La Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura analiza y deberá dictaminar sobre tres informes adversos, dos de ellos lapidarios, que diagnosticaron que el sistema de sorteos de causas judiciales es vulnerable, fácil de espiar, que ofrece posibilidades de “sesgar” resultados y carece de controles. Ayer se conoció el último reporte que recibieron los consejeros, que fue enviado en enero por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo de control del Poder Ejecutivo, señala que el mecanismo informático que se usa para asignar causas “presenta falencias” y, por ejemplo, se podría mirar el bolillero electrónico y anticipar el próximo sorteo. El Consejo le había encomendado una evaluación tanto a la Sigen como a la Auditoría General de la Nación y también mandó a hacer una auditoría interna, que resultó igualmente crítica. También existe una causa judicial que tramita la jueza María Servini de Cubría.

El Consejo quedó expuesto y se vio en la situación de tener que impulsar una investigación a raíz de un episodio sorprendente con el sorteo de un juzgado federal para la causa sobre la muerte de Alberto Nisman, que apenas mostró el nombre del juez Sebastián Casanello en la pantalla comenzó a marcar “error”. Los sorteos en primera instancia se hacen desde una computadora en la Cámara Federal, pero el centro de cómputos que lo ejecuta está en la calle Lavalle 1240. Es el Centro de Datos del Poder Judicial. En aquel caso, quedó  parado el proceso. Un ingeniero del organismo entró a la sala de máquinas y anuló el procedimiento, lo que habilitó que se hiciera de nuevo y le tocara al juez Julián Ercolini, uno de los jueces que más expedientes de corrupción recibió en los últimos cuatro años en el reparto de casos en Comodoro Py, aunque le gana Claudio Bonadio. El problema de la falta de transparencia y las llamativas falencias técnicas del sistema informático volvió a quedar en evidencia cuando el Tribunal Oral Federal 9 –conformado por jueces sin acuerdo del Senado que eligió a mayoría oficialista del Consejo– empezó a recibir las causas más resonantes vinculadas al kirchnerismo, desde la de Lázaro Báez por lavado (a la que se sumó la de la obra pública) y la del Memorándum con Irán, con Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada.  En el caso de los tribunales orales federales, el sorteo se hace desde la Cámara de Casación, que en una resolución de la semana pasada reconoció el problema y ordenó garantizar presencia de las partes siempre cuando se vaya a asignar una causa.

En la época del sorteo del caso Nisman se conocían también. Por esa época, además, los primeros resultados de la causa a cargo de Servini, donde los peritajes que encomendó también señalaban debilidades informáticas. El entonces presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, quien otra vez dirige el cuerpo este año, fue quien promovió acuerdos con la Sigen y la AGN para obtener una opinión externa.

El informe de la Sigen que recibió el Consejo advierte que el sistema utilizado tiene “falencias” y que conlleva “riesgo” ya que “determinados perfiles cuentan con la posibilidad de ver el estado de un bolillero (electrónico) en un momento dado, lo que permite contar con información para la predicción del resultado del próximo sorteo”. El procedimiento informático reparte al azar pero a la vez hace operar una compensación de acuerdo a la carga de trabajo (causas) que tengan los juzgados. De manera que, los que menos tienen se supone que son los que más causas reciben, algo que no siempre sucede. De los seis juzgados que entran al sorteo por quincena tres son que tienen chances de recibir expedientes. Esto da más posibilidades de prever un resultado, en especial para los usuarios que tienen acceso al sistema Lex100 que utiliza el Poder Judicial. Pero a la vez, según el organismo del Ejecutivo, también hay posibilidades de alterar el cronograma de turnos sin que eso deje rastros o pueda ser detectado. La sala donde están los servidores, según la Sigen, no es totalmente segura: hay puntos ciegos que escapan al circuito cerrado de cámaras y nada detecta, por ejemplo, si la puerta queda abierta.  

La AGN había dicho ya en diciembre algo similar: “el sistema presenta vulnerabilidades que resultan explotables para la eventual ejecución maliciosa, con riesgo para la confiabilidad y a confidencialidad de los datos”. También señalaba atajos para “sesgar” el resultado de un sorteo y la posibilidad de volver a sortear una causa en forma “indeterminada” sin que haga falta autorización. Decía que muchas personas tienen acceso al Lex 100, y a datos sensibles, y que es relativamente sencillo operar asumiendo el perfil de cualquier usuario. Las claves no son seguras y hasta se podría alterar un algoritmo en la programación.

Con la opinión de los organismos de control el Consejo hizo su propio informe. En el ínterin, en el organismo aseguran que ya se tomaron medidas mejorar los mecanismos. Hasta ahora no se vieron grandes resultados. Es un misterio que hará el organismo ahora.