El ex marino Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, podría salir de la cárcel. Así surge de un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que a días del 42 aniversario del último golpe de Estado lo incluyó en un nuevo listado de presos en condiciones de acceder a “medidas alternativas de prisión”. Entre los candidatos también figuran el ex agente de inteligencia Horacio Martínez Ruiz, represor del centro clandestino Automotores Orletti, y el apropiador, ex carapintada y golpeador de mujeres Víctor Gallo. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tomó distancia del posible beneficio al represor más emblemático del terrorismo de Estado. La decisión acerca de si Astiz puede irse a su casa con una pulsera electrónica está en manos de los jueces. Pero más allá de si esto se concreta o no, los organismos de derechos humanos tomaron la noticia, conocida a menos de una semana del Día de la Memoria, como una provocación.
El 31 de enero la dirección nacional del SPF envió a la justicia un listado de 1111 internos a quienes sugirió que se les permita acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado. La nómina incluía a 96 represores procesados o condenados por secuestros, torturas y asesinatos como Jorge “El Tigre” Acosta, Julio Simón (“Turco Julián”) o el ex capellán Cristian Von Wernich. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y otros organismos repudiaron entonces el intento de beneficiar a los genocidas con el pretexto de la superpoblación carcelaria y denunciaron que esa situación excepcional de colapso del SPF obedece a una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, por su parte, difundió un informe según el cual no cuenta con elementos para identificar los criterios de selección del SPF.
La última actualización de esa lista es del 8 de marzo y eleva a 1436 el número de “internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión”. Astiz, de 67 años y con cáncer de próstata, figura en la categoría “internos con enfermedades”. “Cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”, es la definición de la categoría en el informe del SPF de la que ahora pueden valerse sus defensores para pelear por su excarcelación. La semana pasada, de todas formas, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el beneficio de arresto domiciliario al que había accedido Miguel Etchecolatz porque consideraron que sus problemas de salud podían ser atendidos sin problema en establecimientos penitenciarios.
El Angel Rubio, icono de la cobardía tras infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo y rendirse sin pelear en la guerra de Malvinas, acumula tres condenas a prisión perpetua: en 2008, en ausencia, lo condenó la Corte de Apelaciones de Roma por casos de ciudadanos italianos vistos por última vez en la ESMA; en 2011 y 2017 hizo lo propio el Tribunal Oral Federal 5. Según el SPF, estaría en condiciones de acceder a la libertad vigilada en 2023 y a la libertad total en 2028.
Otros 16 represores figuran en la lista de “internos con enfermedades oncológicas”. Allí aparece Víctor Gallo, que antes de ser condenado por la apropiación de Francisco Madariaga (nacido durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo) estuvo preso por estafas financieras y por la masacre de Benavides. Jefe de una agencia de seguridad hasta el día de su detención, Gallo llegó a apuntarle con un revólver en la cabeza al joven a quien anotó como hijo propio después de golpear su mujer, que lo definió como un psicópata. Otros supuestos enfermos a quienes el SPF propone no tratar en hospitales penitenciarios sino otorgar la libertad condicional o el arresto domiciliario son “El Pájaro” Martínez Ruiz, condenado por crímenes en Orletti, Claudio Vallejos (ex GT 3.3 de la ESMA), Juan Carlos Jones Tamayo (imputado por “La Noche del Apagón”, detenido luego de tres años prófugo), Bernardo Cabezón (ex guardia de La Escuelita de Bahía Blanca) y Hugo Guallama, ex chofer de Miguel Etchecolatz.
“Ante las versiones periodísticas sobre la posibilidad de que se le otorgue prisión domiciliaria a Alfredo Astiz, expresamos una vez más nuestra posición institucional de oposición y rechazo”, se desmarcó Avruj vía Twitter. “Comprendemos que en todos los casos se trata de decisiones que son de exclusiva responsabilidad de la justicia. Pero apelamos a la racionalidad en el manejo de este beneficio, ya que la misma justicia, la historia y la sociedad ya le han dado a Astiz el lugar que se merece”, concluyó.
Más allá de la “recomendación” del Servicio Penitenciario, la mención de Astiz en esa lista fue interpretada como una provocación por los organismos de derechos humanos. “El Gobierno en la semana del 24 recomienda el arresto domicilio de Astiz. Es una provocación explicita”, aseguró el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla. “¿Por qué el Gobierno busca de forma permanente que los genocidas estén sueltos o en sus casas?”, preguntaron desde Hijos Capital. “Reducen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, despiden a trabajadores y trabajadoras de esas áreas, buscan impunidad para los genocidas. Es sistemático: son la continuidad del plan económico de Martínez de Hoz, con los mismos socios”, advirtió la agrupación. “Ha sido feroz, no se arrepiente, es un personaje siniestro y emblemático. Si sale de la cárcel sería un peligro”, dijo Estela Carlotto, titular de Abuelas.
