Trabajadores de centros educativos y terapéuticos para personas con distintas discapacidades se movilizarán mañana hasta el Ministerio de Salud de la Nación para denunciar el “desfinanciamiento” de esas instituciones y exigir el pago de la cláusula gatillo, adeudada desde octubre del año pasado, que debería representar un aumento promedio del 8 por ciento. La protesta que afecta la atención de 100 mil niños y adultos en todo el país incluye también a los transportistas del sector, que marcharán con sus combis por el centro porteño.

La demanda, acompañada por organizaciones de familiares de niños, adolescentes y adultos que asisten a escuelas, hogares, centros terapéuticos y de rehabilitación, exige también un incremento de entre el 4 y 8 por ciento en las prestaciones retroactivo a enero de 2018 y la “regularización de los pagos de PAMI y las obras sociales”.

El porcentaje de los aranceles que el Estado debe actualizar a las mil instituciones afectadas está previsto en la paritaria del sindicato de Sanidad (FATSA) y debe compensar la diferencia entre el aumento acordado a principios de 2017 (hasta octubre del mismo año) y la inflación oficial, que de acuerdo con el Indec fue del 24,8 por ciento en 2017. 

No es la primera vez que estas entidades se movilizan ni tampoco la primera vez que el gobierno de Mauricio Macri golpea a uno de los sectores más vulnerables de la población, teniendo en cuenta el drástico recorte de 170 mil pensiones durante el primer año y medio de la alianza gobernante, que Desarrollo Social nunca restituyó en su totalidad.

La falta de aumento de los aranceles afecta tanto el pago de salarios a profesionales y no profesionales del sector, como a los dueños de combis que transportan a personas que no pueden viajar por sus propios medios en colectivos y que el año pasado afrontaron los continuos aumentos del combustible. La falta de fondos también trastoca el mantenimiento de los edificios, la compra de alimentos y de material pedagógico y pago de servicios y de las contirbuciones.

“Los aranceles quedaron congelados. Se había acordado trabajar en una comisión de costos para determinar los montos, pero creo que cuando (desde la administración estatal) vieron los costos de las instituciones, se asustaron”, sostuvo a Página/12 Julieta Blayer, vicepresidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FADIN).

Blayer reconoció además que la Agencia Nacional de Discapacidad dependiente de la cartera sanitaria “nunca nos cerró la puerta pero hasta ahora tampoco nos dio soluciones”. En su opinión, el cuello de botella al que llegaron las instituciones para personas con discapacidades “es parte de la política de ajuste en general” aplicado por la administración de Cambiemos a nivel nacional.

La pérdida de los ingresos en cada institución depende de las prestaciones que realice. Por eso, el reclamo no solo recae en la cartera que conduce Adolfo Rubinstein sino también en el PAMI y en las obras sociales que deben garantizar la cobertura de sus afiliados y sus familiares.

“Ningún gobierno se preocupó en serio por nosotros. Creo que se podría hacer una excepción porque estamos tratando con personas que el Estado no trata”, puntualizó la representante de FADIN, quien recordó que la única prestación que el Estado da a las personas con discapacidad es la sanitaria, a través de los hospitales públicos. No hay escuelas, hogares ni centros de día que brinden contención pedagógica o de rehabilitación públicos. 

A través de un comunicado, la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales (Aiepesa) subrayó que “el gobierno nacional no pude desfinanciar el sistema adeudando, como lo hace hoy, cinco meses de prestaciones en algunas área”. Esto, añade el texto, “agrava la problemática de este colectivo social”.

El reclamo se hará oír desde la mañana, cuando profesionales, familiares y choferes en las entidades que adhieran al reclamo se concentren a las 10,30 en el Ministerio de Salud, ubicado en 9 de Julio y Moreno, en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue hecha por el Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad que exige una mejor planificación de las políticas del sector.