuotas y temen por el futuro de su fuente de trabajo.
PIAP es controlada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), una sociedad entre la provincia de Neuquén (51 por ciento) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (49 por ciento). Allí se produce el agua pesada que modera y refrigera la reacción nuclear en centrales atómicas que utilizan uranio natural. “Primero nos dijeron que no tenían el dinero para pagarnos los sueldos porque el Tesoro no lo había girado y luego aseguraron que había sido sólo una demora por un cambio en la metodología de envío de las partidas”, aseguró a PáginaI12, Osvaldo Niebas, secretario general de la seccional Arroyito de la Asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean). Por su parte, en el informe que presentó el miércoles ante el Congreso, el jefe de gabinete Marcos Peña sostuvo que “no es cierto que el Estado Nacional haya desistido de hacer aportes, ya que a través de la CNEA está tramitando los fondos para que la planta afronte sus gastos hasta que Nucleoeléctrica vuelva a comprar, lo que se estima ocurrirá durante el primer semestre 2018”.
PIAP interrumpió su producción en mayo del año pasado debido a una parada técnica e inicialmente se había prometido que retomaría la producción en agosto de 2017, pero eso no ocurrió por una combinación de factores entre los que sobresalen la falta de nuevos contratos y la escasez de recursos para operar. Desde entonces, las autoridades vienen corriendo el arco a la hora de prometer la puesta en funcionamiento de la planta.
Si hubiese comenzado la construcción de Atucha III, PIAP podría haberse asegurado un nuevo contrato y empezar a producir agua pesada con ese objetivo. No obstante, su futuro inmediato no sólo depende de lo que ocurra con la cuarta central. Embalse, Atucha I y Atucha II también requieren agua pesada para operar. El problema es que Embalse está fuera de servicio desde enero de 2016 porque se está trabajando en la extensión de su vida útil y tanto Atucha I como Atucha II se vienen manejando con un stock de agua pesada que les permite funcionar y no compran más por los problemas económicos que atraviesa Nucleoeléctrica, la firma encargada de operar las centrales.
PIAP igual podría ir produciendo agua pesada para cuando en el futuro le sea demandada por las tres centrales que ya operan en el país, pero en estos momentos no tiene los recursos para solventar esa producción debido a los cambios que introdujo el gobierno en el modo de gestionar las empresas del sector nuclear.
Mientras se producía el agua pesada para Atucha II, Nucleoeléctrica compraba el gas que luego usaba PIAP y pagaba una tarifa fuertemente subsidiada, que costaba cerca de 1,5 dólar el millón de BTU. Luego del cambio de gobierno, el Ministerio de Energía le ordenó a PIAP comprar su propio gas a precio de mercado y hoy lo paga en torno a 4,3 dólares el millón de BTU. Las compras de gas se licitan, pero, dadas las discontinuidades que tuvo la empresa, las grandes petroleras como Pan American, Total e YPF no le cotizaron. Entonces le compran a un broker llamado Saesa. Lo mismo ocurrió con la energía eléctrica. Durante el gobierno anterior, Nucleoléctrica y PIAP eran tomadas como un conjunto a efectos de cumplir el proyecto de puesta en marcha de Atucha II. Por lo tanto, Nucleoeléctrica le debía proveer la energía eléctrica a PIAP de su propia generación a un precio subsidiado. Ahora, en cambio, PIAP se la debe comprar a Cammesa a precio de mercado, convalidando los tarifazos de los últimos dos años.
La fuerte suba de costos se combinó con una caída de los recursos. El último contrato con Nucleoléctrica finalizó el 22 de febrero de 2017, fecha en que dejó de proveerle gas y energía eléctrica a PIAP. En ese momento, la subsecretaria de Energía Nuclear que conduce Gadano le indicó a PIAP que siguiera produciendo para incrementar su stock hasta fines de mayo, cuando realizó su parada técnica. Sin embargo, después Gadano no envió los fondos para que PIAP pudiese pagar las facturas de luz y gas y ordenó que cancelaran esas deudas vendiendo las 23 toneladas de agua pesada producidas entre febrero y mayo de 2017, pero ese stock quedó en la planta. Nucleoléctrica no tenía los fondos para poder pagarlo ya que el Ministerio de Energía no le autorizó a subir sus tarifas, comprometiendo el funcionamiento financiero de la compañía. Recién hace veinte días se publicó la resolución que le permitió a Nucleoeléctrica ajustar sus precios. ENSI también realizó una venta menor para el proyecto del reactor experimental RA10, pero la Comisión Nacional de Energía Atómica, a cargo de ese proyecto, tampoco pude hacer frente al pago porque los problemas de financiamiento se extienden a todo el sector.
“Antes, las empresas del sector nuclear como Dioxitek, Nucleoeléctrica y ENSI, eran gestionadas de un modo coordinado. Entonces todas tenían el flujo de fondos asegurado. Ahora se las separa, se les recorta el presupuesto y se le ordena a cada una que funcione con las ventas que genera, pero eso no es tan fácil. Los proyectos nucleares son grandes y requieren una coordinación centralizada”, aseguró a PáginaI12 Marcelo Garro, secretario gremial de la seccional Arroyito de Apcnean.
En el caso de ENSI, la falta de recursos provenientes de la venta de agua pesada forzó a la empresa a utilizar fondos de otras unidades de negocios que son los que corresponden a servicios de inspección, operación y mantenimiento en campos de gas que se le prestan, por ejemplo, a Total Austral y Pluspetrol. Son servicios que se fueron desarrollando en la década del 90 motivados justamente por interrupciones en la producción de agua pesada que se tuvieron que enfrentar entonces. El problema es que de ese modo se le resta recursos a las capacitaciones y compras de equipamiento previstas para prestar esos servicios.
El objetivo del gobierno es que las empresas del sector nuclear puedan reducir sus costos para ser más competitivas. En el caso de PIAP, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, le dijo a las autoridades que si la empresa no mejora sus precios podría importar el agua pesada de Rumania o la India. “El año pasado en algunas reuniones Aranguren aseguró que debemos estar en valores inferiores a los del mercado internacional, que es bastante restringido, básicamente se produce agua pesada en Rumania e India. En esas reuniones se habló de que se podía llegar a importar de Rumania a 650 dólares el kilogramo y acá con la energía a costo de mercado el año pasado estábamos a 1200 dólares el kilo y ahora con la devaluación cayó a 970 dólares”, destacó Garro a este diario.
En su presentación ante el Congreso, Peña aseguró que “se está trabajando en la optimización de la operación de la Planta de Agua Pesada por parte de la empresa ENSI, lo cual incluye modificaciones en su estructura de costos a efectos de optimizar su productividad”. “Hay muy pocas posibilidades de reducir el costo del agua pesada a 650 dólares el kilo, como dijo Aranguren que lo ofrece Rumania, porque la empresa de ese país está fuertemente subsidiada y acá los subsidios se están recortando”, concluyó Garro.
