El Gobierno volvió a la carga con el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Los senadores del oficialismo, Ernesto Martínez, Luis Naidenoff y Angel Rozas, reclamaron ayer apurar el tratamiento del tema durante la reunión constitutiva de la comisión de Asuntos Constitucionales, lo que provocó la furia de su principal aliado parlamentario, el peronista Miguel Pichetto, quien los acusó de romper un acuerdo e “incurrir en la estupidez” para conseguir impacto mediático. El kirchnerista Marcelo Fuentes también salió al cruce del pedido de Cambiemos, denunció la “persecución política” llevada adelante por los jueces y les advirtió que “se está construyendo un monstruo que los va a devorar” también a ellos.
La comisión de Asuntos Constitucionales debía reunirse ayer con el único objetivo de elegir sus autoridades y disponer los días y horas de reunión. Eso era lo que habían acordado los representantes de Cambiemos y del interbloque Argentina Federal, conducido por Pichetto y cercano a la Casa Rosada. A propuesta del senador rionegrino se nombró al catamarqueño Dalmacio Mera como presidente, acompañado por la macrista Laura Rodríguez Machado como vice. Luego de establecerse como día de trabajo los miércoles a las 10 de la mañana, el cordobés Ernesto Martínez pidió que el miércoles siguiente ya se comenzaran a debatir los pedidos de desafuero pendientes. No hizo falta que la mencionara para que los senadores supieran que estaba reclamando debatir el desafuero de CFK, quien si bien no estuvo presente, es una de las integrantes de la comisión.
Con sutileza, Pichetto respondió pidiéndole a Mera que “se avoque a analizar los temas pendientes que tiene la comisión y analice los plazos que tiene para expedirse en cada una de esas cuestiones”. La ley de fueros establece que la comisión tiene 60 días para dictaminar una vez recibido el pedido desafuero y que el pleno de la Cámara tiene 180 días para tratarlo, tenga o no dictamen de la comisión. El pedido de Pichetto a Mera esconde un debate reglamentario de fondo. Algunos senadores sostienen que como el pedido de desafuero llegó al Senado el 7 de diciembre y la comisión no estaba constituída por el recambio legislativo, el giro del tema a la comisión debería comenzar a computarse desde su conformación, es decir, ayer. Para el oficialismo ésto no es así ya que las comisiones tienen un cuerpo administrativo permanente, que funcionaría por más que la Cámara esté en receso, no estén designados sus integrantes ni sus autoridades.
Más allá de esta cuestión reglamentaria, Fuentes hizo la defensa política de la líder de Unidad Ciudadana. El senador acusó al macrismo (sin mencionarlo) de utilizar prácticas de “demolición de la imagen” en complicidad con el Poder Judicial para manipular a la opinión pública.
“Cuando los magistrados exceden sus funciones y son herramientas de persecución política no hay garantía no sólo para los políticos sino para ningún ciudadano en la argentina”, remató.
