El abogado de la AFIP, el radical Ricardo Gil Lavedra, y el fiscal de Cámara Germán Moldes anunciaron ayer que van a apelar la libertad de Cristóbal López y Fabián De Souza, así como el cambio de calificación. Flota en el aire la postura del presidente Mauricio Macri quien se indignó con la liberación de los empresarios, pese a que a sus empresas –en especial el Correo– se le puede atribuir una conducta semejante y nunca se dictó una prisión preventiva contra los integrantes del clan de la familia presidencial. 

Tradicionalmente las calificaciones no se pueden apelar y menos en éste caso en el que la apropiación indebida de tributos no es un delito más leve que la anterior carátula, fraude en perjuicio de la administración pública. Ambos delitos tienen una escala de pena de dos a seis años. Se dice que en el Ejecutivo hay una controversia sobre el grupo Indalo: Macri estaría a favor de forzar la quiebra, lo que pondría en riesgo los puestos de trabajo, a menos que López-De Souza acepten transferir los bienes a un grupo cercano al Ejecutivo. Otro sector del Gobierno estaría a favor de pactar un plan de pago y garantizar los puestos de trabajo. En el caso intervendría la Sala I de la Cámara de Casación, pero sin Carlos Mahiques, quien está excusado porque en las causas en las que se involucra a López-De Souza actúa su hijo como fiscal. 

Durante el fin de semana, la libertad de los dueños de Indalo se usó en el terreno político. Hasta el Presidente dijo que estaba indignado, sobre todo por el cambio de calificación. El mandatario se hizo el distraído con la referencia del camarista Jorge Ballestero, quien dijo que en expedientes muy voluminosos –mencionando sin mencionar al Correo de la familia Macri– también existían enormes deudas y no se utilizó como garantía la prisión preventiva. “Hay empresarios que tienen más suerte que Cristóbal López y De Souza”, fue el concepto del camarista. En el caso del Correo incluso quedó en claro que la familia Macri usó dinero de esa empresa, que tiene una deuda monumental con el Estado, para comprar acciones de la importadora de autos chinos Chery, también de la familia Macri. La fiscal Gabriela Boquin sostuvo que se trató de un vaciamiento. 

En ese marco de jugadas políticas, ayer se insistió en que la AFIP, a través de Gil Lavedra, y el fiscal Moldes, van a apelar el fallo de la Cámara. Los aspectos en juego son tres:

  • En primer lugar, la calificación, que se pretendió presentar como más leve. En Comodoro Py tradicionalmente las calificaciones no son apelables. Y en este caso no se trata de una calificación menor a la anterior. Es más, para el ex titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, la imputación es más grave.
  • Tampoco hay un tema de competencia porque ya la Casación dijo que el juez Julián Ercolini tiene amplias facultades, por lo que puede intervenir si la calificación es defraudación y también si es apropiación indebida de tributos. 
  • En cuanto a las libertades, el único que va a apelar es Moldes, pero la realidad es que en la instancia anterior, el fiscal no intervino, es decir que no se opuso. 

Por supuesto que los recursos deben presentarse inicialmente ante la propia Cámara Federal. La lógica es que sean rechazados y luego Gil Lavedra y Moldes irán en queja a la Casación. Como en Comodoro Py no rige ya ninguna normalidad, habrá que esperar. Respecto de la Casación, debe intervenir la Sala I, integrada por Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Carlos Mahiques. Sucede que éste último está excusado porque su hijo, Ignacio, es fiscal en causas vinculadas. De manera que intervendrá Eduardo Riggi, cuestionado por el escándalo de los sorteos.