La denominada Ley de Financiamiento Productivo obtuvo ayer media sanción del Senado con 54 votos a favor y 10 en contra. El proyecto oficial, que modifica la Ley de Mercado de Capitales que impulsó el kirchnerismo en 2012, había sido aprobado en noviembre en Diputados, pero al recibir cambios en el Senado deberá volver a la Cámara baja. Los votos negativos provinieron del bloque del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y Alianza Unen. La iniciativa fue presentada como una herramienta para potenciar a las micro, pequeñas y medianas empresas a partir de la creación de instrumentos bursátiles de financiamiento, pero también deroga facultades que tiene la Comisión Nacional de Valores (CNV) para proteger a accionistas minoritarios, como la posibilidad de designar veedores en directorios de empresas cotizantes en Bolsa. “No estamos votando una ley para las pymes, sino que es una ley que está claramente destinada a acentuar el carácter financiero y de especulación del actual modelo económico. Estamos generando un festival de especulación, que no será gratis”, sentenció la senadora Cristina Fernández (Unidad Ciudadana) al fundamentar su rechazo a la iniciativa. 

El oficialismo reactivó el tratamiento de una ley que pretende desandar la última reforma del Mercado de Capitales, rebautizándolo dentro de un paquete de medidas con el título de Financiamiento Productivo. El primer paso fue ayer en el Senado, donde se discutió por espacio de más de cuatro horas. El texto del proyecto se compone de 219 artículos, de los cuales 26 están dedicados al financiamiento para el segmento pyme, mientras que el resto se focaliza en modificar aspectos relaciones con la regulación del sistema financiero. La primera parte contó con fuerte apoyo de la oposición, pero en el tratamiento en general hubo espacios que votaron en contra, como el de Unidad Ciudadana, por considerar que sólo permite aceitar un esquema de especulación financiera. 

En lo referente a las oportunidades para las pymes, el proyecto establece ciertas condiciones para que accedan al crédito bursátil, como la incorporación de las letras hipotecarias y la creación de la factura de crédito electrónica y su aceptación obligatoria a los treinta días de haber sido emitida. De esta manera, se iguala la factura electrónica a los conocidos cheques de pago diferido, los cuales tienen su mercado secundario. Entre los cambios que introdujo la oposición figura la forma de designación del presidente de la CNV. Según el proyecto aprobado en Diputados, el funcionario queda confirmado si el Senado no se expide después de 60 días de elevado el nombre del candidato por parte del Gobierno. La modificación elimina ese acuerdo, adoptándose el texto del artículo 7 de la Carta Orgánica del Banco Central. El otro cambio anula excepciones al pago de Ganancias para operaciones de compraventa de acciones, debido a que este punto se contradecía con la reforma tributaria. De está manera, esas operaciones quedan gravadas.

Con la media sanción en Senado quedó en firme la reducción de facultades de la CNV, al suprimirse los artículos 19 y 20, que daban poder de designación de veedores y veto en Directorios. “Fueron los artículos con más lobby en contra por parte de los grandes grupos económicos. Y fue el actual presidente quien presentó una cautelar para que no se aplicaran esos artículos, porque se iban a utilizar para intervenir empresas pese a que en dos años de Gobierno no se hizo uso de esos artículos”, recordó la ex presidenta Fernández. “Esta ley tiene como verdadero propósito la modificación a la Ley de Mercado de Capitales, en busca de empoderar a los mercados, en un proceso de clara desregulación y retroceso, muy parecida a la ley 17.811 de la dictadura de Onganía”, dijo a su turno la senadora por Santa Fe Angeles Sacnun (Alianza Frente para la Victoria). “Estos cambios en materia de regulación van a contramano de la tendencia global. No hace falta ningún cambio de fondo a la ley de mercado de capitales, mucho menos en línea de reducir facultades de supervisión, y perjudicar a los inversores favoreciendo solamente a las empresas”, agregó la legisladora santafesina. 

“Los principios generales de lo que se está planteando en esta ley es generar mayor fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de generar empleo”, aseguró el oficialista Esteban Bullrich. Desde la oposición se remarcó que las actuales condiciones del país complican la supervivencia de la pequeña y mediana empresa. Según cifras oficiales del Ministerio de Producción, entre el último trimestre de 2015 y el tercero del año pasado se destruyeron 4900 micro y pequeñas empresas. “La posibilidad de facilitar el financiamiento bursátil es un avance. Pero no resuelve de manera integral la situación que atraviesan las pymes, dado que el contexto económico de los últimos años les ha sido muy desfavorable”, agregó el pampeano Daniel Lovera (Alianza FpV). “¿Si un país no sirve como plataforma de exportación o de consumo y encima le pagan tasas del 27 por ciento, quien va a invertir? Se los puede tratar de llorones a los empresarios, pero no se les puede pedir nada de lo que ninguno de nosotros haría”, concluyó la senadora Fernández.